Del CPI
Pestilencia por excrementos y orina en la celda acumulada en algunos casos por hasta cinco días, apenas 15 minutos fuera de los barrotes para escoger entre bañarse o llamar a sus familiares, y solo dos botellas de agua al día. Esta ha sido la rutina de los pasados días principalmente en los complejos correccionales de Ponce y Guayama debido a la ausencia de agua y electricidad en la mayoría del país tras el paso de Fiona, según denunciaron cientos de familiares de confinados.
Aunque en las instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) hay cisternas, en algunas o no tienen agua o no funcionan las bombas por falta de presión, por lo que los confinados tienen que estar casi las 24 horas en su celda con el hedor de excremento debido a que no pueden bajar el sanitario, dijo al CPI Dallie Cruz Ruiz, presidenta de la organización Defensoría de los Derechos de los Confinados.
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“Están dejando a los confinados dentro de las celdas con el excremento ahí en las celdas, con ese olor. Ellos comiendo ahí con esa pestilencia porque no los quieren sacar de las celdas. Desde que pasó lo del huracán ellos indicaron que iba a haber un ‘lockdown’. Eso es trancar a toda la población. Nadie sale. Solamente se le dan los servicios básicos que son alimentos y servicios médicos para el que lo requiera”, relató Cruz Ruiz en entrevista con el CPI.
De acuerdo con la portavoz de la organización, los familiares de los confinados están conscientes de que todo Puerto Rico está pasando por un momento difícil, en su mayoría sin los servicios de agua potable ni energía eléctrica. No obstante, resaltó que las personas en la libre comunidad tienen la oportunidad de comprar alimentos y agua embotellada. Los confinados no. “No es que seamos inconscientes, pero contra, ¡no se prepararon!”, insistió.
Otra de las quejas es que por la falta de electricidad se les han reducido sustancialmente las porciones de alimentos. Además, se ha agravado la falta de acceso a los servicios médicos. Sostuvo que la mayor parte de las denuncias que ha recibido la organización provienen de los dos complejos al sur del país, pero también de otras instituciones que enfrentan dificultades parecidas.
“Antes que pasara la tormenta había deficiencias, pero estas con el pasar de la tormenta se incrementaron. Aunque la administración dice que todo está bien, las denuncias que hemos recibido son tantas… más de 100 diciendo lo mismo, que realmente causa indignación. ¿Usted se imagina recibir sobre 25 quejas sobre el mismo particular en menos de una hora?”, sostuvo Cruz Ruiz, quien envió el jueves una carta al gobernador, Pedro R. Pierluisi, y a la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón.
La carta, a la que tuvo acceso el CPI, dice: “Este reclamo, si ven, son derechos. Sí, derechos que son violentados. Siempre que hay crisis social lo más afectados es la población correccional. Porque se creen que allí no hay vida. Esto no es un capricho, esto es una urgencia que necesita nombrarse, atenderse y [deben] brindarse los servicios como corresponde”
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La Secretaria del DCR, que recibió copia de la carta enviada el miércoles al Gobernador, respondió a la Defensoría de los Derechos de los Confinados que su agencia le está ofreciendo los servicios que requieren los confinados aún en tiempos de emergencia, según pudo confirmar en las visitas que hace a las instituciones.
“Continúan suspendidas las visitas familiares hasta tanto se normalicen las condiciones generales en Puerto Rico. Siempre hemos sido enfáticos en brindar un trato digno a toda la población correccional. Todos los días nos aseguramos de que reciban los servicios que requieren y necesitan aún en tiempos de emergencia como lo hemos vivido en este huracán”, dice la comunicación de la funcionaria, con fecha del jueves, 22 de septiembre. Ese mismo día, la Secretaria asegura que visitó el Complejo Correccional de Guayama, y que la Guardia Nacional entregó un camión con 2,000 galones de agua allí.
En respuesta a esta carta, la organización le envió a Escobar Pabón copia de algunas de las quejas recibidas en las que se detallan que no les han permitido bañarse, y aseguran que fue una orden de la Secretaría no permitirles salir de las celdas, entre otras denuncias.
Corrección acepta algunos de los problemas
La Secretaria de Corrección aceptó al CPI que en los complejos correccionales de Ponce y Guayama se tuvo que implantar un racionamiento para extender la vida útil de las cisternas ya que estas habían bajado en capacidad de abastecimiento. Dijo que fue así por ser estas las áreas más afectadas tras el paso del evento atmosférico
“En el caso del Complejo Correccional de Ponce las cisternas almacenan 4 millones 650 mil galones de agua. Allí nosotros tenemos seis instituciones correccionales con alrededor 2,500 confinados y cerca de 800 empleados laborando. Hay cisternas soterradas y otras elevadas. Como parte del plan para que todos tuvieran agua tuvimos que entrar en racionamiento”, explicó Escobar Pabón.
Dijo que, en el caso del Complejo Correccional de Guayama, el DCR tiene una cisterna de 500 mil galones para las tres instituciones. Esta insistió que en ambos complejos ha sido poco más lento el proceso para normalizar el agua potable ya que no llega con toda la presión que se necesita para que las cisternas funcionen.
“Como las cisternas son de tanta capacidad, hasta que no están llenas no pueden ser utilizadas porque el mismo sistema como está diseñado no lo permite”, sostuvo la funcionaria. Dijo que mientras se llenan las cisternas, instruyó que solo se usen los camiones para suplir agua para las celdas de los confinados.
“Nosotros le estamos dando de dos a tres botellas de agua para que ellos puedan consumir diariamente”, confirmó la funcionaria. Escobar Pabón rechazó que se haya racionado la comida. Aseguró que se han servido tres comidas calientes cada día. Solo en el Campamento Zarzal hubo que servir comida fría debido a que la caldera de la cocina se dañó en lo que esta se reparaba. , algo que es permitido durante una emergencia según establecido en el caso Morales Feliciano.
Además de las cisternas, Escobar Pabón aseguró que todas las instituciones correccionales cuentan con generadores de electricidad, que totalizan 60.
Contrario a las denuncias de los familiares de los confinados, la funcionaria aseguró que se les proveyeron galones o drones de agua a los confinados para que pudieran descargar los inodoros de sus celdas. Rechazó que durante su visita el jueves 22 a las instituciones donde se denunciaron los problemas sanitarios haya notado algún hedor a excremento o a orina.
Dijo también que desconocía que solo les permitieran estar fuera de sus celdas unos 15 a 30 minutos al día, no obstante dio instrucciones de que se le permita salir de sus celdas para tomar los alimentos, durante una hora de recreación y una segunda hora para ducharse.
“Nadie me ha dicho con certeza, los superintendentes o comandantes de la guardia, que solo los sacaban 15 minutos. Y permítame decirle, 15 minutos no da para bañarse”, indicó tras señalar que sí se mantuvieron todo el tiempo en sus celdas durante el paso del huracán.
Hasta este viernes la funcionaria había visitado instituciones correccionales en Arecibo, Guayama, Ponce, Aguadilla y el Campamento el Zarzal en Río Grande. Escobar Pabón dijo que espera flexibilizar en los próximos días los planes de emergencia en las instituciones correccionales que estén energizadas, como es el caso de Guayama 500 y Guayama 296. De igual forma, a partir del lunes se podrían permitir las visitas de los familiares en las instituciones que tengan servicio de agua potable y energía eléctrica.
