La Cámara de Representantes aprobó ayer, viernes, una asignación de un millón de dólares ($1,000,000) a cada uno de los 78 municipios para que asistan en la recuperación de Puerto Rico y lleven ayuda directa a los más afectados tras el impacto del huracán Fiona el pasado domingo.
“Luego de ver de primera mano las consecuencias catastróficas del huracán Fiona en Puerto Rico, en la Cámara de Representantes hemos unido voluntades y en un esfuerzo fuera de líneas partidistas aprobamos $78 millones para ayuda directa a todos los damnificados mediante los municipios, quienes han sido la primera línea de respuesta ante esta emergencia”, indicó el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, en comunicado de prensa.
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En el comunicado, el líder cameral argumentó que “decenas de organizaciones sin fines de lucro no contarán con los recursos para auxiliar a las comunidades más devastadas por el paso de Fiona, ya que las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD) le votaron en contra a la resolución conjunta del Senado 300, que le asignaba $22.5 millones a estas entidades no gubernamentales”.
“Lamentamos que en un ejercicio de mezquindad política las delegaciones de minoría decidieran votarle en contra a darle recursos a las organizaciones sin fines de lucro que llevan ayuda directa a los ciudadanos más afectados por esta catástrofe”, sentenció Hernández Montañez.
El cuerpo legislativo también avaló la resolución de la Cámara 832, que le solicita al presidente Joe Biden que amplíe la Declaración de Desastre Mayor que emitió esta semana para que incluya los 78 ayuntamientos de la isla, disponiendo así mayores recursos del gobierno federal para combatir los estragos causados por Fiona.
“Es inconcebible que pueblos del suroeste como San Germán, Guánica, Lajas y Cabo Rojo, por donde entró el ojo del huracán, y otros aledaños a las cuencas de los ríos más caudalosos, como Loíza, no hayan sido incluidos en la Declaración de Desastre Mayor, por lo que hacemos un llamado urgente al gobierno local para que entregue la información necesaria a FEMA y que se pueda emitir esta determinación cuanto antes”, exigió Hernández Montañez.
Del mismo modo, se promulgó la declaración de un estado de emergencia por la falta de una estructura robusta para la distribución de combustible en Puerto Rico, y se ordenó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que priorice las áreas de mayor necesidad, como hospitales, centros de envejecientes, supermercados, torres de telecomunicaciones, farmacéuticas, entre otros, para suministrarles diésel.
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Asimismo, el líder legislativo cursó misivas a LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en las que les solicitó que, en un término de 24 horas, sometan el plan de trabajo certificado por municipio para restablecer el agua y la luz, la cantidad de brigadas y equipo asignado a esos fines y la fecha estimada en la que restablecerán ambos servicios esenciales. En el caso de la AAA, también se le requirió la logística para llevar generadores eléctricos y diésel a las plantas y bombas de agua potable.
“La falta de información certera y la ausencia de un plan de acción transparente disponible para el escrutinio público ha perpetuado un ambiente de incertidumbre y desasosiego que ha desestabilizado el desarrollo socioeconómico en estas localidades”, leen las cartas, firmadas también por el representante del Distrito 24 (Ponce), Ángel Fourquet Cordero, quien preside la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos.
Hernández Montañez informó que, desde el pasado lunes, la Cámara de Representantes, en coordinación con la Superintendencia del Capitolio, ha llevado más de 200 paletas de cajas de agua a todos los pueblos de la isla, a través de los 40 representantes de distrito, que han sido entregadas a los residentes de las comunidades más devastadas y que aún no cuentan con el servicio de agua potable.
“En la Cámara de Representantes no descansaremos hasta que cada persona tenga acceso a cuidados médicos de calidad, comida caliente, agua potable, servicio de luz estable y un techo seguro. Agotaremos todos nuestros recursos para asegurarnos de que la recuperación sea una rápida y efectiva, y que no se repita la misma incapacidad, negligencia y burocracia que vivimos luego del huracán María hace cinco años”, aseveró Hernández Montañez.
