Los residentes de Puerto Rico quedaron en un evidente rezago en la cantidad de fondos asignados y el tiempo en recibirlos, concluye un informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos al evaluar los esfuerzos de socorro y respuesta a los huracanes Harvey en Texas y María en Puerto Rico en el 2017.
Esta inequidad en la respuesta federal entre ambos desastres se hace más evidente si se compara que a los nueve días del azote de Harvey en Texas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó $141.8 millones en asistencia individual para las víctimas, mientras que a los nueve días del paso de María, esa agencia federal apenas aprobó $6.2 millones para las damnificados.
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“Desde la llegada a tierra hasta seis meses después, la respuesta al desastre de Harvey en Texas fue a mayor escala y más rápida que la respuesta a María en Puerto Rico, y la Comisión recibió testimonios de que la lentitud con que las agencias federales dieron la ayuda a Puerto Rico afectó significativamente la recuperación de los sobrevivientes”, sostiene el informe. Es la primera vez que la Comisión de Derechos Civiles de EE. UU. examina las implicaciones para los derechos civiles ante la respuesta federal a desastres.
Según el informe, los datos demuestran que el huracán María fue más fuerte y provocó más daños en la Isla que Harvey en Texas, de acuerdo con la medición que hicieran de la pérdida de electricidad y viviendas, además de estimados de los daños generales comparados con los de Harvey. “Un panelista brindó un testimonio indicando que ‘asumiendo que los costos de infraestructura son más altos en Texas… y por lo tanto más caros de reparar, en comparación con Puerto Rico, los altos estimados de daños en Puerto Rico enfatizaron la gravedad de los daños de la tormenta’”, reseña la Comisión.
La acción federal retrasada y débil en todos los ámbitos, en la que FEMA no tuvo la capacidad de abordar rápidamente las fallas en la infraestructura física y médica que enfrenta Puerto Rico provocó un número de muertos durante seis meses que superó al de Katrina.
La Comisión establece que el proceso de recuperación y mitigación debe centrarse en los sobrevivientes con las mayores necesidades, en particular las personas negras, los que tienen bajos ingresos, personas con discapacidades, inmigrantes, las comunidades LGBTQ y otras personas marginadas, así como tener disponible suficiente personal con fluidez en los idiomas que se hablan en las áreas afectadas.
“La pérdida de vidas tras los huracanes fue especialmente evidente entre los adultos mayores, personas con condiciones médicas y dependientes de electricidad”, dijo Norma V. Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de EE. UU. “También escuchamos a sobrevivientes y expertos que testificaron que la falta de electricidad e internet tuvo un impacto significativo en su capacidad para acceder a la asistencia y los programas federales de ayuda”, añadió.
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Cantú exhortó a las agencias federales a adoptar una política flexible para brindar ayuda a quienes la necesitan. Eso incluiría brindar acceso a la tecnología para abordar la brecha digital, pero también adoptar un proceso de solicitud en papel cuando los sobrevivientes no tienen acceso a electricidad o internet.
La Comisión recomendó que FEMA aclare los procesos para solicitar la asistencia debido a las limitaciones que trae la falta de energía eléctrica y acceso a internet. Esta ayuda debe incluir un portal más simplificado para la recepción de toda la asistencia federal por desastre y el desarrollo de un proceso para compartir datos entre todas las agencias de respuesta a nivel federal y local.
Arbitrariedades en la recuperación
No fue hasta septiembre de 2021, cuatro años después de la tragedia, que FEMA adaptó sus políticas para facilitar a los sobrevivientes de la catástrofe solicitar ayuda sin exigir los títulos de propiedad de las viviendas dañadas. Esto fue denunciado ampliamente por organizaciones sin fines de lucro y comunitarias desde el principio de la respuesta al desastre. “En todas las sesiones informativas de la Comisión, los expertos coincidieron en la necesidad de contar con unas directrices más claras para solicitar la ayuda y en que FEMA debería evitar los requisitos inflexibles y las interpretaciones rígidas de las normas”, lee el documento.
La Comisión recomienda una mayor colaboración entre las agencias federales, los gobiernos locales y las organizaciones de ayuda para trabajar de manera organizada y efectiva la respuesta a una emergencia. Los expertos en recuperación ante desastres afirman que el compromiso público con las partes interesadas debe comenzar con la planificación y respuesta ante emergencias y continuar hasta el cierre de los programas de recuperación y mitigación.
El informe agrega que FEMA debe brindar capacitación sobre discapacidades a todo el personal de los refugios, incluidos los trabajadores de registro, médicos y de seguridad, y ofrecer lenguaje de señas. La agencia debe trabajar con sus socios estatales y locales para encontrar y ubicar a las personas con discapacidades que pueden tener problemas para llegar a los refugios.
También debe garantizar que dichos refugios tengan electricidad para las personas dependientes de la electricidad. El documento explica que debe entenderse como dependientes de electricidad a personas que requieren de ventiladores y equipos médicos similares, pero también aquellas que necesitan refrigeración para sus medicamentos o tratamiento, como las personas con diabetes.
La Comisión indicó que FEMA debe contratar y capacitar a suficiente personal que domine con fluidez los idiomas que se hablan en las áreas de desastre y garantizar que la información y las solicitudes para todos los programas de asistencia estén disponibles y se puedan enviar en los idiomas necesarios.
El informe repasa los factores que pudieron afectar las evaluaciones de daños y la otorgación de recursos en la respuesta a los desastres ocurridos en Texas y Puerto Rico y los esfuerzos de las agencias federales para cumplir con la Ley Stafford y otras obligaciones de derechos civiles.
Como parte de los trabajos, la Comisión efectuó tres sesiones informativas, que incluyeron testimonios de funcionarios federales de la Oficina de Respuesta y Recuperación de FEMA, Inspectores Generales del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el presidente de la Asociación de Manejo de Emergencias de Texas, la Oficina General de Tierras de Texas, el secretario de Estado de Puerto Rico, Omar Marrero, y la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.
La Comisión también escuchó a líderes de defensa, expertos legales e investigadores en el campo, y se reunió con grupos comunitarios y partes interesadas gravemente afectados. El Centro de Periodismo investigativo depuso en las vistas.
La sesión informativa en Puerto Rico fue el 10 de diciembre de 2021 y participaron el Secretario de Estado, la exAlcaldesa de la capital, así como líderes de la comunidad, investigadores y expertos legales. Además, durante esa visita, la Comisión fue al Caño Martín Peña, en San Juan, y al municipio de Loíza, dos comunidades que sufrieron graves daños durante el paso de María, para escuchar, de primera mano, los relatos de los supervivientes del desastre sobre su experiencia con la respuesta a la emergencia y los esfuerzos de recuperación.
En ambos desastres, recayó en las organizaciones comunitarias locales ayudar a los afectados a comprender cómo completar la solicitud de asistencia por desastre y, con demasiada frecuencia, en asistirles en insistir en las ayudas denegadas a través de un proceso de apelación poco transparente, arbitrario y culturalmente mal informado sobre las comunidades a las que se suponía que FEMA ayudaría.
