El juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia emitió este viernes una sentencia ordenando al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y al Departamento de Hacienda (DH) entregar información sobre el uso de unos fondos especiales para la protección ambiental que pudieron ser transferidos para el pago de la deuda.
La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, una entidad no gubernamental, y El Puente Enlace Latino para la Acción Climática presentaron el pasado 1 de septiembre de 2022 un Recurso Especial de Acceso a la Información Pública en el Tribunal de Primera Instancia contra el DH y DRNA por la falta de respuesta a su solicitud de información sobre el estatus de unos fondos especiales para la conservación ambiental.
PUBLICIDAD
“El Puente Enlace para la Acción Climática y la Comisión Ciudadana se encuentran colaborando con miras a estudiar el impacto que el proceso de endeudamiento público de Puerto Rico, y las medidas de austeridad adoptadas durante los pasados 20 años, han tenido sobre la protección ambiental en Puerto Rico. Según señalado por organizaciones ambientales, el propio ex-secretario de DRNA, Rafael Machargo Maldonado, expresó que se estaría transfiriendo un sobrante de fondos especiales para la conservación ambiental hacia un fondo creado por la Junta de Control Fiscal para el pago a los bonistas. Esta información es crucial para entender cómo la crisis fiscal y el pago de la deuda tiene impacto en la conservación y protección de nuestros recursos naturales”, expresó Federico Cintrón Moscoso, portavoz del Puente para la Acción Climática.
“El Tribunal les dio a las dos agencias hasta ayer 15 de septiembre para contestar el porqué no se había entregado la información. Sin embargo, ninguna de las agencias contestaron en el periodo que estableció el Tribunal en continua violación a lo dispuesto en la Ley de Transparencia de Puerto Rico y al derecho constitucional del pueblo de Puerto Rico al acceso a la información pública. El Juez Cuevas anotó la rebeldía a las agencias y emitió sentencia dándoles el término final de diez (10) días para la entrega de la información solicitada representando una importante victoria y reconocimiento al derecho del pueblo a conocer el uso de sus fondos públicos”, expresó la Lcda. Eva Prados Rodríguez portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
Aquí puedes leer la orden:
