La lucha de la comunidad Ranchos Guayama en Salinas para que sean removidas de sus calles las miles de toneladas de cenizas tóxicas de carbón allí enterradas desde hace dieciséis años, logró un avance tras el compromiso de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés) de ayudar en conseguir los fondos necesarios para enviar los desechos industriales fuera de Puerto Rico.
El proyecto municipal para mitigar y reconstruir las maltrechas calles de Ranchos Guayama está detenido, pues, a pesar de que la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, aseguró inicialmente que había fondos suficientes para sacar y exportar las cenizas, finalmente no fue así.
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Se había informado a los residentes que se asignaron $8 millones para el proyecto en Ranchos Guayama. Sin embargo, la cantidad anunciada por el municipio en el letrero colocado en el área de construcción informaba que eran $5.5 millones. Recientemente el letrero fue removido por el municipio.
A pesar de no presentar una cotización oficial a la comunidad, la alcaldesa asegura que se necesitan entre $2.5 y $3 millones para transportar las cenizas fuera de Puerto Rico, tal como lo establece la Ley 5-2020.
Según José Cora Collazo, portavoz de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), este recibió una llamada de la directora de la División del Caribe de la EPA, Carmen Guerrero Pérez.
“El 29 de agosto recibí la llamada de Carmen Guerrero, para darme información sobre el proyecto de Ranchos Guayama, con respecto a la remoción de las cenizas. Ella me indicó que la EPA está ayudando al municipio de Salinas para que FEMA enmiende el proyecto de mitigación y reconstrucción de las calles, y que la agencia ayude con los fondos adicionales. Guerrero me aseguró que, de no ser así, la EPA estaría trabajando para ayudar a conseguir los fondos por medio de otras entidades. Esto, según ha ordenado el administrador de la EPA, Michael S. Reagan”, expresó José Cora, líder de la organización compuesta por vecinos de Ranchos Guayama.
El pasado 27 de julio, en coordinación con el Comité Diálogo Ambiental, Reagan visitó las comunidades de Miramar en Guayama y Ranchos Guayama en Salinas, donde pudo escuchar las desgarradoras historias sobre el impacto en la salud de la gente, debido a los tóxicos emitidos por la planta de AES Puerto Rico a través de su chimenea y las cenizas de carbón que producen.
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Esa misma semana, la EPA emitió un aviso de violación debido a las fallas de AES en cumplir con las regulaciones federales y estatales sobre las emisiones tóxicas.
“En Ranchos Guayama, el administrador de la EPA y todo su equipo de trabajo tuvieron la oportunidad de ver las cenizas tóxicas en las calles al descubierto. Además, hablaron con varios vecinos que tienen distintos problemas de salud, como asma y problemas en sus pulmones, por culpa de esas cenizas. Él se comprometió a dar seguimiento a este asunto y esperamos que cumpla su palabra de resolver lo de la remoción de las cenizas”, expresó Maridalys Nieves Rivera, líder de la comunidad.
Obstáculo municipal
Sin embargo, acciones de la propia administración municipal de Salinas, podrían obstaculizar el esfuerzo de la comunidad por sacar las cenizas de sus calles.
Según vecinos del área, la Sra. Arlene M. Figueroa Díaz, directora de la Oficina de Permisos de Salinas, bajo un puesto de Confianza de la alcaldesa, pidió por escrito la solicitud de unos cuantos residentes de dejar las cenizas tóxicas en las calles y poder embrear sobre estas.
En reuniones con la comunidad, la alcaldesa Bonilla Colón ha sostenido que esa no es una opción, porque se tendría que hacer cambios en el proyecto de mitigación y reconstrucción de las calles.
Pero, en una carta dirigida a todos los residentes de Ranchos Guayama, repartida el pasado 14 de septiembre, la alcaldesa informó que solicitó a FEMA y a la Oficina Estatal de Reconstrucción (COR3) “asistencia técnica para reevaluar el alcance y costos del proyecto”.
Ante el requerimiento que hiciera la directora de permisos a algunos residentes, no está claro si esa solicitud de la mandataria a FEMA y COR3 va dirigida a buscar los fondos para exportar las cenizas o para considerar el rediseño del proyecto y dejar los residuos de carbón en las calles.
“El proyecto de reconstrucción de las calles está detenido por la falta de transparencia de parte del municipio, y por el mal manejo del proyecto. La alcaldesa ahora mismo va en contra de todos los esfuerzos de la comunidad para que se resuelva el problema, cuando ya la EPA notificó que le va dar la ayuda para encontrar los fondos”, expresó José Cora.
Dispensa conflictiva
Otra gestión conflictiva que está pendiente es la dispensa solicitada por la alcaldesa al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para que se le permita depositar las cenizas extraídas de Ranchos Guayama en alguno de los vertederos de Peñuelas, Ponce o Humacao.
Organizaciones ambientales, y los alcaldes de Peñuelas y Ponce, se han expresado en contra de la intención de Karilyn Bonilla de transportar las cenizas tóxicas a sus pueblos. Las legislaturas municipales de ambos pueblos aprobaron proyectos de resolución prohibiendo que las cenizas sean llevadas a sus vertederos.
Además, la Ley 5-2020, el Reglamento para el Manejo de Residuos de Combustión de Carbón y la Orden Administrativa 2021-16 del DRNA, prohíben el depósito y disposición de las cenizas de carbón en cualquier parte de Puerto Rico, incluyendo los vertederos, y no se permite ningún tipo de dispensa al respecto. Legalmente la dispensa no procede.
Está por verse si la ambivalencia de Karilyn Bonilla, y las gestiones que realizan personas de su confianza del municipio para intervenir con las acciones de la comunidad, darán al traste o no con el esfuerzo de los residentes, y de la propia alcaldesa, de lograr obtener los fondos necesarios para sacar los desechos tóxicos de la empresa carbonera AES, que mantiene a los vecinos en un precario estado de salud.
