Aunque el desempeño de LUMA Energy como operador de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico no está a la altura de las expectativas y el contrato entre la empresa y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puede cancelarse tan pronto como el 30 de noviembre próximo, el escenario más práctico es lograr que el acuerdo funcione.
Así lo plantea la edición de septiembre del CNE Review, que incluye tanto un informe de Política Pública como un editorial que analiza en detalle el acuerdo de alianza público-privada entre el gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy centrándose principalmente en la situación actual y ofreciendo soluciones sobre cómo el gobierno puede proteger los intereses del pueblo puertorriqueño.
PUBLICIDAD
En la publicación, el director de Política Pública y autor, Sergio M. Marxuach, ofrece detalles sobre la situación energética y explica como en el caso del acuerdo entre LUMA y la AEE tras 15 meses de operación, está claro que el desempeño de LUMA no está a la altura de las expectativas.
Desempeño cuestionado
“Hasta ahora LUMA ha excedido su presupuesto; no ha cumplido con las métricas clave de rendimiento en cuanto a la duración y la frecuencia de los apagones; está atrasada en el cumplimiento de ciertos objetivos de mantenimiento (por ejemplo, el control del crecimiento de la vegetación alrededor de las líneas importantes); y ha mostrado poca evidencia de que esté logrando los ahorros que alegó que generaría con una administración más eficiente del sistema de transmisión y distribución. Por lo tanto, corresponde al gobierno de Puerto Rico defender los intereses del pueblo puertorriqueño”, lee el informe del CNE Review.
En relación al precio de la electricidad, el director de Política Pública explica que la flota de generación de la AEE, con la excepción de un puñado de unidades que han sido adaptadas para quemar gas natural, no ha sido modernizada. Sigue dependiendo mayormente del petróleo y el diésel para la generación de electricidad.
“Se puede cancelar”
Ante esa realidad, el informe concluye que el acuerdo se puede cancelar y que el contrato prevé varias formas para hacerlo. El CNE Review incluye tres escenarios, pero Marxuach concluye que “quizás el más sencillo, en términos legales, sería simplemente no solicitar la extensión del período interino de operación que finaliza el 30 de noviembre. El Acuerdo Suplementario actualmente en vigor establece la cancelación automática de ambos acuerdos (tanto el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (”Acuerdo de O&M”) como el Acuerdo Suplementario) en esa fecha, a menos que el gobierno de Puerto Rico solicite extender su efectividad.”
Sin embargo, Marxuach enfatiza que cada solución propuesta conlleva algunas consecuencias y en el caso del escenario anteriormente descrito, el vencimiento automático de los acuerdos desencadenaría una serie de eventos.
PUBLICIDAD
En primer lugar, dice el informe, la AEE tendría que pagar a LUMA una tarifa de cancelación de $115,000,000 en dólares de 2020, ajustados por inflación que al día de hoy no está presupuestada.
Segundo, el vencimiento de ambos acuerdos activaría el reloj de un periodo de transición que podría durar hasta doce meses y durante el cual LUMA terminaría sus operaciones y las transferiría a un operador sustituto. La AEE sería responsable también del pago de una tarifa de transición para cubrir el costo de las operaciones de LUMA durante este período.
“¿Cuál es el Plan B?”
“Más importante aún, el problema con este y cualquier otro escenario de cancelación, es que parece que no hay candidatos para ser el operador sustituto en caso de la cancelación. Es decir, parece que no hay un Plan B. ¿Quién se encargará entonces del sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico?”, cuestiona el informe
Además, “hay que tener en cuenta el impacto que la cancelación del Acuerdo de O&M pudiera tener ahora en el desembolso de los fondos de FEMA y CDBG-DR asignados para la reconstrucción de la red. Lo más probable es que ambas agencias decidan esperar a que se resuelvan los problemas legales y operativos para hacer los desembolsos. Esto significa que la reconstrucción de la red tardaría aún más que los 10 años previstos actualmente”, añade Marxuach.
Conviene hacer funcionar el acuerdo
Por lo tanto, concluye el análisis, parece que el escenario más práctico es lograr que el acuerdo entre la AEE y LUMA funcione.
Estas son las preguntas que hace y analiza el CNE Review:
¿Por qué LUMA ha sido incapaz de cumplir los objetivos básicos de rendimiento durante los últimos 15 meses? ¿Qué quiere y puede hacer el gobierno al respecto? ¿Qué consecuencias tiene la cancelación del Acuerdo de O&M? ¿Cuáles son las alternativas viables a LUMA?, es decir, ¿cuál es el Plan B?
En adelante, establece el análisis, la Autoridad P3 debe contratar a una firma independiente de ingenieros “de clase mundial sin conexiones comerciales o políticas con Puerto Rico”, para supervisar de manera tenaz e inquebrantable el desempeño de LUMA en relación a sus obligaciones bajo el acuerdo.
Marxuach concluye que “no hay soluciones fáciles para los problemas energéticos de Puerto Rico. Se necesitarán varios años de trabajo duro y consistente para reconstruir el sistema y reducir las tarifas energéticas. No hay atajos, ni respuestas fáciles, ni salidas directas. La única opción es trabajar hasta lograrlo. De lo contrario, nos enfrentamos al desagradable prospecto de más años de declive económico y estancamiento social que eso conlleva”.
