Para el presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago las expresiones del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia sobre la permanencia de LUMA Energy significa que retomó su rol como abogado de la empresa contratada para la transmisión y distribución energética.
”Después de 14 meses de defender a LUMA en contra de los mejores interés del pueblo, cuando vio que el país no aguantaba más, le envió un ultimátum a Luma (23 agosto) diciendo que se le estaba acabando la paciencia. Pero luego cambió de posición y dijo que Luma estaba en probatoria (29 agosto) y de repente hoy los defiende nuevamente diciendo que se quedan (hoy 13 septiembre). Pierluisi lleva 14 meses de abogado de esta empresa, defendiendo la incompetencia de esta compañía, que no solo pone en riesgo el sistema energético del país, sino que se pone en riesgo el desarrollo económico de Puerto Rico”, dijo Dalmau Santiago este martes en declaraciones escritas.
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Además, le hizo un llamado para que prepare una transición del operador del sistema de transmisión y distribución energética.
“Mi llamado al Gobernador es a que defienda a la gente y se prepare para una transición. Defender este contrato y a esta empresa, es darle la espalda una vez más a los puertorriqueños”, afirmó Dalmau Santiago.
Pierluisi Urrutia dijo en conferencia de prensa, que no importa el escenario, el consorcio de LUMA Energy seguirá operando el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica el primero de diciembre de 2022. El gobernador se refiere a la expiración del contrato suplementario del consorcio, que vence el 30 de noviembre.
“El primero de diciembre, no importa lo que suceda, LUMA va a estar rindiendo servicio en Puerto Rico”, dijo el gobernador. “Eso se estableció. Ese acuerdo se firma, cuando ya teníamos ese proceso en curso y con miras a que ya estaría culminado para el 30 de noviembre. El acuerdo expira el 30 de noviembre y si ese acuerdo expira por sus propios términos, entonces comienza a aplicar el contrato base, el contrato de 15 años de LUMA. Ese contrato no ha comenzado a aplicar en ciertas áreas porque así lo dispone el contrato suplementario o el acuerdo suplementario”, añadió.
“Lo que yo vislumbro es básicamente aquí hay 2 escenarios: un escenario, es que llegado el primero de diciembre, LUMA continúa rindiendo servicios, pero bajo el contrato base, conforme a los términos del contrato base, todos los términos, incluyendo los que se pusieron en suspenso o se modificaron por vía de ese acuerdo suplementario. Ese es un escenario. El otro escenario, es que LUMA opte por solicitar la cancelación del contrato, por qué no se cumplió una condición resolutoria que tiene el contrato base. La condición resolutoria es que se culmine el proceso de la quiebra el proceso del Título tres. LUMA tendrá la opción de decir, pues no vamos a continuar rindiendo servicios bajo el contrato. Si esa fuera su decisión, lo que sucede es que entonces inmediatamente entran en un proceso de transición y esa condición se incluye a solicitud de LUMA, porque obviamente le inquietaba la quiebra”, expuso.
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“Y si tuviéramos un proceso de transición, para que todos entiendan, cuánto duraría ese proceso de transición, pues el tiempo que le tomaría a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas llevar a cabo otro proceso de Alianza Público Privada para identificar, seleccionar y contratar a un sustituto para LUMA. LUMA se ocupa del sistema, se le pagan por sus servicios como se le pagó en transición antes de que asumiera control del sistema que fue el primero de junio del año pasado”, mencionó.
Según el gobernador, en esa alternativa, el costo por administrar el sistema eléctrico en lo que se consigue el sustituto sería mayor. Actualmente, LUMA cobra 115 millones según el contrato, pero si el consorcio (que el gobernador insistió es el único que puede decidir) decide cancelar el contrato, habría que pagarle entre 180 a 200 millones mientras dure la transición a un nuevo operador.
“Si caemos en una transición de esa naturaleza, las obras de transformación o de reconstrucción en la red se afectarían, se dilatarían, porque entonces no tendríamos nuevas obras de reconstrucción. Si acaso, lo que tendríamos es que culminen las que ya están en curso que eso tendría serias repercusiones para el sistema eléctrico en Puerto Rico. Algunos pues realmente a la ligera se ponen a hablar de cancelación y realmente no han analizado las consecuencias. Yo las tengo bien claras”, concluyó.
