“Cumpleaños infeliz”, coreaban diez manifestantes en la oficina del legislador Edgardo Feliciano Sánchez el pasado 26 de agosto. Llevaron globos y un bizcocho hueco, “como las promesas huecas”, según Sary Rosario, del grupo de organizaciones comunitarias, religiosas y ambientales que se oponen a la empresa New Fortress. Esta compañía construyó un terminal de gas natural (gas metano) en la Bahía de San Juan sin contar con los permisos, y tiene a la comunidad a ciegas respecto a la seguridad de sus operaciones.
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El grupo reclamaba a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes, que dirige Feliciano Sánchez, por no actuar sobre la Resolución de la Cámara 170. Hace un año aguardan porque esa comisión siente a deponer a Wes Edens, fundador y principal ejecutivo de New Fortress, para que explique cuáles son los riesgos ambientales y de seguridad.
La Resolución, presentada en enero de 2021 por legisladores de todas las delegaciones políticas, fue referida a esa comisión en agosto de 2021, y tuvo tres vistas oculares y una vista pública, según el trámite de la Oficina de Servicios Legislativos. La medida, que buscaba investigar la forma y manera en que fue construido el terminal de New Fortres, está estancada, sin ningún otro movimiento, desde hace un año.
“No queremos esperar a que pase un accidente”, dijo Myrna Conty, una de las líderes ambientales que participó de la manifestación. Sostuvo que los vecindarios costeros de San Juan, Cataño y Guaynabo, que se ubican cerca de New Fortress, viven en un estado de “angustia” por lo que pueda pasar. “New Fortress no tiene un plan de desalojo que le informe a la comunidad”, denunció. La oficina de Feliciano Sánchez, del Partido Popular Democrático, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que por el momento no haría comentarios. El legislador recibió al grupo de manifestantes en su oficina el 29 de agosto, pero la batuta la llevó su contratista Obed Rojas, quien dijo que no era posible que el ejecutivo de New Fortress depusiera, denunció Conty. Rojas es un asesor legislativo que tiene prohibido entrar al hemiciclo cameral y fue sancionado, por una intervención indebida en actividades de la Cámara de Representantes.
La narrativa de altos líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), como el exgobernador Ricardo Rosselló y, luego su sucesora, Wanda Vázquez, enalteció la contratación de New Fortress. Después del huracán María, que en 2017 destruyó la red eléctrica y causó uno de los apagones más largos de la historia, los funcionarios calificaron el contrato con la empresa como uno de los más importantes para Puerto Rico.
Se trataba de “una nueva realidad” para traer “ahorros sustanciales” y generar una energía más limpia, decía Rosselló. Por su parte José Ortiz, ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ensalzó el proyecto como “el primer paso, yo diría que casi un brinco, para la transformación del sistema eléctrico en Puerto Rico”, dijo en una conferencia de prensa en 2019.
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Sin embargo, más de tres años después, aún no se ha cumplido esa promesa, sino todo lo contrario. New Fortress enfrentó problemas con la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC en inglés), ya que no siguió el proceso de permisos de esa agencia, y la AEE sospecha que la empresa dejó de entregarle durante seis meses parte del gas para venderlo en otros mercados y obtener mejores ganancias.
Anuncio sorpresa con “bombos y platillos”
Mirando hacia las murallas del castillo El Morro, sentada frente a su hogar en la costa oeste de la bahía, en Cataño, Lissie Avilés comenzó a observar un desfile de cargueros de gas que nunca había visto, junto a cruceros y embarcaciones que cruzaban el horizonte. Aún siendo vecina de la Bahía de San Juan, nadie le había avisado a su comunidad sobre la actividad gasífera que se cocinaba al extremo sur del cuerpo de agua, a pesar del posible riesgo para residentes y comercios aledaños. Las instalaciones residenciales, comerciales e industriales localizadas a “distancias considerables” podrían afectarse por explosión, fuego y radiación termal en caso de accidente, y afectar especialmente al barrio Sabana de Guaynabo, sostuvo Jorge Colón, catedrático del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, durante una de las vistas públicas de la Resolución de la Cámara 170.
Los miembros de la comunidad supieron en marzo de 2019, tras una conferencia de prensa en la que el ex gobernador Ricardo Rosselló anunció “con bombos y platillos”, según lo percibió Avilés, que la empresa estadounidense New Fortress instalaría un centro de procesamiento y distribución de gas natural frente a la Central San Juan de la AEE.
“Nosotros comenzamos a levantar bandera de qué permisos tiene New Fortress, de qué fue lo que hicieron”, relató la vecina de Cataño. El grupo de organizaciones comunitarias y religiosas, en la que participa Avilés, le comunicó a la FERC que New Fortress no había solicitado los permisos para establecer su terminal de gas en San Juan, lo que provocó que esa agencia interviniera y determinara que, en efecto, tiene jurisdicción sobre las instalaciones ya construidas.
El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, en la capital federal, le dio la razón a la FERC en junio de este año y ahora la importadora de gas tiene que ajustarse al escrutinio de la agencia reguladora, que exige una declaración de impacto ambiental y explicaciones sobre la seguridad de las operaciones de New Fortress en Puerto Rico, explicó Pedro Saadé, uno de los abogados ambientales que, junto a Ruth Santiago, ha acompañado a los vecinos en sus reclamos legales.
“Para las comunidades, esto va a significar que ahora tendrán algún tipo de participación en este proceso”, dijo Saadé.
El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, dijo al CPI en una entrevista que no estaba satisfecho con la compañía. “Obviamente es muy desafortunado todo lo que está ocurriendo”.
Colón, acérrimo defensor del gas natural como puente para la transición a un sistema con fuentes renovables, heredó el tribulado proyecto de New Fortress de su antecesor, Ortiz. “Nosotros entendemos que New Fortress, al igual que cualquier entidad, tiene que cumplir con todas las reglamentaciones estatales y federales. De hecho, esa es la premisa de que ese terminal esté ahí. Y esa fue la representación que se le hizo a la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel entonces, cuando este proyecto comenzó”, sostuvo Colón.
El director ejecutivo de la AEE aseguró que tiene claros cuáles son los pasos a seguir ante la situación que enfrenta New Fortress con la FERC: “Si el proceso que va a iniciar [con la entidad federal] determina que ese terminal no puede operar según se le fue representado a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues nosotros iniciaremos a través de nuestra área legal el proceso para rescindir el contrato, porque nosotros no podemos tener un contrato con ninguna entidad que no está autorizada a operar aquí de manera legal. Es que esa es la consecuencia directa. No hay otra opción”.
Ahora New Fortress debe responder a la FERC preguntas fundamentales para las comunidades, comercios y actividades industriales aledañas: ¿Qué sucedería si ocurre un accidente? ¿A qué distancia llegará el fuego y la dispersión de gases? ¿Qué sectores se pueden afectar? New Fortress alegó confidencialidad sobre esos temas ante la FERC y la entidad federal aceptó no divulgar la información, por lo que esas respuestas no las conoce nadie, ni las comunidades que se podrían afectar.
“Estamos escasos de información de la que agarrarnos…Todo está a puerta cerrada”, denunció Hernaliz Vázquez Torres, una de las líderes del Sierra Club que fue a la legislatura a manifestarse y cantar cumpleaños. Lo poco que se sabe es que la FERC le pidió a New Fortress que le provea los documentos usados para su evaluación de riesgo, porque entiende que el modelaje utilizado subestima las consecuencias. Es decir, si ocurre un accidente, los efectos pueden ser mayores que lo que indica la empresa.
La Oficina de Gerencia de Permisos (Ogpe) aprobó la construcción sin una consulta de ubicación, sin vistas públicas y sin una Declaración de Impacto Ambiental, explicó Saadé. El CPI preguntó a la secretaria auxiliar de la OGPe, María Reina Cintrón, por qué la agencia aprobó el terminal sin el proceso requerido y si, luego de la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia revisará el permiso de New Fortress. La funcionaria alegó en declaraciones escritas que la consulta de ubicación y las vistas públicas no eran necesarias porque los predios de la empresa se encuentran en un distrito industrial pesado que así lo permite.
Según Cintrón,”todas las agencias participantes y con jurisdicción en el proceso de la evaluación de impactos ambientales” entendieron que el impacto podría evaluarse y discutirse a través de una Evaluación Ambiental, cumpliéndose así con todo los requisitos legales y reglamentarios, en lugar de una Declaración de Impacto Ambiental. La OGPe no tomará acción adicional, indicó, porque sigue las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que en 2020 concluyó que era injustificable un caso contra el proceso que se siguió para la construcción del terminal.
A raíz del riesgo que representa la operación gasífera, la Guardia Costera estableció en 2020 una zona de seguridad en la Bahía de San Juan, desde la boca hasta el extremo sur. Cuando entra cualquier barco cargando gas natural, no puede haber otro a media milla a su alrededor, lo que restringe momentáneamente la navegación y el movimiento de otros combustibles por la zona.
Estos problemas se habían previsto y la AEE lo sabía. La corporación pública comisionó un estudio, publicado en marzo de 2017, dos años antes de la llegada de New Fortress, que concluía que los costos y riesgos operacionales de construir instalaciones de gas licuado en San Juan eran bastante altos.
A New Fortress le falló la maniobra legal
La empresa matriz de la gasífera local es New Fortress Energy, inscrita en Delaware y que cotiza en bolsa bajo las siglas NFE. Esta explicó a sus inversionistas que había construido las instalaciones para que no cumplieran con la definición de la FERC de lo que es un terminal de gas natural licuado. De esta forma, hizo una interpretación legal para no regirse por la agencia reguladora cuando planificó su negocio en Puerto Rico, según se desprende del más reciente informe anual 10-k que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores federal.
Así es su negocio: trae a la Isla el combustible del extranjero, enfriado a menos 260 grados Fahrenheit para hacerlo líquido y reducir significativamente su volumen, lo que permite transportarlo a menor costo. Sus instalaciones en San Juan reciben el gas por medio de unas mangas que se conectan desde los cargueros Ineos Independence e Ineos Insight, que funcionan como unidades de almacenamiento y que a su vez se recargan de las embarcaciones Coral Encanto y Coral Energy.
Descarga el combustible en camiones, para distribuirlo a clientes industriales, y al mismo tiempo lo envía por tuberías a la Central San Juan de la AEE, que se ubica junto al muelle, según documentos ante la FERC.
La FERC contradijo a New Fortress al señalar que sus instalaciones sí se consideran propias de un terminal de gas natural porque cumplen con tres criterios que caracterizan a ese tipo de infraestructura. Primero, el equipo se usa exclusivamente para descargar gas importado a un estado o territorio de EE UU; segundo, las actividades se llevan a cabo contiguas al punto de importación, por medio de una manguera conectada a un tanquero; tercero, las instalaciones están conectadas a una planta de generación adyacente (por un tubo de 10 pulgadas de diámetro por 75 pies de largo). Estos son parte de los argumentos con los que FERC probó que tenía la razón ante el tribunal.
La decisión “significa un fracaso de New Fortress de evadir la jurisdicción y los procesos ante FERC”, dijo Saadé. Las consecuencias del caso tienen relevancia para todo EE UU y territorios, puesto que confirma la amplitud de la jurisdicción de la FERC y delimita lo que puede ser considerado una tubería de gas.
La determinación llegó en momentos en que los altos precios de los combustibles importados, como el diesel, han provocado un incremento importante en el monto de la factura eléctrica que pagan los consumidores.
Antes de la decisión, la AEE intentó defender el proyecto ante la FERC mediante sus representantes legales, el bufete King & Spalding. La corporación pública sostuvo que las instalaciones habían hecho posible reducir “significativamente” la dependencia del diésel, un combustible fósil contaminante. Entre los beneficios estaba lograr la confiabilidad de la red eléctrica y disminuir las emisiones de dióxido de azufre, por el que la región de San Juan es una zona de incumplimiento ambiental. Esa era la postura de la corporación pública bajo el liderato de Colón, en los días en que New Fortress comenzaba a incumplir con su responsabilidad de entregar el gas y a poner en riesgo la generación en la Central San Juan.
El abogado que representó a la AEE ante la FERC es James F. Bowe, quien aceptó en una vista ante el Negociado de Energía que el bufete King & Spalding tiene entre sus clientes a empresas que pertenecen a la matriz de New Fortress. Un asociado de ese bufete, Steve Kupka, dejó entrever en una comunicación la bonanza que vendría: “Habrá claramente muchas oportunidades para que los clientes de King & Spalding participen en la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, proyectos de LNG [gas natural licuado] y otras necesidades de energía renovable para la AEE”.
Kupka ha sido identificado como uno de los colaboradores de la campaña del ex gobernador Ricardo Rosselló, y se le vio en una foto con el ex mandatario en La Fortaleza en 2018, en la cual etiqueta al cabildero y exdirector de campaña de Rosselló, Elías Sánchez Sifonte, quien ya no ocupaba cargo público.
El abogado Brittain Rogers salió de King & Spalding en 2013 para trabajar en el grupo de empresas Fortress Investment Group, y en su trabajo con ese grupo corporativo inscribió en el Departamento de Estado de Puerto Rico a New Fortress, bajo el nombre NEFEnergía LLC.
Operación de New Fortress “en riesgo”
Desde antes y después de la decisión adversa en el tribunal, New Fortress ha reconocido en informes a sus inversionistas que el futuro de las operaciones en la Bahía de San Juan están en riesgo, debido a la posibilidad de que no puedan cumplir con los requisitos que imponga la FERC. El incumplimiento puede resultar en la suspensión de las operaciones, la imposición de multas y medidas remediativas, la cancelación de los permisos, así como potenciales penalidades administrativas, civiles y criminales, que pueden incrementar significativamente los gastos, según New Fortress.
“Pero en el in between, en lo que ese proceso se da, nuestra posición es que no se debe perjudicar a los ciudadanos residentes de Puerto Rico. Porque si se decide, por decirlo así, que el terminal tiene que cerrar o cesar operaciones, significa que nosotros tenemos que regresar a la utilización del diesel”, dijo el director ejecutivo de la AEE al CPI. Durante la entrevista, recordó que ese combustible cuesta el doble del gas natural, lo que asfixiaría más a los clientes de la AEE, que además de aumentos en la factura enfrentan la inflación. “A mi me gusta usar palabras que todo el mundo entienda. Va a ser violento lo que va a ocurrir”.
La crisis con New Fortress representó para la AEE un gasto de casi $27 millones
El Ineos Independence asomó la popa a la entrada de la Bahía de San Juan, navegó hasta el extremo sur del cuerpo de agua y ancló frente a la central de la AEE. La corporación pública esperaba que New Fortress reanudara la entrega de gas el 25 de marzo de 2022. Ya habían pasado cinco meses sin que suministrara el combustible prometido. A partir de ese día el gas solo llegaría de forma intermitente, y la AEE tuvo que esperar hasta el 25 de abril para que se normalizara la entrega.
Antes de la invasión rusa a Ucrania, que inició el 24 de febrero del 2022 y causó un disloque en la cadena global de suministros del gas, en Puerto Rico el problema ya había comenzado. New Fortress anunció que interrumpiría el servicio en octubre de 2021 sin los seis meses de anticipación que exige su contrato con la AEE. Dijo que haría reparaciones de emergencia en su terminal, lo que le impedía operar. El incumplimiento ponía en aprietos a la AEE, porque para producir energía en la Central San Juan ahora tendría que comprar más diesel.
“Nosotros le dijimos que no, que no podían hacer eso, que tenían que cumplir con el contrato”, contó Colón. New Fortress insistió en el cierre. “Nosotros les dijimos, ‘si lo haces, te vamos a cobrar’”. El cobro se refiere a una cláusula contractual que obliga a la compañía a reembolsar la diferencia del costo de diesel, tomando en cuenta lo que la AEE hubiera pagado si la compañía le hubiera suplido el gas. El incumplimiento ha representado hasta ahora $26.8 millones entre octubre de 2021 y abril de 2022, que la AEE le está reclamando a New Fortress.
El drama que se desarrolla en la Bahía de San Juan ilustra el mollero que ejercen ciertas compañías contratadas por la AEE, demuestra la necesidad de que esta establezca acuerdos más efectivos y además evidencia la falta de un Negociado de Energía que regule con agilidad y fuerza a los actores privados del sistema eléctrico. Los problemas de incumplimiento con New Fortress surgieron en momentos en que el gobierno federal planifica dragar la Bahía de San Juan, a un costo aproximado de $488 millones, precisamente para permitir el acceso de embarcaciones grandes que transporten gas natural.
New Fortress canceló el servicio a la AEE justo cuando se disparó el precio del gas en el mercado internacional, donde podía conseguir más dinero que el que le pagaba la corporación pública. Posteriormente, la multinacional española Naturgy, que tiene un contrato para entregar gas a la central de Costa Sur de la AEE, también interrumpió el suministro, por alegadas insuficiencias con su suplidor en Trinidad y Tobago.
El director ejecutivo de la AEE comenzó a sospechar que ambas compañías estaban dejando de venderlo a Puerto Rico para aprovechar los precios internacionales. “Y nosotros, ¿qué hicimos cuando vimos todos estos escenarios?, nosotros le escribimos a ambas compañías y les dijimos, ‘ven acá, ¿tú estás vendiendo el combustible de nosotros en otro lado?’. O sea, nosotros le hicimos aquí un face to face, por decirlo así, a los top ejecutivos de ellos”, aseguró Colón. “Y ellos aquí se reafirmaron en que no”.
El 25 de mayo, Crowley Maritime, una empresa estadounidense que ofrece servicios de transporte entre EE UU y Puerto Rico, inauguró en Peñuelas sus instalaciones de recibo y almacenamiento de gas natural para distribuirlo a clientes industriales. En los actos protocolares participó hasta el gobernador, Pedro Pierluisi, y la comisionada residente, Jenniffer González. Allí salió a relucir que el suplidor de gas para esa iniciativa es Naturgy, la misma empresa que al mismo tiempo decía no tener gas para cumplir con la AEE.
“Yo senté tres días después de eso a los oficiales de Naturgy aquí y les dije ‘eso no es aceptable para mí…Tú no puedes vender una onza a nadie desde ese terminal hasta que tú no me suplas mi cien por ciento’”, aseveró Colón. “‘¿Cómo es posible que tú consigas gas para eso y no consigas para mí?”. Según el funcionario, los ejecutivos de Naturgy de España le indicaron que no estaban de acuerdo con lo que decía. “‘Pero yo lo veo así. Y sabes que si tú haces eso te voy a demandar’”, añadió Colón. Una portavoz de Crowley aseguró al CPI que este nuevo negocio en Peñuelas continúa operando y que Naturgy sigue siendo su suplidor.
El informe anual de New Fortress detalla lo que hizo el año pasado con parte de los compromisos en Puerto Rico, Jamaica y Nicaragua. “Debido a este aumento significativo en los precios de gas natural licuado, hemos optimizado nuestro porfolio de suministro para vender una porción de esos cargamentos en el mercado, y esas ventas han impactado positivamente nuestros resultados para el tercer y cuarto trimestre de 2021″. Colón sostuvo que la empresa le argumentó que eso no significa que esté usando el gas de Puerto Rico para el mercado internacional.
El CPI solicitó una entrevista con el fundador y principal ejecutivo de New Fortress, desde principios de año, pero fue denegada. Tras pedir una reacción escrita, la empresa alegó que no pudo entregar el gas porque la Guardia Costanera le impedía operar mientras hacía obras de mantenimiento en su terminal, que comenzaron a fines de 2021 y culminaron en febrero de 2022. No obstante, aunque alegadamente ya había terminado las reparaciones, New Fortress siguió sin suplir el gas a la AEE hasta abril de este año, después de seis meses de incumplimiento, según se discutió en una reunión de la Junta de Gobierno de la AEE.
New Fortress no respondió cuáles son los riesgos específicos para la seguridad de las operaciones en San Juan, ni por qué solicitó a la FERC que la información sea confidencial.
Los problemas se fueron encadenando
Después de la conferencia de prensa de 2019, en la que el Gobierno puso la primera piedra del proyecto en San Juan, el terminal de New Fortress debía estar listo ese mismo año, pero comenzaron los retrasos. En 2020, New Fortress alegó que los terremotos causaron demoras adicionales, aunque en ese año comenzó a suplir a la Central de San Juan. En agosto de 2021, la construcción estaba prácticamente completada.
Debido al retraso, la AEE le pagaba desde 2019 a 2021 un total de $8.50 por MMBtu (costo por millones de unidades térmicas británicas) de gas natural, en lugar de los $7.50 que debía desembolsar cuando la construcción estuviera terminada. Aún con ese descuento, el negocio con New Fortress para energizar a la Central San Juan le sale caro a la AEE, si se compara con lo que paga a Naturgy para energizar a Costa Sur, a $5.75 por MMBtu, según un documento de la Junta de Gobierno de la corporación pública.
New Fortress goza de un decreto contributivo otorgado por el Gobierno, que le permite pagar una tasa de 4% de sus ganancias hasta 2035, según el informe anual de los inversionistas presentado en marzo. Los beneficios por ese decreto ascienden a casi $20,000 millones entre 2020 y 2021.
La AEE le indicó a New Fortress en noviembre de 2021 que estaba “sorprendida y desconcertada” porque se había “pasado de la raya”. No había relocalizado unas líneas que la AEE necesitaba para recibir Bunker C y diesel, algo que la empresa debía haber hecho para septiembre de 2021. Ahora la corporación pública no podía recibir ninguno de los dos combustibles importados de los que tanto depende para energizar la Central San Juan.
El incumplimiento causó que la AEE buscara una vía alterna para recibir el diesel. En ese momento había llegado a un acuerdo con la compañía tejana Novum para que fuera su nueva suplidora de diésel, pues lo ofrecía un 20% más barato que la anterior contratista, Puma. Colón creyó encontrar una solución a cinco minutos a pie de la Central de San Juan, en el nido de tuberías de color blanco, crema, ladrillo y plateado del Cataño Oil Dock, un muelle que usan cinco arrendatarios,y por donde pasa una línea que conecta con la Central San Juan.
El 22 de noviembre de 2021, la nueva suplidora de diésel, Novum, arribó con 120,000 barriles para inyectarlos a la tubería. Sin embargo, Puma se negó a cumplir con el protocolo de cerrar sus válvulas para crear la presión necesaria para que el combustible llegara a la central. La acción de PUMA puso en riesgo la generación de energía y la estabilidad del sistema eléctrico, porque la AEE tuvo que sacar de servicio las Unidades 5 y 6 de San Juan, indicó Colón en una vista en diciembre de 2021 ante el Tribunal de Primera Instancia. PUMA alegó que la corporación pública quería quitarle sus tuberías y válvulas para dárselas a su competidor (Novum), pero Colón indicó que PUMA en realidad deseaba más que una sola tajada del bizcocho.
“Cada vez que hacíamos una solicitud para una oferta dirigida a subsanar lo que estaba sucediendo, la respuesta de PUMA siempre ha sido para suministrar combustible a todas las facilidades” de la AEE, en lugar de la propuesta original de distribuir solo a la Central San Juan, explicó Colón.
El tribunal le ordenó finalmente a PUMA que permitiera el uso de las válvulas, por el daño que podía sufrir Puerto Rico al retornar a los apagones selectivos debido a la merma en la generación.
El proceder de New Fortress, Naturgy y Puma reflejan los problemas que enfrenta la AEE al seguir atada a combustibles fósiles importados.
Esa apuesta choca con la incertidumbre de que Puerto Rico pueda recibir gas en el futuro. Tras la invasión a Ucrania, la Unión Europea acordó con Washington abandonar el gas ruso y adquirir una tercera parte de su demanda en el mercado estadounidense, lo que limitó los abastos.
El 25 de marzo de este año, en una reunión de la Junta de Gobierno de la AEE, el estadounidense Charles E. Bayless, un académico retirado que fue ejecutivo de compañías eléctricas y que pertenece a esa Junta, recordó que las proyecciones apuntan a problemas para conseguir gas en el mercado internacional hasta por lo menos dentro de cinco años: “Hasta ese momento, habrá una escasez real de capacidad y, aunque estemos alto en la lista de prioridades, tenemos la amenaza de no conseguir gas natural o que el precio sea muy caro”.
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