NACIONES UNIDAS (AP) — El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba acusó al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden de actuar de forma inmoral, ilegítima e injusta al mantener a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, alegando que ha sido víctima de un terrorismo de Estado por parte de Washington durante más de 60 años.
Carlos Fernández de Cossío dijo en una entrevista con The Associated Press que mantener a Cuba en la lista negra del Departamento de Estado con Corea del Norte, Irán y Siria es “una manera fácil de castigar a Cuba con el objetivo general de tratar de hacer de Cuba lo que no es: hacer de Cuba un Estado fallido”.
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“Lamentablemente, Estados Unidos no paga ningún costo por hacer algo que es ilegítimo, insostenible e inmoral”, aseguró. “Incluso, hablando con funcionarios del gobierno, ellos no encuentran ninguna razón por la que Cuba deba estar en la lista. Afirman que es políticamente difícil para ellos”, dijo el funcionario en inglés.
Estados Unidos impuso un embargo económico a Cuba en 1960 luego de la revolución liderada por Fidel Castro y la nacionalización de propiedades pertenecientes a corporaciones y ciudadanos norteamericanos.
Sacar a Cuba de la lista negra había sido uno de los principales logros de la política exterior del entonces presidente Barack Obama en su búsqueda de mejorar las relaciones con la isla caribeña, un esfuerzo respaldado por Biden como su vicepresidente.
Días antes de que Biden asumiera como presidente, el gobierno del entonces presidente Donald Trump volvió a designar a Cuba como “estado patrocinador del terrorismo”, imponiendo nuevas sanciones. Durante su campaña, Biden prometió renovar las relaciones con la isla gobernada por comunistas, pero no ha dado ningún paso hacia esa dirección.
Fernández de Cossío dijo que el “pretexto” que dio el entonces secretario de Estado Mike Pompeo fue la presencia en Cuba de representantes del último grupo guerrillero de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional. Dijo que Cuba no los invitó, sino que respondió a una solicitud del gobierno colombiano para organizar conversaciones de paz con el grupo en La Habana.
