Del CPI
El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, habló a los trabajadores de la tierra congregados en la más reciente asamblea de la Asociación de Agricultores celebrada el pasado jueves en Arecibo. A unos pasos, en una mesa de exhibición, su hijo Ramón M. González Bennazar hacía gestiones de venta de equipos de la empresa Agro Power. Esa es la compañía de su padre, cuyos equipos se exhibían allí mismo, y que pueden adquirirse con subvenciones del programa federal Renacer Agrícola (Re-Grow, en inglés).
En agosto del 2021, Agro Power ganó $120 mil en ventas de equipo adquiridos por los agricultores a través de subvenciones del programa Re-Grow, según consta en información provista por el Departamento de la Vivienda, que supervisa esos fondos federales. En ese mismo mes, el Secretario participó y exhibió sus tractores en la asamblea anual de la Asociación de Agricultores, celebrada en Moca. El programa Re-Grow tiene el propósito de aumentar la seguridad alimentaria, así como mejorar y expandir la producción agrícola relacionada con la revitalización económica.
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González Beiró no considera que su presencia en esta y otras actividades agrícolas pueda compeler a los agricultores a comprar el equipo de la compañía de la que su esposa Mariliana Bennazar Torres y él son beneficiarios directos. Los equipos se exhiben y promueven en eventos a los que él asiste o que son auspiciados por el Departamento de Agricultura.
Para el titular de Agricultura, cualquier conflicto real o aparente fue resuelto con su inhibición en asuntos que la agencia tenga ante su consideración sobre sus empresas agrícolas: Agro Power Corp., AG Agro y Agriart LLC. Además, asegura que antes de juramentar creó un fideicomiso ciego, que es una estructura legal que se encarga del manejo de esas tres empresas sin que González Beiró tenga injerencia en la administración de las empresas mientras ocupe el cargo de secretario.
“Tengo una inhibición aprobada por [la Oficina de] Ética para no intervenir en ninguno de esos programas donde pudiera haber un ápice de que alguien pueda pensar que yo estoy influenciando a que compren un equipo u otro. Ese no soy yo. Eso no es la realidad”, dijo el Secretario al CPI, que lo entrevistó a pasos de donde se exhibían equipo y los tractores Zetor que vende su empresa.
“Yo soy la persona que dicta la política pública de la agricultura. Yo no otorgo incentivos. Yo no apruebo incentivos. Lo aprueban los equipos de trabajo del Departamento de Agricultura. Cada renglón tiene quien lo aprueba, tiene un comité que lo aprueba. En el caso del programa de inversiones, son tres que están por ley, por reglamentación, quienes son los que aprueban. El secretario no tiene injerencia”, justificó González Beiró.
La administración de las subvenciones del programa de Re-Grow fue uno de los asuntos que discutió el Secretario en la asamblea de los agricultores.
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“Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor están aquí para que yo les hable de la nube negra, verdad, de Re-Grow. Re-Grow ha sufrido unos cambios para bien, donde nosotros, con el Gobernador, estructuramos o nos permitió reestructurar lo que es el flujograma de los casos de Re-Grow”, dijo el Secretario en su mensaje a más de 100 agricultores congregados en el Club de Leones de Arecibo.
Aseguró que en la última semana de agosto comenzó un nuevo proceso, que eliminó pasos burocráticos, y que el Departamento de la Vivienda asignará “cada dólar que haga falta para asegurar que cada agricultor, que solicitó y que tiene derecho, va a cobrar”.
“Ahora la cualificación va a ser mucho más sencilla, pero todo eso toma trabajo, toma mucho esfuerzo. Tuvo que el Gobernador dar la orden ante nuestra petición. Yo pensé el día que se lo dije [al Gobernador], estaban [los funcionarios] Jorge Campos y Javier Lugo conmigo, que me botaba cuando yo le dije crudamente lo que estaba pasando con Re-Grow, pero enderezó el barco porque el Gobernador es un hombre de acción”, añadió sobre el programa que cerró su periodo de solicitud el 14 de abril.
Todo queda en familia
La familia González Bennazar viene de una larga tradición de agricultores. Los padres del Secretario también tienen empresas agrícolas, una de ellas, es González Agro, que fue administrada por él antes de su juramentación, según se desprende del informe positivo de la Comisión de Nombramientos del Senado que recomendó su confirmación.
“Todos estos agricultores son mis hermanos. Ninguno ni siquiera se atrevería a preguntarme a mí hoy aquí por un tractor, por una marca”, expresó González Beiró, quien está ligado a la Asociación de Agricultores desde 1995, y fue su presidente en dos ocasiones. “No me voy a poner a dañar una reputación de mi familia de más de 100 años haciendo agricultura en Puerto Rico para vender un tractor”, dijo.
Sin embargo, varios competidores que exhibían sus tractores en la Asamblea de Agricultores expresaron al CPI su malestar por considerar que había una competencia desleal, puesto que el Secretario tiene acceso a información interna de las subvenciones, decretos y agricultores que, según ellos, puede transmitir a Agro Power.
En diciembre del 2020, González Beiró constituyó un fideicomiso ciego al que transfirió sus acciones de las corporaciones y las de su esposa. El 100% de las acciones de Agro Power y de AG Agro, Inc. son de él y su esposa, quien es farmacéutica. Mientras que en Agriart LLC, tiene un 18% de participación, según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Agro Power fue registrada en septiembre de 2010 en el Departamento de Estado y desde entonces se dedica a la “compra y venta, renta, importación y exportación de equipos relacionados a la agricultura y la construcción”, según los documentos corporativos. González Beiró figuraba como presidente de la empresa hasta diciembre del 2020, y ahora permanece como agente residente de la corporación.
Sus dos hijos, Ramón M. González Bennazar y Manuel A. González Bennazar, también están en el negocio de la agricultura. De hecho, fueron nombrados presidente y secretario/ tesorero, respectivamente, de Agro Power.
Compras a Agro Power con subvenciones de Re-Grow
Con una asignación de $92 millones, Re-Grow es uno de los programas con fondos federales para la recuperación de desastres conocidos como CDBG-DR. En noviembre pasado, Vivienda firmó un acuerdo de $9 millones con el Departamento de Agricultura para que manejara Re-Grow. Antes, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación (FCTI) administraba el programa mediante un contrato de $30 millones.
Re-Grow otorga entre $25 mil y $150 mil a pequeñas y medianas empresas agrícolas para comprar o realizar actividades que fomenten la economía. El agricultor debe presentar una hoja de costos que incluye tres cotizaciones por cada artículo o trabajo solicitado.
En el Departamento de Agricultura, la persona encargada de firmar estas subvenciones es el subsecretario Jorge A. Campos Merced. González Beiró aseguró al CPI que desconoce a qué compañía le han comprado sus equipos los agricultores subvencionados. Según la inhibición aprobada por Ética Gubernamental, todo lo relacionado a sus empresas en el Departamento de Agricultura fue delegado al Subsecretario.
Tras el CPI solicitar el total de los contratos otorgados hasta julio de este año y sus respectivas hojas de costos, el Departamento de la Vivienda entregó copia de 174 acuerdos y 85 hojas de costos con tachaduras en los nombres de quienes recibieron el dinero, los pueblos en que se ubican y los nombres de los suplidores.
El CPI cursó una segunda solicitud a Vivienda para que proveyera la cantidad de contratos para comprar equipo y tractores de R&B Power, Rico Tractor, Agro Power y otras compañías. Vivienda entregó una lista preliminar con la identificación de 56 acuerdos y sus respectivos suplidores.
El nombre de Agro Power aparece cuatro veces en la lista preliminar de los suplidores que vendieron equipo a los subvencionados. En agosto pasado, Agro Power obtuvo $48,650 por la venta de un tractor y otros equipos. Ese mismo mes, vendió un tractor mediante el programa por $71 mil. En otras dos subvenciones, de $84 mil y $28,879, Agro Power aparece junto a Rico Tractor como suplidor, pero no se pudo identificar el total comprado a cada empresa por la información censurada en los acuerdos.
El CPI pudo identificar modelos de los tractores marca Zetor en otros dos acuerdos de subvención, así como en una hoja de costos, pero la venta final fue a otras compañías, según los datos provistos por el DV.
En el sitio en línea de la compañía en Estados Unidos que distribuye la marca Zetor, de fabricación checa, aparece Agro Power como el único concesionario de estos tractores en Puerto Rico. Agro Power vende además equipo como rastras, asperjadoras y abonadoras.
Los contratos de estas subvenciones no están registrados en la Oficina del Contralor.
Intervino para que Re-Grow pasara a Agricultura
Desde mayo del 2021, cuando los fondos eran administrados por el Fideicomiso para la Ciencia, pequeños agricultores denunciaron que las guías para solicitarlos no respondían a su realidad en Puerto Rico.
El Secretario de Agricultura criticó en octubre de 2021 que estos fondos fueran administrados por el Fideicomiso y aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi deseaba que Re-Grow pasara al DA. Ese mismo mes, la Asociación de Agricultores también recomendó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes que los fondos pasaran al DA.
González Beiró dijo al CPI que tuvo “varias reuniones con el Secretario de Vivienda”, William Rodríguez Rodríguez, para lograr la transferencia del programa Re-Grow a la agencia que lidera desde su nombramiento en enero del 2021.
El Secretario de la Vivienda dijo al CPI que 176 solicitudes estaban en proceso de otorgación al 21 de julio de este año, y 174 ya habían sido desembolsadas.
Ciego el fideicomiso
La Oficina de Ética Gubernamental dijo que no ve conflicto alguno en las ventas que hace Agro Power con subvenciones aprobadas a través del programa para agricultores Re-Grow, a pesar de que el Secretario de Agricultura funge como agente residente de esa empresa.
“En la medida en que el Secretario no intervenga en la toma de decisiones, ni violente el Fideicomiso [ciego], no interfiere con la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, contestó Ética al CPI en declaraciones escritas.
La Ley General de Corporaciones de Puerto Rico obliga a las corporaciones a mantener en Puerto Rico un agente residente, cuya oficina de negocios “deberá estar abierta durante horas laborables para recibir emplazamientos y realizar las funciones de un agente residente que debe estar en la misma oficina”.
Aunque no toma decisiones ni necesariamente está vinculado a las labores del día a día de la corporación, el agente residente recibe las cartas de emplazamientos, notificaciones y reclamaciones a la empresa, explicó el catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana, José Efraín Hernández Acevedo.
“Esta persona, al figurar como agente residente de una corporación que a la misma vez hace negocios con el Gobierno y con una agencia que dirige, sin duda parece que configura un conflicto de intereses”, opinó Hernández Acevedo, quien es profesor de administración pública y estudia el tema de la ética gubernamental.
“No se va a hacer un desdoblamiento entre esta figura del agente residente y el director de agencia y pasado dueño de esas corporaciones, que ahora se puso bajo un fideicomiso ciego, donde todo el mundo sabe que cuando termine su jornada en el Gobierno, pues regresará a éstas”, dijo el académico.
Una corporación es una ficción jurídica que “no tiene carne, ni pies, ni cabeza”, por eso se crea la figura del agente residente para que figure como representante de la corporación, explicó Hernandez Acevedo. “Al fin y al cabo está velando por los intereses de esa corporación, porque tiene que mantener informado a los directivos de todo lo que llega, de la información que llega a su poder, ya sea de demanda y de reclamaciones”.
El agente residente, al ser jefe de una agencia, tiene acceso a una información privilegiada que no tienen otros competidores de las compañías que están bajo este fideicomiso ciego, opinó Hernández Acevedo.
“Eso podría resultar en una ventaja indebida para esas corporaciones [competidores]. Y entonces ahí es que se configuraría el conflicto de intereses”, comentó el profesor.
En otras palabras, el agente residente — describió el abogado — es “el embajador” de una corporación.
“No hay que ser muy creativo para saber que una persona que dirige una agencia de gobierno, que sabe que van a llegar unos dineros federales para la compra de un equipo, ¿no le va a dar esa información o no va a buscar la manera de pasar esta información a esas compañías para las cuales ahora está sirviendo agente residente?”, cuestionó.
Según la OEG, un fideicomiso ciego es un “[c]ontrato obligatorio para el cual determinadas autoridades del Estado deberán enajenar todo o parte de sus bienes y delegar la administración de sus bienes y obligaciones con el objeto de precaver posibles conflictos de interés que afecten su función pública”.
La catedrática Ana Cristina Gómez Pérez, experta en el tema de fideicomisos y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, explicó que un fideicomiso ciego, por lo general, se les requiere a altos ejecutivos u oficiales gubernamentales, “cuya función es establecer la política pública o regular un mercado en el que tienen activos”.
Presidentes de Estados Unidos, como Jimmy Carter y George Bush, han creado fideicomisos ciegos. En Puerto Rico, el exgobernador Luis Fortuño constituyó uno; y cuando Juan Zaragoza fue nominado en 2014 a secretario del Departamento de Hacienda, la OEG le recomendó la creación de esta estructura legal para sus negocios.
“Mediante la creación de un fideicomiso ciego, el funcionario como constituyente mueve los activos para que un tercero los administre y el funcionario pueda tomar las decisiones de forma independiente y sin buscar que sus decisiones puedan beneficiar o influir directa o indirectamente sus bienes”, añadió Gómez Pérez.
La profesora Gómez Pérez explicó que en Puerto Rico no hay regulaciones específicas para los fideicomisos ciegos, cuando se le preguntó si un funcionario podía ocupar un rol en una corporación suya administrada por un fideicomiso ciego. “No existen prohibiciones ni disposiciones sobre las corporaciones o activos que hagan parte del fideicomiso”, abundó.
González Beiró nombró como administrador o fiduciario al agrónomo Juan Boris Corujo Orraca, quien no es su pariente y es delegado de la Federación de Vela de Puerto Rico, que preside el secretario de Agricultura. Ambos trabajan de forma voluntaria en esta organización deportiva.
“Tengo más de 20 años de amistad con él”, dijo Corujo Orraca, quien aseguró al CPI que tiene encuentros con González Beiró relacionados únicamente a asuntos de la Federación de Vela de Puerto Rico.
Para que el fideicomiso ciego cumpla con su fin, la OEG establece varios requisitos, entre ellos, que “no existirá comunicación alguna, directa o indirectamente, entre el fiduciario y el servidor público, a menos que sea por escrito y se refiera a la notificación al fiduciario sobre algún activo cuya posesión le sea prohibida por ley o reglamento.
No se acuerda de la renuncia
González Beiró permaneció como agente residente de Agro Power hasta el 3 de agosto del 2021 cuando renunció sin nombrar un sucesor. Tres meses después, el 1 de noviembre, volvió a ocupar estas funciones, según documentos en el Registro de Corporaciones. El 8 de noviembre, estampó su firma en el acuerdo con Vivienda para administrar el programa Re-Grow.
“¿Por qué renunció al rol de agente residente de Agro Power?”, preguntó el CPI al Secretario.
“No recuerdo haber renunciado”, contestó por escrito. Un certificado de enmienda del Departamento de Estado consigna la renuncia.
Un agente residente puede recibir una remuneración económica por sus funciones, pero el Secretario dijo al CPI que no cobra “nada” por ese rol en la corporación.
En el 2021, González Beiró obtuvo $166,824 en ingresos y salarios, compensaciones y otros ingresos, mientras que el 2020 fueron $81,550, según informes financieros sometidos a la OEG.
Al momento de esta publicación, no se reflejan en el Registro de Corporaciones los informes de estado de situación financiera de Agro Power correspondientes al 2020 y 2021, cuya prórroga para presentarlos vence en octubre. El último informe presentado fue en el 2019 con un total de $310,333 en capital.
El Departamento de Estado explicó al CPI que Agro Power fue cancelada en septiembre de 2021 debido a que no se nombró un agente residente en o antes de los 30 días siguientes a la renuncia de González Beiró, como establece la Ley General de Corporaciones. Igualmente, se anula la autoridad de la empresa para hacer negocios.
El 3 de noviembre del 2021, tras el regreso de González Beiró como agente residente, Agro Power fue restaurada como corporación.
“Es como si [la cancelación de la corporación] nunca hubiese ocurrido y las transacciones durante ese periodo son válidas”, dijo el catedrático Carlos Díaz Olivo, experto en asuntos de corporaciones y profesor de la Escuela de Derecho de la UPR.
“Jamás sería capaz de hacer algo como lo que usted implica”
El CPI le preguntó al Secretario que cómo espera que alguien crea que no comparte información privilegiada del Departamento de Agricultura con la Junta de Directores de Agro Power, cuyos miembros son sus hijos.
“En primer término, porque tenemos que creer que todavía queda gente y familias decentes en Puerto Rico, con principios y valores por generaciones. Toda mi vida he liderado a los agricultores de mi isla y hoy desde esta silla tengo la oportunidad de cambiar el rumbo de la agricultura puertorriqueña. Jamás sería capaz de hacer algo como lo que usted implica. Mis dos hijos son ejemplos de jóvenes dedicados a la tierra y estoy orgulloso de ellos”, contestó.
