El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, presentó un recurso legal para intervenir en la demanda radicada por la Junta de Control Fiscal que pretende impugnar la validez de la Reforma Laboral aprobada en la legislatura y firmada este año por el gobernador Pedro Pierluisi.
“Con nuestra intervención en esta demanda litigaremos en los méritos para evidenciar que la JCF miente con sus argumentos meramente filosóficos, y que se equivoca al intentar reglamentar un asunto concerniente al sector privado”, afirmó Hernández Montañez en declaraciones escritas.
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En su demanda, en la que solamente incluyeron al gobernador, por lo que la Cámara se vio obligada a solicitarle al tribunal intervenir en el pleito, la JCF argumenta que la entrada en vigor de la Ley 41-2022 sería perjudicial para la economía del país. Sin embargo, el organismo fiscal fundamenta esa posición utilizando una presentación de PowerPoint que no incluye datos empíricos sobre la condición económica de la isla.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres García, sostuvo que “la implementación de la Reforma Laboral no ha rendido los frutos que la JCF aseguró hace cinco años. La Reforma, impulsada por la administración del Partido Nuevo Progresista y la JCF, fue un experimento fallido”.
Asimismo, el presidente cameral señaló que la realidad económica del 2017, cuando se enmendó el estado de derecho laboral en la isla, es completamente distinta al panorama actual. “La JCF no puede establecer ni fundamentar su posición de que la Reforma haya impulsado el desarrollo económico, por lo que tampoco puede sostener que la implementación de la Ley 41-2022 tendrá el efecto contrario”, agregó el presidente cameral.
Torres García indicó que está confiado en que la postura de la Cámara prevalecerá, y añadió “que tal y como lo hicimos con la Ley de Retiro Digno, no descansaremos hasta agotar los últimos recursos y acudir a todos los foros pertinentes para defender la validez de esta Ley y garantizarle los derechos a todos los empleados y empleadas del sector privado”.
La Ley 41-2022 fue firmada el pasado 20 de junio, luego de 18 meses de diálogo y negociaciones entre todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa, y de innumerables vistas públicas en las que todas las partes interesadas tuvieron la oportunidad de participar y expresar sus posturas.
Hernández Montañez recordó que “en estos dieciocho meses, esta Cámara lideró el proceso de aprobar los primeros dos presupuestos balanceados en cinco años, que iniciaron el conteo regresivo para la salida de la JCF; reestructuró la deuda del gobierno central garantizando la prestación de los servicios esenciales, sin despedir a ningún empleado público, con cero recortes a las pensiones y con más fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios; creó la estructura legal para estabilizar las finanzas públicas; aprobó aumentos salariales para los maestros y policías, y aumentó el salario mínimo para hacerle justicia a los trabajadores del sector privado, entre muchas otras iniciativas”.
