La organización Kilómetro Cero publicó un video en el cual relata la historia de Christian, un joven de 19 años que alegan murió a manos de la Policía de San Juan el pasado mes de julio.
La madre y el padre de la víctima y la organización de derechos humanos hicieron un llamado al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emmanuelli, para que se haga justicia en este caso y se encamine una investigación criminal confiable y tome acción para combatir la impunidad policial.
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El pasado 15 de julio, la prensa daba cuenta de un motociclista que murió por una herida de bala tras una persecución de policías municipales de San Juan. El joven fue identificado cuatro días después de su muerte, en los medios de comunicación.
Su nombre era Christian José Rodríguez González, tenía 19 años, vivía en Hills Brothers con sus padres y hermanos y no tenía antecedentes penales.
José Rodríguez y Mónica González, padres de Christian José, relatan que el joven había salido a probar su motora, que acababa de ensamblar él mismo.
Christian no portaba arma de fuego. Llevaba un rifle de juguete que funciona con batería y dispara proyectiles plásticos. Se dirigía a jugar con unas amistades. Christian tenía varios trabajos y sentía pasión por las motoras.
Según la información preliminar que se proveyó en el momento el comisionado de la Policía de San Juan, José Juan García, agentes que patrullaban por la avenida 65 de Infantería vieron a un motociclista que alegadamente transitaba sin tablilla ni equipo de protección, y que alegadamente llevaba un arma larga visible en un bulto.
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Los agentes iniciaron una persecución en contra del joven y cuando éste dobló hacia la urbanización Villa Prades, presuntamente hizo un movimiento con una mano, según los policías, para desenfundar el arma y ahí los agentes automáticamente abrieron fuego disparándole. El joven cayó en el pavimento.
El video de un vecino del área donde Christian recibió el disparo revela que el joven de 19 años estuvo sobre once (11) minutos vivo en el pavimento sin recibir atención médica. El vecino pidió a los oficiales que le permitieran hacerle un torniquete al joven en lo que llegaba la ambulancia, pero estos se negaron, alegando que “no se puede mover”.
A Christian finalmente lo llevaron al Centro Médico de Río Piedras donde fue declarado muerto.
“Mi esposa y yo queremos que se haga justicia”, dice en el video José, el padre de Christian. “Que los responsables cumplan cárcel por lo que cometieron. No puedo quedarme con mi hijo sea una estadística más porque no fue un delincuente, fue un ser humano que necesitaba ayuda. Que el Estado pague por eso”, añade.
Los agentes municipales involucrados en la persecución fueron identificados en la prensa como Alberto Robles Concepción y Emanuel Ramos Pabón. Ni la Policía Municipal de San Juan ni la estatal divulgaron públicamente los nombres y números de placa de estos agentes. Tampoco han informado cuál de los dos disparó a Christian.
Según Kilómetro Cero, fuentes de la organización han revelado que las autoridades confirmaron que el supuesto rifle no era un arma de fuego real.
Del mismo modo denuncian que no se han presentado cargos contra los agentes responsables de esta muerte y la familia de Christian no ha recibido información alguna sobre qué fiscal, si alguno o alguna, está investigando el caso.
“En Puerto Rico existe una cultura de impunidad ante el exceso de uso de fuerza del Estado y el abuso policial. En una sociedad que aspira a llamarse democrática, esto es inaceptable”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
La directora de la organización hizo un llamado al Secretario de Justicia de Puerto Rico a disponer de los mejores recursos posibles para investigar la muerte de Christian a manos de dos policías municipales, así como los otros dos casos de menores de edad muertos este verano en intervenciones policiales.
Kilómetro Cero aboga por investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía y del Departamento de Seguridad Pública, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
“La impunidad de las policías en Puerto Rico sólo puede comenzar a combatirse si se presentan cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones”, dijo Mari Narváez.
Kilómetro Cero también promueve una reducción significativa de los roles actuales de la Policía y de su presupuesto operacional.
“La Policía de PR ha demostrado que, ni siquiera bajo reforma, es capaz de intervenir legal y adecuadamente con la ciudadanía, especialmente con los grupos más vulnerables. Sus esfuerzos deben concentrarse en las investigaciones criminales y esclarecimientos de casos y deben reducirse sus intervenciones con la ciudadanía. El aumento presupuestario de al menos 26% que se ha otorgado a la Policía desde la llegada de la Junta de Control Fiscal debe re-invertirse en el bienestar de nuestras comunidades más marginadas, lo que se considera una verdadera medida de prevención del crimen”.
Según la organización, este año, la policías en Puerto Rico ha provocado la muerte de 3 menores de 21 años: Obed García Beltrán, de 16 años, en el mes de mayo; Christian Rodríguez, de 19 años, en julio; y Javier Antonio Cordero Nevares, 16 años, en el mes de agosto.
Todos los años mueren uno o dos menores de edad por uso de fuerza policial. Sin embargo, desde el 2014 no se daban tres muertes de menores de edad en un solo año y todavía faltan 4 meses para que termine éste.
