En ocasión de la conmemoración del Día del Trabajo, la delegación legislativa del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunció hoy que estudia intervenir como ‘amiga de la corte’ en el pleito radicado por la Junta de Control Fiscal para intentar dejar sin efecto la Ley 41 de 2022, la cual derogó elementos de la Reforma Laboral de 2017 y restituyó derechos a la clase trabajadora.
“La demanda presentada por la Junta, además de ser un insulto más al pueblo de Puerto Rico y a la labor legislativa, interfiere indebidamente en aspectos de reglamentación laboral donde no hay fondos públicos envueltos. El que la Junta no quiera que se le devuelvan derechos a las personas empleadas en el sector privado muestra una vez más su rostro dictatorial y antidemocrático. Pretende ‘sustituir’ la función legislativa y decirnos lo que se puede y no se puede legislar. Es inaceptable”, expresó la senadora Ana Irma Rivera Lassén, portavoz en el Senado del MVC y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales que ha trabajado intensamente esta legislación..
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“La Junta quiere imponer su visión de que el empleo, o la manera en que se va a desarrollar la economía, es a base de explotar la mano de obra; una visión económica y política que aplasta al pueblo y no reconoce el derecho a un trabajo digno y unas condiciones de empleo dignas. Repito, es inaceptable”, añadió.
De igual forma, el representante y portavoz alterno, José Bernardo Márquez planteó que “la acción de la Junta no tiene base legal ni económica”.
“Lo que refleja es una obsesión de perjudicar a la clase trabajadora con tal de imponer una agenda fracasada de austeridad. Representa un ataque frontal a nuestros poderes legislativos y, por supuesto, a las condiciones laborales de miles de personas, particularmente jóvenes. A partir de 2017, tenemos a una juventud adentrándose al mundo laboral en condiciones laborales significativamente peores que generaciones anteriores. Eso, por definición, no es progreso, sino retroceso. Nada en la Ley PROMESA faculta a la Junta a interferir con este tipo de decisiones de política pública y así lo queremos hacer constar ante el tribunal federal”, expresó en declaraciones escritas.
En la demanda presentada la Junta sostiene que la Ley 41-2022 fue aprobada sin el análisis y el estudio necesario para confirmar que la derogación de ciertos elementos de la Ley 4-2017 no tendrá un impacto significativo en los recaudos del gobierno. Sin embargo, para la delegación del MVC fue la de 2017 la aprobada sin ningún tipo de estudio ni métrica.
Sostienen que al día de hoy tampoco hay disponible ningún análisis que valide su éxito. Por el contrario, se sostienen en que ha creado un estado laboral crítico que ha agudizado la crisis fiscal, económica y social que lleva atravesando el país hace años. Por eso, ante la preocupación de que la recién aprobada ley sea anulada, y el precedente que eso pudiera crear respecto a los poderes que se ha adjudicado la Junta, la delegación del MVC estudia intervenir como ‘amiga de la corte’ para expresar los fundamentos que validan el que la Ley 41-2022 se mantenga en vigor.
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“Las acciones de la Junta no parten de los hechos ni de los datos. Parten de dogmas neoliberales que ignoran toda experiencia real. La gran mayoría de los derechos que la ley restablece existieron durante décadas y no impidieron el crecimiento económico. De hecho, coincidieron con las épocas de mayor crecimiento. Se trata sencillamente de la agenda anti obrera que quiere desarrollo a costa de la clase trabajadora. Organizaciones patronales, como MIDA y ASORE, que no pudieron detener la medida en la legislatura, ahora se unen a la Junta, para tratar de negar estos derechos. Hablan de democracia, pero cuentan con la dictadura de la Junta. Iremos al tribunal, a la vez que seguimos la lucha en la legislatura y en la calle”, sostuvo el senador y portavoz alterno, Rafael Bernabe Riefkohl
Por su parte, la representante y portavoz del MVC en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, añadió que “desde la legislatura y fuera de la legislatura seguiremos defendiendo a la gente; por eso entendemos que la presentación de un Amicus para defender la reforma laboral es un imperativo moral”.
“La Junta se ha encargado de recibir a aquellos que están en contra de los derechos laborales y del progreso económico, hasta anunciaron con bombos y platillos que acudirían al tribunal, y recordamos aquella disposición extraña en la Ley PROMESA que permite hacerle regalos a la Junta. ¿Acaso la habrán comprado? Nosotros estamos con la gente a diferencia de la Junta que baila al son del que le tire monedas”, indicó.
Cabe señalar que en la misma línea del MVC se expresó la Asociación de Economistas de Puerto Rico, quien aseguró que “[r]esulta poco probable que precarizando el mercado laboral se logre aumentar la producción, la participación laboral y el empleo en el caso de Puerto Rico. En todo caso, para lograr tales objetivos es importante ofrecer incentivos a los trabajadores y las trabajadoras incrementando su compensación y promoviendo mejores condiciones de empleo y de vida. De esta manera, se impulsa en el país la productividad y una redistribución más justa de las riquezas.”
Con este anuncio la delegación del MVC reitera en la conmemoración del Día del Trabajo su rechazo a las acciones de la Junta de Control Fiscal en contra de la clase trabajadora en Puerto Rico.
