El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, anunciaron hoy, viernes, que retarán en el Tribunal Federal la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de anular la Reforma Laboral (Ley 41-2022).
“La JSF, en un ejercicio arbitrario, pretende invalidar una legislación que fue producto de un trabajo en consenso con todos los partidos en la Asamblea Legislativa por los pasados 18 meses, cuando no tiene la autoridad en ley para hacerlo, y se obstina en un asunto filosófico en el cual no tiene la razón”, afirmó Hernández Montañez.
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Los beneficios restituidos con la Ley 41-2022 incluyen el acceso a un periodo probatorio reducido y razonable, el diseño de una estructura más digna para acumular la licencia de vacaciones y enfermedad, el cálculo de un bono de navidad más accesible y razonable, y la potestad para revertir la carga probatoria impuesta a la clase trabajadora para reclamar un remedio por un despido injustificado, entre otros.
“El proceso de vistas públicas fue amplio, comprensivo y balanceado, contando con la participación de representantes de todos los sectores de Puerto Rico. Así, esta medida logró adelantar un fin público del más alto interés, sin comprometer el desarrollo económico del país”, indicó Torres García, representante del distrito 25.
Asimismo, Hernández Montañez sostuvo que la JSF “radicó una demanda basada en supuestos y generalidades, para imponer su visión filosófica de gobierno, sin ningún estudio formal, ni data empírica que la sustente.
Las circunstancias de hoy son muy distintas al año 2017 cuando el gobierno de turno las utilizó como excusa para aprobar la reforma laboral y eliminar los derechos de los trabajadores. En estos dieciocho meses, esta Cámara lideró el proceso de aprobar los primeros dos presupuestos balanceados en cinco años, que iniciaron el conteo regresivo para la salida
de la Junta de Supervisión Fiscal; reestructuró la deuda del gobierno central garantizando la prestación de los servicios esenciales, sin despedir a ningún empleado público, con cero recortes a las pensiones y con más fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios; creó la estructura legal para estabilizar las finanzas públicas; aprobó aumentos salariales para los maestros y policías, y aumentó el salario mínimo para hacerle justicia a los trabajadores del sector privado, entre muchas otras iniciativas”.
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Los legisladores populares informaron que la Cámara de Representantes está lista para intervenir en este pleito, con el fin de vindicar la prerrogativa legislativa y democrática del pueblo puertorriqueño.
“Nada nos detendrá, y presentaremos una solicitud de intervención ante el Tribunal Federal para defender a la clase trabajadora y demostrar que la entrada en vigor de esta Ley de ninguna forma atenta contra el desarrollo económico de la isla. La Cámara no escatimará en su compromiso de defender a los trabajadores y derrotaremos, una vez más, este nuevo intento de arrebatarle los derechos a nuestra clase obrera con argumentos filosóficos huecos y vacíos”, concluyó Hernández Montañez.
