LIMA (AP) — Un juez peruano impuso el domingo dos años y medio de prisión preventiva a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, mientras se la investiga por su presunta participación en una organización criminal para lavar activos, a la que también pertenecerían el mandatario y la primera dama.
Es la primera vez en la historia peruana que un familiar tan cercano de un presidente en el cargo es enviado a prisión. Si bien es la cuñada del mandatario, Paredes, de 26 años, fue criada desde pequeña como hija de la pareja presidencial tras la muerte de su madre.
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Después de postergar su decisión por dos ocasiones, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dijo que existía “una alta probabilidad de peligro de fuga", por lo que no se podía dictar otra medida que la prisión preventiva.
Paredes permanecerá encarcelada hasta el 9 febrero de 2025, dijo el juez. La defensa de la acusada apeló la decisión. La fiscalía pedía tres años de cárcel preventiva.
La sospechosa lleva detenida desde el 10 de agosto, al día siguiente de que la policía la buscara sin éxito en el palacio presidencial, donde la buscó incluso debajo de la cama del mandatario, según una orden de allanamiento a la que The Associated Press tuvo acceso.
El mandatario no se ha pronunciado. Pero el 10 de agosto, cuando Paredes se entregó a la justicia dijo que “sacarán de todo para seguir golpeando a mi familia, a mis padres, hermanos, es parte de la lucha, pero no me van a doblegar. El caso de mi hija Yenifer, es parte de la vida política en el Perú y sé que junto a ustedes saldremos adelante para lograr un país más justo”.
La fiscalía acusa a Castillo, a varios de sus familiares, al actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, y a José Medina, alcalde del pueblo donde vivía el mandatario, de integrar un grupo criminal. Medina también recibió 2 años y medio de prisión preventiva.
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Según la fiscalía, la coordinadora de la presunta red criminal sería la primera dama, Lilia Paredes, y los testaferros tres cuñados de Castillo, incluyendo a Yenifer Paredes. En tanto, las empresas fachada serían propiedad de allegados a la familia presidencial.
La fiscalía presume que Yenifer Paredes ayudó al dueño de una de estas empresas a obtener contratos de obras públicas a pesar de no tener la capacidad económica ni la experiencia para garantizar la ejecución de las obras.
Castillo suma seis investigaciones fiscales preliminares, la mayoría por el delito de organización criminal y corrupción, pero niega él todas las acusaciones.
La fiscalía también ha solicitado que se prohíba salir del país a la primera dama, algo que decidirá un juez el 5 de septiembre.
El mandatario no puede ser acusado ante un juez porque la Constitución peruana sólo contempla esa posibilidad en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar elecciones. Si se acumulan argumentos, la fiscal general debe esperar hasta que Castillo culmine su gestión para que el Congreso permita juzgarle.
Su relación con el Parlamento es tensa. El Congreso de 130 escaños ha buscado destituirlo en dos ocasiones, pero no logró los 87 votos necesarios.
En contraste a las investigaciones fiscales que explotaron hace dos meses, la popularidad del mandatario ha ido al alza. Un sondeo nacional del Instituto de Estudios Peruanos publicado el domingo mostró que su aceptación subió a 29%, mientras que su desaprobación bajó a 63%. El 8% no opinó. En junio su aprobación era del 19%.
Está previsto que el gobierno de Castillo termine el 28 de julio de 2026.
