El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, anunció hoy que implementará ciertas medidas solicitadas por la Junta de Control Fiscal (JCF), para poner en vigor la Ley 52.
“El desarrollo económico continuo y sostenido de Puerto Rico es uno de los objetivos primordiales que sustentan la política pública de mi administración. En apoyo a esa política pública y a la urgente necesidad de brindar certeza a nuestro entorno económico, el Gobierno confirma que adoptará las medidas recomendadas por la Junta”, informó el primer ejecutivo en comunicación escrita a David A. Skeel, Jr, presidente de la JCF.
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Las medidas establecen que para dar paso a la transición de las compañías foráneas, el gobierno deberá crear un fondo de reserva de 250 millones del efectivo de excedentes de años anteriores, para enfrentar posibles reducciones en recaudos como consecuencia del cambio. Esta reserva se tendría que honrar hasta el 31 de diciembre de 2025. También, se tendrá que detener la implementación de nuevos decretos de impuestos para médicos y que se garantice que cualquier pago por una ley anterior se mantendrá inalterado, a menos que sea sustituido por una nueva fuente de pago expresamente identificada.
Aunque el gobierno va a implantar estas medidas, se mostró inconforme con las mismas porque desde hace varios meses funcionarios de las agencias fiscales han demostrado con información actualizada que las proyecciones de recaudos que se le proveyeron a la JSAF son certeras y razonables. “El conocimiento y peritaje del equipo del Departamento de Hacienda, garantizan un estimado con datos reales. Asegurar la liquidez del Gobierno es un trámite ordinario que el componente fiscal realiza recurrentemente como parte de sus funciones y el plan de trabajo”, estableció.
El gobernador mencionó que la Reserva de Contingencia resulta innecesaria y su monto y plazos propuestos son excesivos y arbitrarios.
“De hecho, en su carta la Junta de Supervisión estima que el impacto de la Ley 52 en los ingresos del Gobierno será una reducción neta de 143 millones de dólares, pero solicita de manera desproporcionada y arbitraria que el monto de la Reserva sea de 250 millones de dólares”, expresó.
Asimismo, añadió que el exceso de la Reserva para Contingencias se exacerba al considerar que, utilizando datos históricos reales de los contribuyentes, el Gobierno estima que la Ley 52 resultará en un aumento positivo de aproximadamente 42 millones de dólares en ingresos.
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También, el ejecutivo le recordó a los miembros de la JCF, que el Plan Fiscal Certificado del 27 de enero de 2022 del Gobierno de Puerto Rico, ya incorpora una reducción de aproximadamente $250 millones en los ingresos de la Ley 154-2010, durante el término de la Reserva de Contingencia y que los esfuerzos de recaudación de ingresos han resultado en un rendimiento consistente, superior a los estimados proyectados por la propia entidad.
“La Reserva para Contingencias es funcionalmente innecesaria ya que el uso por parte del Gobierno de cualquier superávit de efectivo excedente del año anterior, está limitado por sus presupuestos, según lo certificado por la Junta de Supervisión, de conformidad con la sección 202 de PROMESA. El establecimiento de la Reserva para Contingencias es, en el mejor de los casos, una duplicación de las limitaciones presupuestarias y no tiene otro propósito que simplemente agregar procesos innecesarios a las operaciones del gobierno”, destacó.
En la misiva, Pierluisi afirmó que está analizando el impacto en Puerto Rico de la recién aprobada Ley Federal para la Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés), que establece una nueva contribución alterna mínima de 15 por ciento bajo ley federal, para empresas con ciertos niveles de ingresos.
“Continuamos analizando las disposiciones de IRA y su interacción con la Ley 52. Tal y como precisa la carta, el Gobierno de Puerto Rico entiende que la Reserva de Contingencia se volverá innecesaria en la medida en que la nueva ley federal active el aumento automático de la Ley 52, de un 10.5 por ciento a un 15 por ciento de impuesto sobre el Ingreso de Fomento Industrial (IDI). El Gobierno se reserva el derecho de solicitar la eliminación de la Reserva de Contingencia en caso de materializarse el incremento al 15 por ciento del impuesto sobre el IDI”, indicó el gobernador.
