La exdirectora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) Sally López Martínez, quien en diciembre de 2021 se declaró culpable a nivel federal por conspiración para cometer fraude en el esquema que benefició al notorio Anaudi Hernández Pérez, fue multada por la cantidad de $4,000 por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
La multa es el resultado de una querella presentada contra López Martínez el 17 de diciembre de 2017 relacionada al esquema que involucra a Hernández Pérez. En la querella se imputaba a la exfuncionaria violar varios incisos de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
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Asimismo, la imposición de la multa se produjo luego que las partes presentaran un Acuerdo de Transacción.
De los $4,000, $2,000 corresponden a la violación del artículo 4.2 inciso (b) y $2,000 por la violación del artículo 4.2, inciso (s). Se ordenó el archivo de las imputaciones de violación a los incisos (d) y del Artículo 5.4 de la ley orgánica de la OEG.
López Martínez se declaró culpable de haber otorgado de manera fraudulenta dos contratos a J.M Professional & Training, en favor de Hernández Pérez mientras estuvo a cargo de ADL.
La exfuncionaria había sido sentenciada a 9 años de prisión en agosto de 2017. No fue hasta abril de 2021 que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston ordenó un nuevo juicio luego de concluir que el caso se debió haber llevado a cabo en un proceso separado.
En diciembre pasado, el juez federal Pedro Delgado sentenció a López Martínez a dos años de libertad supervisada. En ese momento, el juez tomó en consideración los tres años y 9 meses de prisión que López Martínez había cumplido y acogió una recomendación de la fiscalía para otorgar una libertad supervisada de dos años y una multa de cinco mil dólares.
