El Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público desautorizó varios proyectos solicitados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el pasado 2 de agosto alegando que son incompatibles con el Plan Integrado de Recursos (PIR) de Puerto Rico y por “ser un uso ineficiente de los limitados recursos del Estado insistiendo con ellos en la generación de energía con combustibles fósiles”.
Las AEE solicitaba la reasignación de $853.2 millones en fondos de FEMA para diversos proyectos de energía.
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“Reafirmando decisiones anteriores del Negociado en las que se le advirtió a la Autoridad que no deberá usar proyectos de mejoras y estudios de viabilidad para intentar evadir las metas de transición que establece el PIR, la resolución nuevamente deniega la conversión de las unidades 7 a la 10 de San Juan a gas natural”, lee el comunicado.
Según indicaron en declaraciones escritas, cuando se discutió el PIR, aprobado en 2019 luego de un proceso adjudicativo con amplia participación ciudadana, la propia AEE reconoció que dichas unidades requerirían de inversiones de capital inviables desde el punto de vista económico para que pudiesen estar en cumplimiento con los estándares ambientales y en condición operacional aceptable. Añadieron que la Autoridad ni ha solicitado una enmienda al PIR ni ha podido justificar cómo, tres años después y con la inflación en niveles históricamente altos, ahora sí sería viable y costo-efectivo este gasto.
“Varias de estas unidades, particularmente San Juan 10, han estado fuera de servicio por años. A las unidades 7, 8 y 10 no se les ha realizado mantenimiento desde el periodo de 2008-2010. Gastar dinero en estas unidades es insistir en tecnología caduca. Aun si aceptamos que la Autoridad necesita tener acceso a generación con gas natural, la alternativa no es seguir gastando dinero en equipos con más de cincuenta años de operación. Estos gastos tampoco son opciones más rápidas; algunas de estas conversiones no serían completadas hasta después del 2030, cuando ya se supone estemos mucho más adelantados en la transición hacia fuentes renovables,” explicó el presidente del Negociado, el abogado e ingeniero Edison Avilés Deliz.
Además, el Negociado solicitó información adicional sobre otros tres proyectos.
• Unidades de generación de emergencia (peakers) - El Negociado solicitó que la Autoridad explique si evaluó la posibilidad de usar baterías a escala de utilidad en lugar de peakers.
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• Unidades Black Start - La solicitud de la Autoridad era para aumentar en $100 millones la autorización original del Negociado hace más de un año, del 8 de junio de 2021. La misma presupuestaba $90.4 millones para la compra de estas dos unidades. La nueva solicitud de la Autoridad aumentaría el costo para estas mismas dos unidades a $190 millones. El Negociado le solicitó a la Autoridad que justifique el retraso en el uso de estos fondos con el consecuente aumento en costos.
• Paneles solares residenciales - Del total de la solicitud de la Autoridad de unos $853.2 millones, solo $34.7 millones - un 4% - se asignaría a proyectos solares. El Negociado le ordenó a la Autoridad mostrar el análisis que hizo para asignar una cantidad tan pequeña.
“El Negociado continuará velando por el mejor uso de los fondos que han sido asignados para reconstruir el sistema eléctrico. Nuestras inversiones tienen que ser las más eficientes y modernas. Insistir en tecnologías del pasado no nos sacará del hoyo en el que está la economía del país producto de la resistencia al cambio y la innovación,” concluyó Avilés.
