Mientras la jueza federal Laura T. Swain preside la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación, una coalición de organizaciones protestó a las afueras del Tribunal Federal contra el aumento en peajes, multas y privatización de las autopistas que el plan exige como garantía para el pago de la deuda.
“La Junta sigue añadiendo más cargas económicas al pueblo de Puerto Rico junto a la venta y privatización de sus activos públicos más importantes. Ahora son las carreteras, que finalmente se están reparando luego del paso de huracanes y terremotos pero que se estarían transfiriendo a manos privadas como garantía de pago a los bonistas. Todo aumento en los peajes o servicios que pagará la ciudadanía debe tener una justificación y efecto para recibir un mejor servicio, no para proveer ganancias a empresas privadas y bonistas de deuda no auditada”, expreso Ángel Pinto, presidente de PROSOL-UTIER, Capítulo de Carreteras.
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“Una propuesta de aumentos constantes por 30 años que triplicaría el pago de peajes y multas para pagar una deuda que debió ser cancelada. Lo que hoy pagamos por un peaje a menos de un dólar (.75 centavos) subiría hasta $2.25 junto a peajes bidireccionales que duplican aún más el costo de transitar en la isla. Dinero que no veremos para la reparación de las carreteras, sino para el pago insostenible de una deuda sin auditar. Se emitirán nuevos bonos que con la acumulación de intereses terminamos pagando el doble del principal. Todo lo anterior, en una economía débil y todavía a la merced de una pandemia sin precedentes, este acuerdo no recorto la deuda a niveles sostenibles ni representa los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico”, dijo por su parte, Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda expresó:
Participaron también de la manifestación, Sonia Palacios, pensionada y portavoz de Construyamos Otro Acuerdo y Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).
“Nos unimos al reclamo contra el PAD de la Autoridad de Carreteras, y denuncia que un nuevo aumento en los peajes es insostenible para el País. En estos momentos, con la fuga de médicos, los pensionados y residentes de fuera del área metropolitana están obligados a pagar más dinero por su transporte a citas médicas. Recordemos, que no todos los pensionados guían, o tienen carro; o familiares. La fuga no es solo personal médico. Nuestros hijos también se han tenido que ir”., señaló Palacios.
La coalición de organizaciones incluye al Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, PROSOL-UTIER, Federación de Asociaciones de Empleados Gerenciales del ELA (FAEG-ELA), UTIER, UNETE, Unión General de Trabajadores (UGT), Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), VAMOS y el Junte de Artistas Boricuas, Construyamos otro Acuerdo, el Frente en Defensa de las Pensiones.
