Las condiciones laborales y los salarios de miles de empleados de mantenimiento y seguridad en las farmacéuticas de Puerto Rico son inaceptables, especialmente cuando se trata de empresas millonarias que reciben exenciones contributivas y otros beneficios del gobierno local, concluye un reciente informe preparado por el grupo estadounidense que promueve la política progresista, Centro para la Democracia Popular (CPD, en inglés) y la campaña nacional de fiscalización, Hedge Clippers, que además señala las pésimas condiciones en que estos obreros laboran.
Según el informe, publicado en agosto de este año, en las casi 50 plantas de producción de medicamentos en Puerto Rico, el personal de mantenimiento y los guardias de seguridad mantienen salarios mínimos, servicios inadecuados y condiciones peligrosas en el lugar de trabajo.
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En la última década, según datos del informe “Inspections within Industry” (“Inspecciones en la Industria”) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) se registraron alrededor de 80 violaciones o referencias en plantas farmacéuticas basadas en Puerto Rico en los últimos diez años, que incluyen exposiciones químicas, quemaduras y amputaciones.
Julio López Varona, Codirector de Campañas del CPD en Puerto Rico, explicó que los datos fueron obtenidos a través de encuestas directas a personas en diferentes comunidades con las que trabajan alrededor de toda la isla.
“A través de nuestras encuestas nos dimos cuenta de que, de los aproximadamente 50,000 empleados de mantenimiento y seguridad en Puerto Rico, un porcentaje altísimo trabaja en la industria farmacéutica. Estas empresas farmacéuticas, para no tener que contratar directamente, contratan una compañía privada que les provee ese servicio”, explicó López Varona.
“El problema es que tenemos a este subgrupo de trabajadores que literalmente está siendo expuesto a condiciones de trabajo peligrosas, con salarios ínfimos y en condiciones que en muchos casos son de las peores en todos los Estados Unidos. Durante esas entrevistas tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas que en 25 o 30 años de laborar en la misma empresa solo reciben aumentos cuando se aumenta el salario mínimo a nivel nacional y eso es inaceptable”, añadió.
Asimismo, el informe señala que ninguno de los trabajadores entrevistados tenía la protección de un sindicato, a pesar de que muchas de estas farmacéuticas multinacionales ya trabajan con mano de obra sindicalizada en otras jurisdicciones.
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“Las farmacéuticas estadounidenses extraen enormes ganancias y riqueza de Puerto Rico cada año. Los funcionarios del gobierno han dado miles de millones en lucrativas exenciones fiscales para atraer y mantener a estas compañías. Los datos del Departamento de Hacienda proyectan que las exenciones de impuestos corporativos al sector manufacturero – del cual la industria farmacéutica es una parte importante – serán de $14.568 mil millones solo en 2022″, explicó López Varona a la vez que señaló que esas exenciones fiscales son mayores que el presupuesto operativo total del gobierno de Puerto Rico.
El documento recomienda al gobierno asegurar que todas las corporaciones farmacéuticas estadounidenses que operan en Puerto Rico paguen lo que deben en impuestos, redirigiendo los incentivos fiscales y los miles de millones en exenciones corporativos anuales hacia inversiones comunitarias.
Del mismo modo exhorta a asegurar que todas las corporaciones farmacéuticas estadounidenses que operan en Puerto Rico pongan fin a sus prácticas de empleo subóptimas y a utilizar cualquier nuevo ingreso fiscal generado por el sector farmacéutico estadounidense para financiar las inversiones críticas en educación, vivienda asequible, resiliencia climática e infraestructura.
“La próxima semana estaremos presentando una petición formal a la Comisión Laboral de la Cámara de Representantes para que investigue las condiciones de trabajo de estos obreros que, aun cuando son subcontratados por las farmacéuticas y trabajan en las mismas instalaciones, están siendo tratados muy diferente al resto de los empleados”, indicó.
A investigar los decretos
En exclusiva para Metro, el representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión Laboral y Transformación del Sistema De Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes explicó que habría que investigar más a fondo ya que estos empleados, al ser subcontratados por la farmacéutica a través de agencias de empleos y otras empresas de servicios especializados, no pertenecen a la plantilla de empleados regulares de las empresas.
“Habría que investigar si los decretos otorgados a estas empresas exigen que se cumpla con una cuota de empleos de contratación directa o si es flexible y permite que se contrate a través de una agencia de empleo o se subcontratista”, explicó el representante del Distrito 25 de Jayuya, Juana Díaz y Ponce, donde operan, al menos, cuatro empresas que gozan de decretos otorgados por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entre ellas la farmacéutica Baxter.
“Estas empresas están utilizando el mecanismo de contratar a través de agencias o de subcontratar compañías de servicios especializados porque de esa manera se ahorran beneficios como permanencia, plan médico, retiro, y todo esto se hace dentro del marco legal”, lamentó.
Torres García explicó que en el caso de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara que él preside, se podrían investigar si estos empleados están gozando de los beneficios que la ley les concede ya sea directamente con la farmacéutica o a través de una agencia de empleo o un subcontratista.
El representante también sugirió que la Comisión de Hacienda de ese cuerpo haga lo propio e investigue la manera en que el DDEC monitorea el cumplimiento con las estipulaciones de los decretos, en especial la cantidad de empleos que se le requiere crear.
“Nosotros podemos investigar los beneficios, que estén en ese cumplimiento, pero si son subcontratados ya la investigación no sería a la farmacéutica, porque ellos están en libertad de contratar sus empleados por agencia. Habría que ver si la agencia de empleo está cumpliendo con esos beneficios que la ley requiere para todo trabajador”, indicó el representante.
“Sería la Comisión de Hacienda quien siente al DDEC y haga la búsqueda exhaustiva de si ellos están cumpliendo con los informes y, más que con los informes, que estén cumpliendo con la cantidad de empleos que se supone que creen por orden del decreto. Ver si ese decreto requiere que sean empleos directos o no”, añadió.
Puede acceder al informe publico a través de https://pr.populardemocracy.org/
