En aras de atender el tema de violencia policiaca en menores de edad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén, llevó a cabo una vista pública para indagar sobre esta problemática y auscultar sobre soluciones reales que garanticen los derechos cobijados bajo la Constitución.
“[Las] diferentes situaciones que nos han traído [hoy aquí], sin duda, tienen muchas preguntas y respuestas, que tiene que dar la Policía de Puerto Rico por el uso de la fuerza… Y eso es parte de las razones de estas vistas que estamos haciendo para adelantar, no solo política pública, sino que realmente haya cumplimiento, investigación y transparencia en el uso de la fuerza policiaca. Porque las personas que tienen armas de fuego, en este caso la fuerza policiaca, debe saber que el uso indiscriminado de esa arma causa muertes y una vez la persona está muerta, ya no hay manera de echar hacia atrás la equivocación que haya tenido”, expresó Rivera Lassén.
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Estas audiencias responden a la Resolución del Senado 209 que propone investigar la legislación relacionada a viabilizar el mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios esenciales de igualdad humana establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América.
La Comisión citó a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés); a la Organización Kilómetro 0; a la Comisión de Derechos Civiles; el Comité Dominicano de Derechos Humanos y varios padres, de víctimas de violencia policial, que presentaron su testimonio.
Uno de los testimonios que causó conmoción durante la vista fue el de Suheil Nevárez, tía de Javier A. Cordero Nevárez, joven de 16 años, que recientemente fue víctima de violencia policiaca.
Suheil, leyó el testimonio de Sheila Nevárez, madre del joven, e hizo un llamado para que se haga justicia y para que se realice una investigación adecuada. “Como familia perdimos un ser humano muy valioso… esto es algo devastador para todos… Él no estaba armado, él no era un riesgo para ellos [los policías]… No tenían que acribillarlo como lo hicieron… Tomaron la justicia en sus manos”, detalló Suheil.
Asimismo, la Sra. Elsa Avilés, madre del joven Anthony Maldonado Avilés, quien perdió la vida en el 2019 a raíz de la fuerza excesiva por parte de la policía, también solicitó justicia en el caso de su hijo, ya que fue paralizado en el Tribunal de Utuado debido al Plan de Ajuste y la Ley PROMESA. En el caso de la Sra. Avilés, Anthony era su único hijo.
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En consecuencia, a estos y otros casos, el Sr. José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, propuso durante su alocución la creación de una Comisión de la Sociedad Civil. “Con las organizaciones aquí convocadas, [se puede crear dicha comisión], para trabajar y fiscalizar el uso de la fuerza, las relaciones con las comunidades, el área de cumplimiento de dicha reforma, sobre todo en el aspecto administrativo, ya que le cuesta al erario la friolera de 20 millones anuales”, destacó Rodríguez.
Por su parte, el Lcdo. Ever Padilla de la Comisión de Derechos Civiles, a preguntas de la senadora Rivera Lassén dijo tener “un acuerdo colaborativo” con la Policía de Puerto Rico en temas de derechos civiles. Sin embargo, Padilla reconoció que “hemos sido críticos en esos procesos y en algunas instancias hemos condicionado nuestra participación utilizando nuestros propios materiales porque nos parece que los énfasis que se están dando en algunos de los cursos no son suficientes y no atienden cuáles son los modelos del reconocimiento y respeto de los derechos humanos”.
Durante su turno, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, le preguntó al licenciado Padilla, si luego de 9 años de la Reforma de la Policía “¿hemos mejorado, nos hemos quedado igual o hemos echado hacia adelante?”. “Estamos en una situación igual o peor a la que estábamos antes de tener la Reforma de la Policía, desde la experiencia que hemos tenido”, respondió el licenciado de la Comisión de Derechos Civiles.
De otra parte, la senadora novoprogresista, Migdalia Padilla Alvelo, durante su turno destacó la necesidad de que el Departamento de Educación atienda con prontitud las necesidades de los jóvenes para que no se conviertan en desertores escolares. “¿Qué actividades, si alguna, están pasando en nuestras escuelas? Me parece que no estamos siendo proactivos en [saber] por qué el porciento de desertores escolares está tan alto”, expresó la senadora por el Distrito de Bayamón.
“La Policía de Puerto Rico comenzó como un cuerpo militarizado… Llevamos muchos años documentado a la Policía de Puerto Rico y en nada ha cambiado, como único va a cambiar es cuando el pueblo de Puerto Rico se dé cuenta de que el pueblo tiene derechos a la transparencia y a la rendición de cuentas y que haya consecuencias por estos actos”, destacó el Lcdo. William Ramírez Hernández, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) durante su ponencia.
Por su parte, Mari Mari Narváez de la Organización de Kilómetro 0 durante su ponencia emplazó al Secretario del Departamento de Justicia para que se sepa cuáles son los resultados de las investigaciones en cuanto a la fuerza excesiva de la Policía en sus intervenciones con jóvenes menores de edad.
La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado estará citando otras vistas públicas para darle seguimiento a este tema de la violencia policiaca en menores de edad.
