El presidente de la Asociación Internacional de Estibadores-1740 de Puerto Rico (ILA por sus siglas en inglés), Carlos Sánchez Ortíz, junto a otras 6 personas fueron acusados por un Gran Jurado federal por violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO Act) por supuestamente ser parte de una empresa criminal desde el año 2005 que se dedicaba a extorsionar a dueños de carga que llegaba a los muelles 9,10 y 11 de San Juan con destino final a las Islas Vírgenes.
“Las compañías que operaban en los muelles 9,10 y 11 son compañías de transbordo. Había una compañía creada, llamada JCPY (empresa supuestamente dedicada a estibar carga). Y las personas que trabajaban en esa compañía, la controlaban la persona número uno (Pedro Pastrana González) y número dos (su esposa Lara Clemente Rivera) en el Pliego Acusatorio.
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Ellos les decían a las compañías pequeñas: O tu me pagas y si no me pagas, vas a tener que usar a empleados de la unión (ILA) para bajar y subir la carga a tus barcos, o te voy a bloquear los cargamentos. Esa es la amenaza. El esquema esta ‘backeado’ por el presidente de la ILA 1740. Si ustedes ven el Pliego Acusatorio, van a ver que hay mensajes de texto que explican básicamente como es que el presidente de la ILA ‘backeaba’ el esquema.
Las personas que iban a bloquear el cabotaje, iban a ser miembros de la ILA. La amenaza es que miembros de la unión iban a bloquear tu acceso al cargamento. JCPY es una compañía falsa (Sham, en inglés) creada para propósitos de extorsionar y meterle mentiras a estas compañías de cabotaje y recibir el dinero”, dijo el fiscal investigador del caso, Víctor Acevedo Hernández a preguntas de la prensa.
El fiscal explicó que, además, estas personas- que pertenecían al sindicato ILA- también querían participar del Plan de Beneficios de ILA. Para esto, utilizaban parte del dinero que las compañías extorsionadas le daban y lo invertían en el plan de beneficios. También, acreditaban horas utilizadas en los supuestos esquemas como tiempo trabajado, para poder cualificar
“También, tenían gente en otros puertos ponchándoles a ellos horas con las tarjetas, para poder acumular las 210 horas. Así que eran dos esquemas”, sostuvo el fiscal.
Según el pliego acusatorio, Sánchez Ortíz era amigo de Pastrana González, especialmente de su exesposa, a quien conocía desde la infancia.
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El fiscal federal W. Stephen Muldrow mencionó que Pastrana González y Clemente Rivera fueron ayudados en el esquema de extorsión, por el empleado de la Autoridad de los Puertos Jorge Batista Maldonado y Sánchez Ortíz.
Asimismo, Víctor Torres Barroso, José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer fueron acusados por ayudar a falsificar información para acumular horas de trabajo para beneficiarse del plan de beneficios (lo que se conoce como chimbos).
No todos los acusados enfrentan los mismos cargos. En total, se exponen a penas desde 5 hasta 20 años.
