La exgobernadora Wanda Vázquez se unió al pedido del coacusado en su caso por soborno ante las autoridades federales, Mark Rossini al solicitar más tiempo para contestar la propuesta de orden de mordaza emitida por el juez Raúl Arias Marxuach.
Las partes tenían hasta ayer, 11 de agosto para contestar la orden emitida por el juez federal. Sin embargo, la exgobernadora a través de su representación legal pidió más tiempo para discutir la misma.
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En el documento, la defensa de Vázquez compuesta por el licenciado Ignacio Fernández, solicita unirse a la petición de Rossini.
Rossini solicitó cinco días adicionales para dar una respuesta. Según el documento, el coacusado pide tiempo para poder identificar y contratar a un abogado. Además de determinar cómo responder a la orden.
La orden incluye a los acusados, Wanda Vázquez Garced, Julio Herrera Velutini y Mark Rossini. Del mismo modo, el juez propuso que los fiscales ni los abogados de defensa emitan comentarios específicos y detallados sobre el caso.
En el documento firmado por el juez Marxuach se explica que el caso tiene un alto interés público y que tanto el arresto como comentarios previos al mismo han sido altamente cubiertos por la prensa local e internacional.
“La Corte considera que hay una “probabilidad sustancial” de que los comentarios contaminen al jurado dada la naturaleza y el alcance de la cobertura de los medios”, lee el documento.
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La exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue acusada de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020, dio a conocer esta mañana la Fiscalía federal en San Juan.
Según el jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, varios consultores y el presidente de un banco internacional también se declararon culpables en relación al esquema de sobornos.
Se trata de Julio Martín Herrera Velutini, dueño de un banco que opera en San Juan (Bancrédito), Frances Díaz expresidenta del banco, Mark Rossini y John Blakeman, quien manejó las finanzas de la campaña electoral de Vázquez Garced.
Según el pliego acusatorio, Díaz, por su parte, es la CEO y presidenta del banco que le pertenece a Herrera Velutini, mientras que Rossini es un exagente del Negociado Federal de Investigaciones que trabajó como consultor para el empresario.
De ser encontrados culpables, cada uno se expone a una pena máxima de 20 años en prisión.
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