La propuesta transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) actualmente vigente en Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), tendría un impacto positivo para muchos de sus beneficiarios, aunque representa una serie de retos para el gobierno local.
El CNE Review -una publicación mensual del Centro para una Nueva Economía (CNE)- de agosto analiza algunas de las conclusiones más importantes del Estudio de Viabilidad ordenado por el Congreso federal al Servicio de Alimentos y Nutrición (“FNS”, por sus siglas en inglés) sobre la transición del PAN al SNAP, que actualmente opera en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses de Guam y las Islas Vírgenes.
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En la publicación, el director de Política Pública y autor del análisis, Sergio M. Marxuach ofrece detalles sobre la situación actual en Puerto Rico y explica como muchos hogares ya sufrían de inseguridad alimentaria antes de la pandemia debido al costo de vida relativamente alto en la isla; la escasa producción local de alimentos básicos; la necesidad de utilizar la costosa marina mercante estadounidense para transportar alimentos y otros cargamentos desde Estados Unidos; los bajos salarios; y las altas tasas de pobreza y desigualdad de ingresos.
Es en ese contexto que funcionarios electos puertorriqueños y federales, miembros de la administración Biden y organizaciones de la sociedad civil han estado abogando por una transición del PAN al SNAP.
Beneficios
Según el análisis, la transición al SNAP resultaría en que el financiamiento para asistencia nutricional aumente significativamente, de aproximadamente $2,600 millones en el AF2023 a $4,500 millones en el AF2031 mientras que el número de beneficiarios aumentaría entre un 9 y un 12% (dependiendo de las normas que se adopten).
Igualmente, la cantidad máxima de beneficios aumentaría, pudiendo llegar a ser en algunos casos el doble de la cantidad actualmente disponible en el marco del PAN.
Se destaca también que el aumento del gasto en nutrición tendría un efecto multiplicador de ingresos positivo en la economía local, tanto en el sector de la venta de alimentos como en el sector agrícola local, así como un impacto positivo en el empleo general.
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Costos de implementación
Por otro lado, el CNE Review advirtió que hay que tener en cuenta varios factores, como los costos de implementación que podrían superar los $400 millones en un periodo de diez años, “en un momento en que la Junta de Supervisión y Administración Financiera ha estado recortando los presupuestos de todo el gobierno”.
Se advierte además que la administración del SNAP tras su puesta en marcha tendría un costo estimado de entre $249 y $414 millones, sobre una base anual (aunque el FNS cubriría aproximadamente el 54% de estos costos).
“Algunos grupos de beneficiarios del PAN podrían perder la elegibilidad para la asistencia nutricional o calificar sólo para beneficios menores (incluyendo a los adultos mayores y estudiantes postsecundarios, entre otros) y el gobierno de Puerto Rico tendría que prepararse para la implementación de varios componentes del SNAP que actualmente no operan en Puerto Rico, como el programa de Empleo y Capacitación del SNAP (“SNAP E&T”); el programa de Educación Nutricional del SNAP (“SNAP-Ed”); y el SNAP para Desastres”, señala el análisis.
Además, Puerto Rico tendrá que contratar y entrenar a nuevos funcionarios del programa (aproximadamente 550 nuevas contrataciones sólo para procesar las nuevas solicitudes), implementar nuevos procedimientos y poner en marcha nuevos sistemas de informática para administrar el programa.
Requisito de trabajo
Otro aspecto importante que se debe considerar es qué en la actualidad, el PAN no impone ningún requisito de trabajo. Sin embargo, el SNAP tiene un requisito de trabajo general para todos los participantes de entre 16 y 59 años que no cumplan con los criterios federales de exención, así como un requisito de trabajo específico para los Adultos Físicamente Capaces sin Dependientes (“ABAWD” por sus siglas en inglés). El gobierno de Puerto Rico tendría que implementar estos requisitos de trabajo en el marco del SNAP. En la mayoría de los casos, el incumplimiento de los requisitos de trabajo resulta en la pérdida de la elegibilidad para el SNAP.
Marxuach señala que, “los beneficios de implementar el SNAP en Puerto Rico superan los costos, siempre y cuando se tomen medidas adecuadas para tratar de proteger a, o reducir el impacto sobre, aquellos que puedan verse afectados negativamente por la transición del PAN al SNAP. En una transición como la que se propone, siempre habrá ganadores y perdedores, pero debemos tratar de minimizar las consecuencias negativas que enfrentarían grupos particulares”.
Además, concluye que otro argumento a favor de extender el SNAP para Puerto Rico es poner fin a la discriminación del Congreso contra los residentes de Puerto Rico en la aplicación de los programas de asistencia nutricional.
CNE ha abogado durante años por una transición del PAN al SNAP, al igual que por un acceso equitativo a otros programas federales incluyendo Medicaid, SSI y el Crédito por trabajo.
