El equipo legal del productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves entregó al Tribunal de Apelaciones de Boston los documentos requeridos para la apelación del caso por el cual fue declarado culpable en diciembre del 2021.
En el documento, la defensa pide que el caso se asigne a un nuevo juez en el tribunal Federal Distrito de Puerto Rico. “Uno sin el punto de vista negativo de este caso”, lee la petición.
PUBLICIDAD
En entrevista con Lo Sé Todo, la licenciada María Domínguez, abogada del productor indicó que la apelación tiene tres puntos específicos en petición al tribunal.
Entre los “errores” que alega la defensa sobre el caso y que fueron explicados al programa televisivo por la licenciada se encuentran que “no le permitieron un testigo medular en la defensa” del productor musical.
Además, apelan la eliminación del uno de los testigos, Jordan Millan, quien se dedica al negocio de bienes raíces y quien habría indicado que Pina se encontraba viviendo en Miami y no Puerto Rico por lo que no podía tener control de las armas en la residencia en la isla.
“El gobierno no presentó pruebas de cuándo Pina, que entonces vivía principalmente en Miami, había estado por última vez en esa propiedad o de si alguna vez había ejercido dominio y control sobre las armas de fuego incautadas. La defensa de Pina se centró en demostrar su falta de conocimiento e intención de ejercer dominio y control sobre las armas y municiones al demostrar que (1) otras personas tenían acceso a la propiedad, y (2) durante el período de tiempo relevante, vivió principalmente en Miami”, lee el documento.
Del mismo modo, la defensa alega que “el gobierno no presentó ninguna evidencia de que Raphy Pina tuviera conocimiento o fuera responsable de una pistola fuera alterada”.
PUBLICIDAD
El Ministerio Público tendrá 30 días para contestar la petición por parte de la defensa de Raphy Pina.
En mayo pasado, el juez Besosa sentenció a Pina a tres años y cinco meses de cárcel por los dos cargos de posesión ilegal de armas por los que fue hallado culpable en diciembre pasado. El juez federal, además, le impuso a Pina tres años de libertad supervisada cuando cumpla con el término de prisión, así como una multa de $150,000.
El primer cargo por el que el jurado –compuesto de siete mujeres y cinco hombres– encontró culpable a Pina fue por posesión ilegal de armas, mientras que el segundo cargo fue por posesión de un arma modificada para disparar de manera automática. Ambas armas, así como unas 526 municiones ocupadas en un allanamiento ejecutado el 1 de abril de 2020, fueron encontradas en una bóveda detrás de un espejo del dormitorio principal de la residencia de Pina en la urbanización Caguas Real, según declararon en el juicio agentes del Negociado Federal de Investigaciones.
El ministerio público, representado por los fiscales Ruiz y María Montañez, convenció al jurado de que Pina se encontraba en “posesión constructiva” del armamento, a pesar de que al momento del allanamiento no se encontraba en la residencia. La posesión constructiva, en esencia, implica que el acusado mantiene control y autoridad sobre los objetos, incluso si no los maneja físicamente.
El principal argumento esbozado por la defensa giró alrededor de la premisa de que Pina no había vivido en Caguas Real por “años”, y que múltiples otras personas tenían acceso a la vivienda, según llegó a testificar la supervisora de la compañía de alarmas de seguridad que proveía servicio a la residencia.
Pina, según se estableció en el juicio, estaba inhabilitado para poseer armas legalmente, toda vez que en 2015 se había declarado culpable de un cargo de fraude bancario, clasificado como un delito grave. Por ese caso, Pina cumplió una probatoria.
