El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi reaccionó al hecho de que la exmandataria Wanda Vázquez aún utilice las escoltas que le brinda la Policía de Puerto Rico a pesar de haber sido arrestada por las autoridades federales.
Pierluisi indicó a preguntas de la prensa que le “choca” que esto ocurra, pero reconoció que la ley le sigue otorgando el derecho por haber sido gobernadora del país.
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“Puedo sentirme, que el ver que se están utilizando recursos del pueblo para transportar o llevar a alguien a un tribunal que está siendo acusado por las autoridades federales por un asunto de corrupción eso le debe chocar a cualquiera, pero reconozco que la ley le asiste, le da ese derecho”, expresó Pierluisi.
En el día de ayer, la exgobernadora fue asistida por su escolta a la salida del Tribunal Federal tras haber sido arrestada. Aunque su abogado afirmó que esta ya no estaría utilizando el recurso el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, afirmó que la exmandataria, de quererlo, todavía cuenta con el beneficio de sus escoltas.
“Conforme al caso Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto Rico del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2009), así como el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017 y la Orden General 110 de 25 de enero de 2019, la exgobernadora Wanda Vázquez tiene un derecho adquirido para recibir el servicio de la División de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico. De surgir una convicción en el caso federal en contra de la exgobernadora este servicio será eliminado”, expresó Torres mediante declaraciones escritas.
La exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue acusada de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020, dio a conocer esta mañana la Fiscalía federal en San Juan.
Según el jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, varios consultores y el presidente de un banco internacional también se declararon culpables en relación al esquema de sobornos.
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Se trata de Julio Martín Herrera Velutini, dueño de un banco que opera en San Juan (Bancrédito), Frances Díaz expresidenta del banco, Mark Rossini y John Blakeman, quien manejó las finanzas de la campaña electoral de Vázquez Garced.
Según el pliego acusatorio, Díaz, por su parte, es la CEO y presidenta del banco que le pertenece a Herrera Velutini, mientras que Rossini es un exagente del Negociado Federal de Investigaciones que trabajó como consultor para el empresario.
De ser encontrados culpables, cada uno se expone a una pena máxima de 20 años en prisión.
“Quiero adelantarles que esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos algunos por parte del gobernador actual”, fueron las palabras de Muldrow durante una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía federal en Hato Rey.
El arresto de Vázquez Garced ocurrió luego de meses de especulación luego de que en mayo su representante legal anunciara el arresto inminente de su cliente por las autoridades federales. Ante esa posibilidad, la exmandataria negó cualquier posible acusación, aunque su equipo legal describió su caso como uno “técnico”.
