Del CPI
Un error en la interpretación de lo que significa ‘estudiante desplazado’ provocó que el Departamento de Educación (DE) contabilizara alumnos que no cumplían con los requisitos de esa definición y recibiera un estimado de $6.5 millones del Fondo de Emergencias por el paso de los huracanes Irma y María a los que presuntamente no tenía derecho, según una reciente auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal.
La agencia federal recomendó al DE devolver el monto correspondiente a la sobreestimación de estudiantes. Aunque inicialmente la agencia estatal reconoció que erró al interpretar el término, no contestó a la OIG si reconocía o rechazaba el señalamiento de auditoría en la que se recomienda devolver los fondos. El portavoz de prensa del DE, Álex Ramos, indicó por escrito que la agencia evalúa apelar la determinación.
PUBLICIDAD
Según los estatutos federales, ‘estudiante desplazado’ es un alumno que se matriculó en una escuela primaria o secundaria distinta a la que asistía una semana antes de que se declarara el desastre o emergencia. No obstante, según la auditoría, el DE incluyó a alumnos que tras los huracanes estuvieron sólo un breve periodo en una nueva escuela y al poco tiempo regresaron al plantel al que asistían antes de los temporales, o no mostró evidencia suficiente de los cambios de matrícula. Según la agencia fiscalizadora federal, Educación no podía solicitar la subvención por esos alumnos, pero lo hizo.
Tras revisar un borrador de la auditoría, en una carta enviada en mayo de este año, el secretario Eliezer Ramos Parés, reconoció que su agencia malinterpretó la definición establecida, sin embargo, insistió en que, comoquiera, una auditoría externa hecha en 2020 arrojó que los alumnos que identificaron cumplían los requisitos de elegibilidad para estos fondos.
Al momento de solicitar la subvención federal, el DE argumentó que les constaba que la mayoría de estos estudiantes identificados por la agencia como desplazados residía en el área de emergencia al menos una semana antes del paso de los huracanes y que, en efecto, tuvieron que asistir a otro plantel debido a los daños que ocasionaron estos temporales en la isla.
Pero la OIG argumentó que “algunos se matricularon en otra escuela por un breve periodo pero regresaron a la escuela en que estaban matriculados originalmente antes del recuento sometido para solicitar los fondos; otros se dieron de baja de la escuela más de una semana antes de la declaración de emergencia o el DE no mostró evidencia suficiente de que el estudiante estaba matriculado al momento de reportarlo como desplazado”.
Asimismo, el informe final divulgado en julio sostiene que el DE carece de procedimientos escritos efectivos y de suficientes controles en los sistemas de información para asegurar la entrada precisa de datos sobre matrículas y bajas estudiantiles.
PUBLICIDAD
Esta no es la primera vez que las auditorías sobre el DE reflejan fallas en sus procesos y controles. En 2019 otro informe de la OIG criticó al Departamento por no ofrecer procedimientos claros y confiables para el manejo del Programa de Ayuda Inmediata para Reiniciar Operaciones Escolares (Restart en inglés), y más recientemente, el secretario del Departamento de Educación federal, Miguel Cardona, urgió a la agencia acelerar el uso de fondos asignados desde 2020 para el manejo de la pandemia de COVID-19.
El Departamento de Educación federal indicó por escrito al Centro de Periodismo Investigativo que revisarán los hallazgos y recomendaciones del informe de la OIG como parte de la resolución final de auditoría y, cuando estimen pertinente, trabajarán para resolverlos junto a personal de Educación en la Isla.
Cronología de discrepancias en la contabilización de estudiantes
A finales de 2018, Educación federal aprobó $70.1 millones al tomar como cierto el dato de 30,805 estudiantes desplazados que identificó el DE al momento de presentar su solicitud para la subvención de emergencia.
Un año después, en un informe de desempeño sobre el uso de esos fondos, el DE discrepó del total de estudiantes desplazados e incrementó la cifra a 31,275, es decir 470 alumnos más de los que identificó en 2018.
En marzo de 2020, el entonces secretario auxiliar de Asuntos Federales, Francisco Martínez Oronoz, justificó la discrepancia en una carta enviada a Educación federal al indicar que pudo deberse al resultado de una auditoría interna de la agencia. Según los cálculos de Martínez Oronoz, la subestimación que hizo la agencia en 2018 significó para el Departamento una pérdida aproximada de un millón de dólares en fondos federales.
No obstante, la OIG aseguró que al revisar los nombres de los 31,275 estudiantes informados, “identificamos 3,323 nombres que no aparecían en la lista ni los informes trimestrales correspondientes que respaldan los recuentos en el informe final de rendimiento”.
Educación utilizó el 99% o $69.2 millones del dinero asignado para compensación del personal, suministros para el aula, unidades educativas móviles o arrendamiento de locales temporeros, costos de transporte y servicios de apoyo.
El informe de la OIG recomendó al DE desarrollar e implementar controles internos para asegurar que oficiales y personal responsable de recoger los datos que se utilizan para los informes federales obtengan un adiestramiento sobre las reglas y requisitos de estos programas de subvención. Asimismo, recomendó que la agencia desarrolle e implemente políticas, procedimientos y controles sobre los sistemas de información de estudiantes para garantizar la precisión de los datos de matrícula y bajas.
Por último, el informe del Inspector General sugiere que el DE provea la evidencia necesaria para contrastar la imprecisión en el conteo de estudiantes desplazados o que devuelva $6.5 millones que estima la agencia recibió demás.
En una misiva, el DE indicó que tomó acciones correctivas como automatizar el proceso de matrícula de estudiantes, divulgar la política de gobernanza de datos y otorgar la permanencia al cargo de directora ejecutiva de la Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo. Además, el DE anticipó la digitalización de todos los documentos críticos, la actualización de los planes de contingencia para recopilar datos y los protocolos de comunicación durante emergencias; y prometió una revisión de los manuales para la entrada de datos en el Sistema de Información de Estudiantes (SIE) para incluir responsabilidades y plazos de cumplimiento.
