La exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue acusada hoy, jueves, de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020, dio a conocer esta mañana la Fiscalía federal en San Juan.
Según el jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, varios consultores y el presidente de un banco internacional también se declararon culpables en relación al esquema de sobornos.
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Se trata de Julio Martín Herrera Velutini, dueño de un banco que opera en San Juan (Bancrédito), Frances Díaz expresidenta del banco, Mark Rossini y John Blakeman, quien manejó las finanzas de la campaña electoral de Vázquez Garced.
Según el pliego acusatorio, Díaz, por su parte, es la CEO y presidenta del banco que le pertenece a Herrera Velutini, mientras que Rossini es un exagente del Negociado Federal de Investigaciones que trabajó como consultor para el empresario.
De ser encontrados culpables, cada uno se expone a una pena máxima de 20 años en prisión.
“Quiero adelantarles que esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos algunos por parte del gobernador actual”, fueron las palabras de Muldrow durante una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía federal en Hato Rey.
El arresto de Vázquez Garced esta mañana ocurrió luego de meses de especulación luego de que en mayo su representante legal anunciara el arresto inminente de su cliente por las autoridades federales. Ante esa posibilidad, la exmandataria negó cualquier posible acusación, aunque su equipo legal describió su caso como uno “técnico”.
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El esquema de soborno presuntamente ocurrió entre diciembre de 2019 hasta junio de 2020.
El pliego también detalla que a partir de 2019, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) examinó el banco de Herrera Velutini, Bancrédito. A través de intermediarios, el empresario prometió proveer fondos para apoyar la campaña política de la entonces gobernadora a cambio de que despidiera al comisionado de OFIC y en su lugar acomodar a otro funcionario.
Tal soborno fue aceptado cuando en febrero de 2020, Vázquez Garced le pidió la renuncia al funcionario y nombró a otra persona que fue recomendado por Herrera Velutini. Luego, en agosto de 2021, el individuo dirigió un pago de $25,000 hacia un comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) asociado a alguien identificado en el pliego como “Oficial Público A”, con la expectativa de que ese funcionario no identificado le resolviera la auditoría del banco en la manera que así lo pidió el ahora acusado.
Durante la vista inicial que tomó a lugar esta mañana en el tribunal federal en Hato Rey, la gobernadora se declaró no culpable y se le impuso una fianza de $50,000, la cual prestó.
A su salida del tribunal, la exmandataria reafirmó su inocencia cuando fue intervenida por los medios del País.
“Han cometido una gran injusticia… Yo sí les puedo decir que soy inocente, que no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le hablo de frente. Ahora me toca defenderme de todo lo que han dicho”, expresó mientras estaba acompañada por su representantes legales.
Como parte de su libertad bajo fianza, la acusada tendrá que reportarse a un oficial probatorio. También deberá entregar su pasaporte.
Acusados podrían ser extraditados
Parte del pliego que compartieron las autoridades federales expone que los dos coacusados junto a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, actualmente se encuentran fuera de la Isla.
A preguntas de la prensa sobre cuál mecanismo podrían utilizar, Muldrow anticipó que le darían la oportunidad para que ambos individuos se entreguen, aunque existen otras maneras para detenerlos como la extradición.
“Hay un proceso formal donde nosotros tratajamos a través de los gobiernos de estos países, Inglaterra y España, para arrestar y traerlos para acá”, dijo el jefe de los fiscales.