El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, exigió que el exdirector de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Jorge Droz Yapur, quede fuera de sus posiciones como empleado de la agencia luego de que fuera arrestado por fraude en un operativo realizado por las autoridades federales.
“Ante el arresto que ha surgido hoy, el Sr. Jorge Droz Yapur, quien es empleado del DTOP y no ocupa puesto alguno como director o subdirector de la agencia ni sus componentes, quedará inmediatamente fuera de cualquier posición en mi Administración. Aunque lo que las autoridades federales le imputan hoy no tiene que ver con su función en el Gobierno, estamos actuando de manera inmediata ante la situación que se le imputa por las autoridades federales”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.
PUBLICIDAD
Droz Yapur fue acusado en un esquema de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas desde mayo de 2019 hasta agosto de 2021 para defraudar a los acreedores como parte de un procedimiento de quiebra, In re: Jorge Droz Yapur, Caso No. 19-02999 (MCF), todo en violación de 18 U.S.C. § 157. Además, está acusado de nueve cargos de ocultamiento de bienes durante su proceso de quiebra en violación de 18 U.S.C. § 152, y ocho cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dichos procedimientos de quiebra, en violación de 18 U.S.C. § 152.
La acusación formal alega que durante su proceso de quiebra, Jorge Droz Yapur ocultó activos e ingresos utilizando una cuenta bancaria a nombre de su hijo adulto. Alega además que Jorge Droz Yapur declaró bajo juramento que su madre se encontraba en un asilo de ancianos y entregó planillas de impuestos de Puerto Rico como parte del proceso de quiebra en el que reclamó a su madre como dependiente entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018, cuando de hecho, sabía que su madre había fallecido en el año 2011.
Si es declarado culpable, Jorge Droz Yapur puede ser condenado a hasta cinco años de prisión por cada violación de 18 U.S.C. § 157 y § 152, una multa de doscientos cincuenta mil dólares y tres años de libertad supervisada.
Por otra parte, Yamil Fonseca Salgado fue acusado formalmente de un esquema de fraude por bancarrota en el que se alega que hizo representaciones materialmente falsas entre abril de 2018 y mayo de 2022 en cinco casos de bancarrota separados para defraudar a su hijo menor de edad en los pagos de manutención infantil, todo en violación de 18 USC § 157. Además, se le acusa de un cargo de incumplimiento deliberado de pagar aproximadamente 107,200 dólares en pagos de manutención infantil en violación de 18 U.S.C. § 228, y trece cargos de declaraciones falsas durante su proceso de quiebra, en violación de 18 U.S.C. § 152.
La acusación formal alega que Yamil Fonseca Salgado ocultó, en varias declaraciones de quiebra, bienes, ingresos y su conexión con una empresa de mantenimiento llamada CMM Janitorial, Inc. La acusación formal alega, además, que Yamil Fonseca Salgado ocultó, en varias declaraciones de quiebra, que recibió transferencias de dinero a través de ATH Móvil desde la cuenta bancaria de una empresa constructora controlada por familiares cercanos. Una empresa constructora que a su vez recaudaba dinero de la empresa administradora de vivienda pública para la que trabajaba Yamil Fonseca Salgado, y que además recibía dinero a través del uso y control de una cuenta bancaria del Banco Popular de Puerto Rico a nombre de su abuela donde accedía a fondos para rutinas y gastos personales.
PUBLICIDAD
Si es declarado culpable, Yamil Fonseca Salgado puede ser sentenciado hasta a dos años por violar 18 U.S.C. § 228, cinco años de prisión por cada violación de 18 U.S.C. § 157 y § 152, una multa de doscientos cincuenta mil dólares y tres años de libertad supervisada.
“El uso fraudulento de la bancarrota y otros procedimientos judiciales para defraudar a los acreedores o defraudar a los niños en los pagos de manutención infantil son motivo de gran preocupación, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, junto con el fiscal federal Muldrow y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo el fraude y el abuso en los casos de bancarrota”, declaró Mary Ida Townson, fideicomisaria de los Estados Unidos para Georgia, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Región 21).
“Estoy agradecida por el nombramiento por parte del Fiscal Federal de dos Fiscales Federales Auxiliares Especiales de nuestra oficina de San Juan que nos permitirán enjuiciar a todos aquellos que se involucran en conductas fraudulentas”, añadió.
El Programa de fideicomisarios de Estados Unidos es el componente del Departamento de Justicia que protege la integridad del sistema de quiebras al supervisar la administración de casos y litigar para hacer cumplir las leyes de quiebras.
“Como la principal agencia de investigación responsable de abordar el fraude por bancarrota, el FBI toma estos casos muy en serio. El alivio que ofrecen los procedimientos federales de bancarrota puede salvarles la vida a personas honestas que han atravesado tiempos difíciles debido a razones legítimas. Desafortunadamente, la bancarrota también puede ser utilizada por malhechores por una variedad de razones siniestras”, dijo Joseph González, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Juan.
“Esto no solo hace que los acreedores pierdan dinero, sino que también genera tarifas más altas e incluso impuestos más altos para los inocentes. Instamos al público a denunciar el fraude por bancarrota comunicándose con el Programa de fideicomisarios de Estados Unidos en USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov o llamando al FBI al 787-987-6500 o visitando tips.FBI.gov”, añadió.
“Estamos orgullosos de ser parte del equipo que llevó al acusado Fonseca Salgado ante la justicia por evadir sus obligaciones de manutención infantil. La Oficina del Inspector General continuará trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que las personas como el acusado rindan cuentas por sus acciones cuando violan la ley”, dijo Scott Lampert, agente especial a cargo de la Oficina Regional de Nueva York de la Oficina del Inspector General, que al así cubre Puerto Rico.
Ambos casos fueron remitidos a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para su enjuiciamiento por parte de la oficina del Síndico de los Estados Unidos en San Juan. El asunto de Jorge Droz Yapur fue investigado por el FBI y está siendo procesado por el Fiscal Federal Auxiliar Especial José Capó Iriarte de la Oficina del Síndico de los Estados Unidos. El caso de Yamil Fonseca Salgado fue investigado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Inspector General de los Estados Unidos (HHS-OIG) y está siendo procesado por el Fiscal Federal Auxiliar Especial José Capó Iriarte y el Fiscal Federal Auxiliar Especial José Díaz Vega de la Oficina de el fideicomisario de Estados Unidos.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
