El actual director de Permisos del municipio de San Juan, Víctor Joglar Díaz, mantiene activa una corporación de servicios profesionales que, entre sus propósitos, incluye la gestoría de permisos, así como las inspecciones y gerencia de proyectos.
En González & Joglar Engineering CSP, inscrita el 31 de diciembre de 2013 ante el Departamento de Estado, Joglar Díaz aparece como incorporador, presidente, tesorero y agente residente.
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En unas declaraciones escritas, el ingeniero señaló que, además de esta empresa, también prestó servicios legales a través de una segunda corporación. Sin embargo, Joglar Díaz sostuvo que no ha prestado servicios de ingeniería o legales desde 2015.
“Es en este año en el que me integré al equipo de la alcaldía de Bayamón donde laboré como director de la Oficina de Permisos hasta el año 2021. Es entonces que en enero del 2021 me integro al Municipio de San Juan para dirigir la Oficina de Permisos”, afirmó el funcionario.
Aunque aparece como una corporación activa, González & Joglar Engineering no ha sometido informes anuales ni estado de situación financiera desde el 2017. En el informe de ese año, la empresa con fines de lucro no reportó activos ni pasivos, aunque el año antes informó un capital de $32,960, con un volumen de negocios que “no excede los $3 millones”.
“Ahora bien, con relación a las corporaciones antes mencionadas, estas se mantuvieron abiertas luego de brindados los servicios ya que existían cuentas por cobrar que aún estaban pendientes de pago. De igual forma y luego de percibidas, se cerraron todas las cuentas de banco y no se ha recibido otro ingreso relacionado”, planteó el ingeniero y abogado.
En semanas recientes, la Oficina de Permisos de San Juan ha estado en el ojo público con relación a la controversia sobre la venta y desarrollo de un pequeño parque pasivo en la zona del Condado, que la empresa Krug Property LLC compró al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en febrero de 2021.
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Desde ese año, Krug Property presentó una consulta de construcción ante la Oficina de Permisos municipal con miras a desarrollar un condominio de 12 plantas en el terreno que ubica en la esquina de la avenida Ashford y la calle Krug.
El martes, sin embargo, el municipio presentó una demanda reclamando su titularidad sobre el llamado Parquecito Borinquen, alegando, como trascendió durante unas vistas públicas de la Cámara de Representantes, que el predio aparece a su nombre en el Registro de la Propiedad desde al menos 1973 y que la inscripción que realizó el DTOP en 2019, previo a venderlo a Krug Property, se trató de un caso de doble inmatriculación.
Ayer, el alcalde Miguel Romero presentó a través de sus redes sociales un diseño “conceptual de lo que pudiésemos desarrollar en Condado” si el tribunal falla a favor del municipio en la pugna por el antiguo parque. Vecinos del Condado y otras comunidades cercanas ya habían demandado la semana pasada en busca de anular la compraventa a favor de Krug Property, reclamando tanto el derecho titular del ayuntamiento como alegadas fallas en el trámite para enajenar el área verde.
