La Asociación de Paradores dijo que los datos que la compañía Oxford Economics publicó sobre el estudio de las operaciones de la plataforma digital Airbnb en la Isla son muy reveladores, y a su vez confirman la necesidad de reglamentar y fiscalizar.
“Estimados conservadores indican que ya tenemos cerca de 23,000 unidades, las ventas anuales exceden los $500 millones, y la evasión de permisos, patentes, impuestos y contribuciones sobrepasa los $100 millones anuales, en adición a los retos que imponen estos negocios sobre la infraestructura y servicios públicos en nuestras comunidades”, señaló Xavier A. Ramírez, presidente de la asociación.
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Con todo esto, la prioridad de la Asociación recae en hacer cumplir las leyes, con los reglamentos vigentes y esforzar el registro de los Airbnb tomando en consideración el municipio donde se encuentre con la Compañía de Turismo de PR (CTPR). Actualmente, sobre el 75% de estos son administrados por consolidadores con 20, 30 y hasta 300 unidades.
Aunque la CTPR requiere que cada apartamento o casa esté registrado, han reconocido que solo 4,700 operadores están registrados legalmente. Mientras, que el estudio de Abexus Analitics identificó a sobre 22,400 unidades independientes en la isla, y el estudio de Oxford Economics indica que solo Airbnb mercadea sobre 15,000 unidades con 8,000 anfitriones en su plataforma.
Asimismo, la CTPR asegura que con una inversión mínima de $1 millón anual, podría mejorar la fiscalización de estos alojamientos, para reducir la apropiación ilegal de entre $10 y $20 millones del impuesto de habitación (Room Tax) y puedan evadir otros $80 millones en pagos y contribuciones reglamentarias anualmente.
“Aun cuando Airbnb, VRBO y Join a Join tienen acuerdos colaborativos con la CTPR, los datos reflejan que la gran mayoría de las unidades que se mercadean en estas plataformas no están legalmente registradas. Podríamos ampliar la base de captación y mejorar la fiscalización con solo exigirle a todas las plataformas digitales y a los agentes de viajes en línea (OTA en inglés) que operan en la Isla, que solo pueden promocionar propiedades que estén registradas y sometan sus planillas y pagos mensuales a la CTPR, tal y como se le requiere a todo hostelero”, añadió Tomás Ramírez, tesorero de la Asociación.
También, el estudio reveló, que en el 2021, los operadores de alojamientos independientes registraron ventas de sobre $500 millones, y tan solo remitieron a la CTPR $23.4 millones del impuesto de habitación colectado, apropiándose ilegalmente de al menos $12 millones de este impuesto.
“Reconocemos la importancia de los alojamientos independientes para apoyar el crecimiento de visitantes que estamos recibiendo. Sin embargo, como todo comercio, sus dueños, operadores y las plataformas deben cumplir con nuestras leyes y reglamentos y contribuir equitativamente a mantener y mejorar la infraestructura y servicios públicos que utilizan para operar sus negocios”, concluyó Xavier A. Ramírez.
