Al ampararse en que la reciente ley que enmendaba la reforma laboral del sector privado aprobada en ambas cámaras legislativas de Puerto Rico y firmada por el gobernador Pedro Pierluisi es contraria a los principios de la ley federal PROMESA, la Junta de Control Fiscal ordenó al gobierno local a suspender la implementación del estatuto.
La ley 41 del 2022 implementaba una serie de cambios para los empleados del sector privado. Fue el resultado de negociaciones entre Senado, Cámara de Representantes y el Ejecutivo. Patronos del sector privado se oponían a la nueva ley y habían pedido a la Junta que la anulara.
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“Dada la determinación de la Junta de Supervisión de que la Ley menoscaba y/o anula los propósitos de PROMESA, el Gobierno debe suspender inmediatamente la implementación de la ley y cumplimiento, al menos hasta que el Gobierno y la Junta de Supervisión hayan intercambiado sus puntos de vista con respecto a la Ley 41 y la Junta de Control cambia su determinación (que puede no ocurrir). También instamos al Gobierno a que emita una declaración pública confirmando dicha suspensión para evitar confusiones para los empleadores privados que se preparan para la implementación de la ley”, lee parte del documento oficial.
La Junta expuso su determinación en una carta de 10 páginas dirigida al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar Marrero.
Aquí puedes revisar el documento:
La Junta establece que el gobierno parte de premisas incorrectas o falsas como que la ley servirá para crear empleos. Le requiere información adicional para ser entregada al 22 de julio próximo.
“A diferencia del Gobierno, la Junta de Supervisión contrató a un destacado economista para realizar un análisis económico de la Ley 41 y examinar la certificación. A partir de ese análisis económico, así como su propia evaluación, y de conformidad con la Sección 204(a)(3) de PROMESA, la Junta de Supervisión le notifica a usted, así como al Gobernador y a la Legislatura, que el Gobernador no ha presentado la certificación requerida y estimación formal para la Ley 41. De conformidad con la Sección 204(a)(4) de PROMESA, la Junta de Supervisión ordena al Gobernador que proporcione la estimación y certificación formal que falta”, establece la carta enviada al director de AAFAF.
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Se detallan fallas en los estimados del gobierno para la certificación a la Junta sobre el cumplimiento de la ley con PROMESA. También señalan que hay fallas en la presentación misma de una certificación formal.
La carta firmada por el presidente de la Junta, David Skeel, también repasa las objeciones previas que presentó el ente creado por la ley federal PROMESA en el proceso de discusión sobre la medida.
El gobernador firmó la ley el pasado 20 de junio. Estos son algunos de los cambios que presentaba la nueva ley:
- Se disminuye el periodo probatorio a tres meses con posibilidad de extenderse con notificación previa al empleado.
- Los trabajadores de jornada completa verán un aumento de 1.25 días por mes de vacaciones.
- Se añade medio día por mes de vacaciones y un día por enfermedad para empleados de jornada parcial.
- Acumulación para el bono de navidad se reduce de 1,350 horas a 700 horas y 900 horas para las Pequeñas y medianas empresas (Pymes).
- Las horas extras en exceso de las 10 horas se pagarán a tiempo doble en acuerdos de flexitime. Sin acuerdo de flexitime a tiempo y medio.
- Las disposiciones ambiguas en contratos de empleo deberán interpretarse a favor del empleado.
- Término prescriptivo para acciones contractuales aumenta de 1 año a 3 años.
- A los estudiantes se les pagará doble en días de descanso. No incluye a Pymes.
- Acumulación de licencias para personas empleadas a tiempo parcial.
- Aumenta acumulación de liencias para personas empleadas a tiempo completo.
- Elimina el top de 10 días para liquidar la licencia por vacaciones acumuladas.
- Se reduce el número de horas trabajadas requeridas para cualificar para el pago del bono de navidad de 1,350 a 900 o 700 horas, según sea el caso.
