El gobernador Pedro Pierluisi prácticamente descartó hoy la posibilidad de una moratoria a la efectividad del artículo de la Ley 52-2022 que enmendó la Ley Notarial por considerar que, con toda seguridad, los tribunales concluirán que se trata de una disposición inconstitucional por deficiencias en el trámite legislativo.
La Ley 52 tuvo como propósito principal ajustar el modelo tributario para las empresas de control foráneo en Puerto Rico, al transformar el arbitrio de 4% que anteriormente pagaban al erario en una contribución sobre ingresos que puede reclamarse como crédito ante el Departamento del Tesoro federal. Sin embargo, en el Artículo 86 se incluyeron unos cambios a la Ley Notarial que incluyen la exigencia de someter, ante el Departamento de Hacienda, un plano de mensura, un estudio del título de propiedad y una tasación al registrar el traspaso de titularidad de una propiedad.
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La Asociación de Abogados sometió una demanda impugnando el artículo, cuya efectividad, según han criticado conocedores del mercado de bienes raíces, encarecería los costos de completar las transacciones e incluso representaría un obstáculo para las transferencias de titularidad entre familiares cercanos.
“La realidad es que esperamos que el tribunal baje a favor de la impugnación de ese artículo, así que no habría necesidad de establecer una moratoria. Entiendo que dada la posición del Departamento (de Justicia), que se allanó a la postura de la parte demandante, la probabilidad es muy alta de que el tribunal declare inconstitucional ese artículo y no haya necesidad de tal moratoria, pero el asunto sigue bajo evaluación”, dijo Pierluisi.
¿No se paralizarían las transacciones en curso si no se decreta una moratoria?, se le cuestionó al mandatario en una rueda de prensa.
“No necesariamente tienen que estar paralizadas. Hay transacciones que se pueden dar porque está la tasación o la mensura. Si ha habido algún tipo de paralización, va a quedar atrás tan pronto el tribunal resuelva el caso”, justificó el primer ejecutivo.
La inconstitucionalidad del Artículo 86, según ha indicado el Departamento de Justicia, responde a que la enmienda que provocó en la Ley Notarial no está relacionada con el propósito central de la Ley 52. Por disposición constitucional, las medidas legislativas, con la única excepción del presupuesto general, deben concentrarse en un solo “asunto”, “el cual deberá ser expresado claramente en su título”.
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“Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo”, lee la sección 17 del artículo III de la Constitución.
A pesar de la aparente deficiencia, Pierluisi defendió la firma del entonces Proyecto de la Cámara 1367, cuya urgencia se desprendía de la decisión del Tesoro de dejar de considerar, a partir de 2023, el arbitrio de 4% como acreditable contra la responsabilidad contributiva federal de las compañías extranjeras que operan en Puerto Rico.
“Públicamente le pedí al presidente de la Cámara (Rafael ‘Tatito’ Hernández) que no insertara en ese proyecto otros asuntos, pero al final de todo este proceso legislativo lo hizo. Yo no iba a permitir que el proyecto de la Ley 154 (que estableció el arbitrio del 4% en 2011) volviera otra vez al trámite legislativo. Mi juicio fue firmar esa medida inmediatamente para darle estabilidad y certidumbre a todo el sector manufacturero en Puerto Rico, así que esa fue la decisión correcta”, subrayó el mandatario.
“El procurador general no tuvo alternativa, porque no podía defender un artículo que es claramente inconstitucional. Me anticipo, aunque esa decisión la van a tomar los tribunales, que ese artículo va a quedar inoficioso, o sea, que no tendremos que preocuparnos por su impacto en nuestra economía”, añadió Pierluisi en la conferencia de prensa esta tarde.
