El manejo de casos de acoso laboral y hostigamiento sexual de parte del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha sido irresponsable y nefasto según la activista feminista, internacionalista y estudiante de Derecho, Alondra del Mar Hernández.
“Ciertamente el manejo fue fatal desde antes porque ellos no tenían un protocolo que atendiera esto y eso nos da una bandera de que se juraban exentos de una realidad que impacta nuestra cotidianidad porque cuando hablamos de violencia en torno al género, de acoso, y de todas las cosas que sufrimos las mujeres, el patriarcado en general, nadie está exento porque es algo que está muy insertado en la medula de nosotros como sociedad”, aseguró la activista de derechos humanos.
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Una investigación de la Comisión Especial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) determinó que no hubo acoso laboral o sexual de parte de miembros de la colectividad a varias jóvenes. Sin embargo, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) se encuentra investigando los casos enfocándose en los derechos de las víctimas, según la procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.
“Uno de los objetivos principales de la OPM es hacer cumplir las políticas públicas que garantizan los derechos e integridad de las mujeres. En ese sentido, la OPM tiene la facultad de realizar investigaciones dirigidas a velar por los derechos, dignidad y protecciones de ellas. Actualmente, la OPM se encuentra realizando una investigación independiente relacionada a las denuncias en el Partido Independentista Puertorriqueño. Esta, y todas nuestras investigaciones tienen como prioridad el bienestar físico y emocional de la víctima. Debido a que el proceso se encuentra en etapa investigativa y protegiendo el derecho a la intimidad de la o las víctimas, no estaremos emitiendo declaraciones adicionales, hasta tanto no culmine el proceso”, aseguró Boria Vizcarrondo, en declaraciones escritas a través de sus redes sociales.
Hace unas semanas las denunciantes recurrieron a las redes sociales para señalar acoso por parte de miembros del PIP, entre ellos el excandidato a la alcaldía de Aguadilla Eliezer Ríos Santiago.
La Comisión Especial del PIP estuvo encargada de investigar las denuncias, un caso de acoso laboral y dos casos de hostigamiento sexual, e informó este pasado fin de semana que no encontró evidencia de acoso en ninguno.
El caso de acoso laboral fue presentado contra Ríos Santiago, quien es empleado en la oficina de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.
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Una de las querellantes trabajaba en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), cuando fue acosada por el funcionario y en abril hizo una denuncia privada por “comentarios de índole machista, misógina y discriminatoria por cuestiones de salud física y mental”.
No fue hasta que la joven hizo su denuncia pública a través de su cuenta de Twitter, que el partido creó la Comisión Especial para investigar el caso hace casi un mes.
El secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, informó que el acoso no sucedió porque “no había una relación obrero-patronal”.
Asimismo, Ríos Santiago negó haber hecho comentarios misóginos y discriminatorios.
Mientras se daba el proceso de investigación, Ríos Santiago no fue suspendido de su trabajo.
“El informe que sometió el PIP lo publicaron en la página web y pusieron los nombres completos de las víctimas, pero taparon el de los agresores. Eso nos da una bandera bien clara de cómo se ha manejado el asunto, y se ha manejado nefasto, no han procurado solucionar el asunto, enmendar los errores, no han accionado a favor de lo que ellos predican y están revictimizando a las víctimas”, expresó Alondra del Mar Hernández.
En cuanto a los dos casos de hostigamiento sexual, en los que las personas involucradas no fueron identificadas, Dalmau Ramírez explicó que ambas situaciones fueron parecidas porque se trató de una comunicación que se dio en un contexto de consentimiento entre adultos.
La Comisión recomendó a la colectividad instaurar protocolos para atender situaciones de acoso laboral como capacitar a la militancia del partido, crear un banco de apoyo sobre asuntos de género y el establecimiento de mecanismos expeditos para personas que quieran presentar querellas.
“Como país independientemente de líneas partidistas tenemos que posicionarnos en proteger a las víctimas para que otras víctimas se atrevan a hablar porque estas situaciones inciden en otras denuncias no tan solo dentro del PIP, sino que, en otras entidades, con personas en su ámbito personal, y eso no puede ser”, sostuvo la activista.
