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La Fortaleza se desvincula de la venta del parque pasivo en Condado

Según la oficina de prensa, La Fortaleza ha delegado su obligación de aprobar ventas de propiedad pública desde 1991, al amparo de una orden ejecutiva de Rafael Hernández Colón

Pese a la existencia de una ley que exige que tanto el gobernador como los secretarios de Hacienda y Justicia brinden su visto bueno a las transacciones que involucran bienes inmuebles del Estado valorados en más de $100,000, La Fortaleza aseguró ayer que ese trámite fue modificado en 1991 por orden ejecutiva, lo que implicaría que ninguna de las tres entidades intervino en la venta de un parque pasivo en Condado a una empresa que pretende construir un condominio en el predio.

Sheila Angleró, la secretaria de prensa del gobernador Pedro Pierluisi, indicó por escrito que, a la luz de la orden ejecutiva que emitiera en ese entonces Rafael Hernández Colón, tanto La Fortaleza como Justicia y Hacienda quedaron relevados de aprobar transacciones de compraventa, permutas o gravámenes de propiedades públicas.

“En virtud del Boletín Administrativo OE-1991-070, se delegó en la figura del(la) Secretario(a) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la autoridad de aprobar las ventas, permutas, traspasos o gravámenes de las propiedades del Gobierno de Puerto Rico, conforme a la Ley 12 de 10 de diciembre de 1975″, sostuvo la oficial de prensa.

La OE-1991-070 plantea, fundamentándose en una ley de 1956, que el gobernador tiene la facultad de “delegar en cualquier funcionario de la rama ejecutiva del gobierno, cuyo nombramiento requiere la confirmación del Senado, o en cualquier miembro de su cuerpo de auxiliares, aquellas funciones y deberes que la ley le impone y cuya delegación no sea contraria a las disposiciones específicas de la ley o la Constitución”.

El parque pasivo en Condado, ubicado en la esquina de la avenida Ashford y la calle Krug, fue vendido por el DTOP a un precio de $145,000 el 24 de febrero de 2021 a la corporación Krug Property LLC.

La Ley 12-1975 delegó en el DTOP la autoridad para disponer de terrenos que hubieran “dejado de ser de utilidad pública” pero, en su artículo 1(a), estipuló que se requeriría “previa aprobación del Gobernador y los Secretarios de Hacienda y Justicia” para completar transacciones relacionadas con propiedades valoradas en $100,000 o más.

Esa disposición de la ley sería la que quedó modificada con la orden ejecutiva de Hernández Colón.

Vecinos del Condado han cuestionado que el DTOP vendiera el parque para uso privado, al tiempo que el precio de venta y los planes de Krug Property para el espacio de 178 metros cuadrados igualmente han levantado interrogantes.

El precio de venta de $145,000 supuso que Krug Property pagó unos $811 por metro cuadrado, cuando en 2018, tres años antes de adquirir el parque, había comprado la parcela aledaña de 494 metros cuadrados por $550,000, según datos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Esa compra equivale a un precio de $1,113 por metro cuadrado, 37% más caro que el costo por el parque pasivo.

Ayer, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, tras recibir un informe del expediente de la transacción con Krug Property, afirmó que el gobierno inscribió el terreno a su nombre el 3 de julio de 2019 pues, a esa fecha, “no existía evidencia que acreditara el dominio a persona, entidad o agencia alguna”. La funcionaria precisó que en ese mismo año se había recibido una petición de traspaso de Sender Shub, uno de los ejecutivos de Krug Property, al tiempo que insistió que el predio “se encontraba en desuso y el mismo nunca fue un parque, ni aparece registrado como tal”.

Según surge del contrato de compraventa notarizado por la licenciada Grace Marie Figueroa Irizarry, el 19 de diciembre de 2020, a dos semanas del cambio de gobierno, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (Cedbi) autorizó la venta de la propiedad a Krug Property, tras concluir que “ya no es de utilidad pública y es susceptible para ser vendida”.

Metro solicitó ayer una entrevista con el presidente del Cedbi, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y secretario de Estado, Omar Marrero, pero el funcionario se limitó a enviar unas declaraciones escritas.

En sus expresiones, Marrero subrayó que, al momento del Cedbi autorizar la venta, el DTOP había determinado que el terreno carecía de “utilidad pública”, y añadió que la compraventa se realizó por el “justo valor de mercado”.

De acuerdo con Marrero, un informe de valoración de octubre de 2019 arrojó el precio de $145,000, cifra que fue revisada y validada en agosto de 2020 por la Oficina de Revisión de Tasación del DTOP.

Tanto el reglamento del Cedbi, organismo que se creó con la Ley 26-2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal, como la propia Ley 12-1975 exponen que los dueños de terrenos aledaños pueden recibir un “derecho de adquisición preferente” cuando el gobierno se dispone a transferir una propiedad pública, lo que abre la puerta a ventas directas, sin el requisito de un proceso competitivo.

Jim Taubenfeld, uno de los dueños de Krug Property, ha donado $7,100 en los pasados años a políticos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, según reportó ayer el portal EyBoricua.

En tanto, el proponente de Punta Krug, el condominio de 12 plantas para el que existe una solicitud de permiso de construcción activa, es el arquitecto José Fernando Vázquez Pérez, esposo de Monique Guillemard, quien a su vez es hermana del cuñado del gobernador Pierluisi, Andrés Guillemard.

El arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig dijo a este medio que el desarrollo propuesto incumple con las disposiciones especiales que rigen la planificación en la zona del Condado, incluyendo violaciones a la altura y densidad máxima permitidas para edificios residenciales.

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