El gobernador, Pedro Pierluisi Urutia, acompañado del secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, firmó el Proyecto de la Cámara 1367 que modifica el marco tributario relacionado al impuesto a las foráneas.
El proyecto se convirtió en la Ley 52 de 2022.
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“¡Gracias a todo el equipo de Dept de Hacienda y a los miembros de la Asamblea Legislativa por el trabajo en conjunto para garantizar estabilidad en este importante sector económico!”, escribió el gobernador en sus redes sociales.
La medida, que crea la “Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico”, sustituye el arbitrio a las empresas foráneas por una contribución sobre ingresos.
El proyecto legislativo, presentado por el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), busca atender el esquema tributario impuesto sobre el sector manufacturero tras la aprobación de la Ley 154-2010, también conocida como la “Ley para Establecer un Impuesto a las Corporaciones Foráneas”.
Según la exposición de motivos del Proyecto 1367, la propuesta legislativa evitaría cualquier efecto generado por el régimen de la Ley 154 sobre las arcas del gobierno. Ese objetivo, establecido en la legislación, fue avalado también por el componente fiscal del Gobierno, quienes participaron de un proceso de vistas públicas el pasado 13 de junio de 2022.
De acuerdo con la ponencia presentada en vista pública por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, la legislación considera también potenciales cambios que pudieran ocurrir en un futuro cercano con respecto a las propuestas hechas por la administración del presidente Joe Biden, para lograr proteger la permanencia de las empresas manufactureras en Puerto Rico.
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El Proyecto 1367 incluyó enmiendas para agregar cambios en la Ley 22, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, con el fin de “hacerle justicia a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, y garantizar las mismas oportunidades para que compitan en igualdad de condiciones”.
Según la exposición de motivos enmendada, al aprobarse la Ley 22 se creó una competencia desleal, “pues los y las residentes de Puerto Rico están asumiendo una carga contributiva mayor a la de los individuos inversionistas, limitando así su capacidad de competir en igualdad de condiciones con ese grupo que está exento de pagar contribuciones en esos renglones”.
