En medio de una batalla pública entre legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, acudió ante la comisión que atiende los asuntos electorales en la Cámara de Representantes, donde desmintió algunos de los planteamientos recientes de José Luis Dalmau, presidente del Senado y de la Pava.
Rosado Colomer, por ejemplo, recalcó que el Proyecto del Senado (PS) 909, aprobado en ese cuerpo el pasado sábado, en el último día para que las cámaras dieran paso a medidas nuevas, dispone que la CEE se organizará en 13 regiones que contarán, cada una, con una Junta de Inscripción Permanente (JIP). El Código Electoral vigente –que sería enmendado con el PS 909– estipula que desde el 30 de junio la CEE debe reducir las JIP a 12, mandato que Rosado Colomer reconoce no se cumplirá a tiempo, aunque estima que podrá lograrse para inicios de agosto.
El pasado domingo, luego de que la Cámara de Representantes dejara el PS 909 pendiente para la sesión legislativa que inicia en agosto, Dalmau envió un comunicado de prensa en el que acusó a la delegación popular de ese cuerpo de crear “un clima de incertidumbre laboral en la CEE” y “acelerar” los cierres de JIP programados para las próximas semanas.
Dalmau alegó también que, a través del mecanismo de Juntas de Inscripción Temporeras (JIT), la CEE pudiera haber mantenido oficinas de servicios a electores en los 78 municipios en caso de que el PS 909 se hubiera convertido en ley antes del 30 de junio.
El representante José “Conny” Varela, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, ripostó con declaraciones escritas en las que planteó que la consolidación de las JIP es un proceso que habría ocurrido independientemente del trámite que se le diera al PS 909, medida que en el Senado fue apoyada por el PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP), recibiendo la oposición del Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el legislador independiente José Vargas Vidot.
En su comparecencia de hoy ante la comisión, Rosado Colomer subrayó que la consolidación de JIP, que hasta el momento solo se ha completado en la región de Aguadilla, no implicará el despido de ningún empleado de la CEE. Sí aceptó que los oficiales de inscripción de las oficinas que sean consolidadas posiblemente deberán trasladarse mayores distancias para llegar a sus nuevos lugares de empleo.
“¿El que diga que con la política pública vigente electoral se van a perder puestos de oficiales de inscripción, le falta a la verdad?”, cuestionó el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, durante una breve intervención en la vista pública.
“Los puestos de oficiales de inscripción no se van a perder”, respondió Rosado Colomer, puntualizando que, a futuro, algunos se convertirán en empleados de los Centro de Servicios Integrados al Elector (CESI), con la tarea de asistir a electores en los trámites que, se prevé, puedan realizarse de manera digital.
“El que diga que van a perder sus trabajos le falta a la verdad”, enfatizó Hernández, quien ha tenido sus propios choques con Dalmau relacionados con diferencias sobre el presupuesto del país.
Por otro lado, el concepto de las JIT, ya está contemplado en el Código Electoral actual, añadió el presidente de la CEE, tratándose de una alternativa que el organismo pudiera activar a su propia discreción.
Varela, también vicepresidente de la Cámara, le preguntó si actualmente existen las condiciones para abrir una JIT en cada municipio, como sugirió Dalmau en sus expresiones públicas.
“Si me dejo llevar solo por las transacciones… le voy a dar el ejemplo concreto de Carolina, que mañana lo vamos a discutir (en el pleno de la CEE). En las últimas 13 semanas han ocurrido en Carolina 648 transacciones, de las cuales en Carolina solo se han hecho cerca de 427. Es un promedio de 6.5 transacciones diarias. Es decir, que quizás cuatro electores diarios van a las dos oficinas de Carolina. Si eso justifica o no el cierre, lo conversaremos mañana. Yo estimo que son muy pocas”, planteó Rosado Colomer, al añadir que existen JIP alrededor del país que pasan semanas completas sin “atender a un solo elector”.
Rosado Colomer aclaró que, típicamente, la actividad en las JIP incrementa en año electoral o cuando se celebra algún evento especial, como las elecciones para sustituir alcaldes.
Varela ha propuesto que las JIP, que tradicionalmente han superado las 100 a nivel isla, se mantengan en 40, o una por distrito representativo. El legislador le inquirió a Rosado Colomer si, en alguna reunión, el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, había sugerido una cantidad de JIP mayor a las 13 que se proponen en el PS 909, a lo que el presidente de la CEE respondió en la negativa.
Rosado Colomer mencionó que, en octubre de 2021, Torres fue uno de los cuatro comisionados electorales que favoreció que la reorganización de JIP incluyera 12 oficinas regionales fuera del área metropolitana y una especie de JIP central en San Juan. Ante el desacuerdo entre los comisionados, Rosado Colomer decidió alinearse con la propuesta del Proyecto Dignidad, que contemplaba, para propósitos geográficos, consolidar las regiones judiciales de San Juan y Carolina en una sola, alcanzando así la cifra de 12 regiones que ordena el Código Electoral.
Los representantes del PNP en la Comisión de Asuntos Electorales, liderados por José Aponte Hernández, ofrecieron “disculpas” a Rosado Colomer por su citación para abordar lo que catalogaron como disputas “internas” del PPD.
Varela, por su parte, insistió que era necesario aclarar el “récord” público y añadió que, en agosto atenderá las enmiendas al Código Electoral en un proceso de “apertura” que incluirá tanto vistas públicas como reuniones con líderes de todos los partidos políticos.
El actual Código Electoral fue avalado en 2020 exclusivamente con votos del PNP, ante las críticas de los demás cuatro partidos, incluyendo al PPD, cuya delegación en la Cámara baja propuso a inicios de cuatrienio un proyecto para derogar el estatuto.
