El Colegio de Médicos ha promovido algunas leyes que protegen los derechos de los pacientes y médicos del país y evitarían el colapso del sistema de salud, sin embargo, la aprobación de las medidas ha sido imposibilitada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston confirmó una sentencia previa dictada por la jueza Laura Taylor Swain que reconoce la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para detener la implementación de estas leyes.
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Las medidas habían sido detenidas debido a que no cumplían con la Sección 204 (c) de la Ley PROMESA que establece que la Legislatura no puede adoptar una ley hasta que la JSF certifique que la medida no presenta inconsistencias con el Plan Fiscal y el presupuesto.
La posición de la JSF ha dejado indefensos a pacientes y proveedores de salud e incrementó la migración de médicos y otros profesionales del país.
El gobierno de Puerto Rico ha legislado, pero no ha estado en la disposición de negociar con la JSF para implementar estas leyes promovidas por el Colegio de Médicos.
Tres de las legislaciones fueron aprobadas para adoptar en Puerto Rico legislaciones que ya son ordinarias en algunos estados de los Estados Unidos regulando estructuras creadas por las aseguradoras y administradores de beneficios de farmacia para controlar medicamentos a los que tienen derecho los pacientes por sus cubiertas contratadas.
Además, para imponerles a las aseguradoras otras obligaciones que garanticen la continuidad de servicios médicos a los pacientes en todo Puerto Rico.
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La objeción de estas leyes por parte de la JSF fue promovida por su anterior presidente, José Carrión III, quien ahora preside una de las principales aseguradoras de salud en Puerto Rico: MCS Healthcare Holding LLC.
Estas son las leyes que protegen los derechos de profesionales de la salud y que han sido detenidas por la JSF:
Ley 82-2019
La Ley 82-2019 busca crear una estructura reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia en Puerto Rico (PBM, por sus siglas en inglés).
Los PBM fueron creados a finales de los años 60 para procesar las reclamaciones de las aseguradoras relacionadas a medicamentos, pero en Estados Unidos, muchas veces, los PBM incurren en prácticas engañosas para maximizar sus beneficios, como el aumento de los precios de medicamentos de mayor uso.
En reacción al caso UD v. Merck & Co. Inc. donde se reclamaron $184.1 millones en danos y perjuicios por fraude, cambios de medicamentos, entre otras cosas, mas de 20 estados se sumaron a iniciativas legislativas que exigen a los PBM transparencia con la información u utilizan para por ejemplo determinar precios de medicamentos.
Con el caso Rutledge v. Pharmaceutical Care Management Association de 2020 el Tribunal Supremo estableció que los estados pueden reglamentar las entidades mediadoras que afectan más de $25 millones de pacientes en Estados Unidos. En Puerto Rico,
Ley 138-2019
La Ley 138-2019 es para enmendar el “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el fin de establecer que las organizaciones de servicios de salud no podrán denegar la solicitud de un medico para convertirse en proveedor.
Actualmente el país enfrenta una crisis de salud publica en cuanto al acceso a servicios médicos por la carencia de una red de proveedores suficiente, resultado de la migración de médicos que buscan mejores condiciones laborales.
Una de las barreras de acceso a la salud en el país es la practica de las aseguradoras al denegar y/o cancelar contratos a los médicos licenciados para ejercer la práctica de la medicina.
Ley 47
La Ley 47 busca la concesión de los decretos contributivos a los médicos de Puerto Rico para que tribute a una tasa fija de 4%.
Esta ley tiene un impacto presupuestario y fiscal, pero se creó para resolver una condición de inequidad, injusticia y segregación resultado de la concesión de decretos contributivos a una parte limitada de los médicos mediante la Ley 14-2017 y la Ley 60-2019.
El Colegio de Médicos reclama que los incentivos contributivos que fueron concedidos a la mayoría de los especialistas médicos en las leyes antes mencionadas sean extendidos a todos los médicos para superar la injusticia.
En el 2020 la JSF expresó su desacuerdo a la Ley 47 al gobierno de Puerto Rico y pidió que justificaran el impacto fiscal de la ley.
Durante semanas, agencias del gobierno como el Colegio de Médicos y AAFAF proveyeron la información requerida y estimaron que el impacto sería de unos $40 millones anuales.
Se habló de la posibilidad de limitar otros incentivos contributivos que no tienen la misma magnitud de interés público que la salud.
El Colegio de Médicos promovió la aprobación de la Ley 106-2020 que enmienda la Ley 47 que le impuso al Departamento de Hacienda la obligación de identificar y certificar medidas especificas necesarias para cubrir el costo fiscal para que la Ley 47 no fuera detenida por la JSF. Sin embargo, Hacienda no cumplió con la encomienda de la ley.
Ley 142-2020
La Ley 142-2020 enmienda el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico y la Ley de Farmacias de Puerto Rico, a los fines de prohibir que el criterio del médico sea alterado por las aseguradoras, requerirle a las aseguradoras una cubierta inmediata temporera, para que el paciente no se quede desprovisto de sus medicamentos hasta que se resuelva su reclamación.
La JSF entiende que la ley tiene un impacto en el presupuesto público.
ASES concluyó que las aseguradoras no han descargado adecuadamente sus obligaciones contractuales y reglamentarias sobre la entrega de información financiera, operativa y de calidad, provocando ambigüedad sobre las finanzas de proveedores de salud.
“El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico invita a esta administración que cumpla con las formalidades de la Ley PROMESA, pero también denunciamos públicamente el prejuicio, discrimen y la parcialidad de una Junta de Supervisión Fiscal que está pendiente de minucias fiscales que son esenciales para mejorar las condiciones de nuestro sistema de salid, pero obvia el problema evidente de las aseguradoras que administran el sistema público de salud”, expresó Carlos Diaz Vélez, presidente del Colegio Médico de Cirujanos en declaraciones escritas.
