La representante del Proyecto Dignidad (PD), Lissie Burgos, se expresó luego de radicar y retirar un proyecto en la Cámara de Representantes que proponía que el aborto sea tipificado como delito en el Código Penal de Puerto Rico con una pena de cárcel de 99 años.
En expresiones realizadas en sus redes sociales, Burgos, indicó que “ningún proyecto es perfecto”.
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“Es de conocimiento general que parte del quehacer legislativo es radicar y retirar medidas. Es prerrogativa del autor retirar alguna medida radicada. Ningún proyecto es perfecto. Es por esto que cada Proyecto abre un proceso de debate en el cual se reciben enmiendas”, indicó Burgos.
Sin embargo, la representante no descartó volver a traer la medida luego de que se le realicen varias enmiendas.
“No obstante, entiendo que se puede mejorar el lenguaje para darle protecciones adicionales a la mujer, quien enfrenta en carne propia esta difícil situación”, añadió.
El Proyecto de la Cámara 1407 establecía que “el delito de aborto será castigado con pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años y establecer causas de exclusión de responsabilidad penal aplicables a dicho delito; para enmendar el Artículo 99 de la Ley 146-2012, según enmendada, a los fines de disponer que el delito de aborto cometido por la mujer o consentido por ella, será castigado con pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años y establecer causas de exclusión de responsabilidad penal aplicables a dicho delito; para enmendar el Artículo 100 de la Ley 146-2012, según enmendada, para disponer que toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer embarazada y sobrevenga un parto prematuro con consecuencias nocivas para la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años o un término fijo de noventa y nueve (99) años si sobrevive la muerte de la criatura y para otros fines relacionados”.
En la exposición de motivos de la pieza se destacaba que la Constitución del Estado Libre Asociado reconoce el valor incalculable de la vida humana. También se destaca que en los Artículos 98, 99 y 100 del Código Penal en Puerto Rico se establece que el aborto es un acto ilegal.
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El proyecto proponía que en los casos en los que la vida de la madre esté en riesgo, el médico obstetra que la atiende debe certificar que el aborto es la única alternativa para salvar la vida de esta debido a complicaciones físicas acaecidas durante el embarazo o condiciones físicas preexistentes. En el caso de salud mental propone que “en todo caso, en el cual, la mujer embarazada padezca de una enfermedad mental que represente un peligro inminente para su vida, este hecho haya sido certificado con anterioridad al aborto por un psiquiatra autorizado para ejercer como tal en la jurisdicción de Puerto Rico”.
“Es importante destacar que el Proyecto contemplaba protección a la mujer: “Las disposiciones de este Artículo no serán de aplicabilidad a la mujer embarazada cuando medie coacción, intimidación, violencia o engaño hacia ella por parte de terceros. Tampoco serán de aplicabilidad a la embarazada menor de edad”.
En adición, el proyecto eximía de responsabilidad a la mujer que aborta por causa médica o mental al requerir del médico una certificación”, explicó Burgos en expresiones realizadas en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, alegó en declaraciones escritas que su colectividad no cree en criminalizar a las mujeres que se practican un aborto.
“Nuestro partido no cree en la criminalización de la mujer que se somete a un aborto. Por el contrario, creemos en ayudar a las mujeres que han atravesado o están considerando atravesar un proceso de aborto, mientras defendemos con firmeza el derecho de la criatura por nacer”, expresó Vázquez Muñiz.
