La representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos, presentó ayer un proyecto de ley para que el aborto sea tipificado como delito en el Código Penal de Puerto Rico con una pena de cárcel de 99 años. Sin embargo, la medida se retiró ayer mismo.
La acción de la legisladora conservadora se dio horas después que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara la histórica decisión Roe vs Wade y dejara en manos de los estados el tema del aborto.
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El Proyecto de la Cámara 1407 establecía que “el delito de aborto será castigado con pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años y establecer causas de exclusión de responsabilidad penal aplicables a dicho delito; para enmendar el Artículo 99 de la Ley 146-2012, según enmendada, a los fines de disponer que el delito de aborto cometido por la mujer o consentido por ella, será castigado con pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años y establecer causas de exclusión de responsabilidad penal aplicables a dicho delito; para enmendar el Artículo 100 de la Ley 146-2012, según enmendada, para disponer que toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer embarazada y sobrevenga un parto prematuro con consecuencias nocivas para la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años o un término fijo de noventa y nueve (99) años si sobrevive la muerte de la criatura y para otros fines relacionados”.
En la exposición de motivos de la pieza se destacaba que la Constitución del Estado Libre Asociado reconoce el valor incalculable de la vida humana. También se destaca que en los Artículos 98, 99 y 100 del Código Penal en Puerto Rico se establece que el aborto es un acto ilegal.
El proyecto proponía que en los casos en los que la vida de la madre esté en riesgo, el médico obstetra que la atiende debe certificar que el aborto es la única alternativa para salvar la vida de esta debido a complicaciones físicas acaecidas durante el embarazo o condiciones físicas preexistentes. En el caso de salud mental propone que “en todo caso, en el cual, la mujer embarazada padezca de una enfermedad mental que represente un peligro inminente para su vida, este hecho haya sido certificado con anterioridad al aborto por un psiquiatra autorizado para ejercer como tal en la jurisdicción de Puerto Rico”.
“Resulta imperante reconocer que ante la sacralidad de la vida del ser humano que se desarrolla en el vientre materno la proporcionalidad de las penas debe ir enfocada en la defensa del concebido, pero no nacido. Por lo que no puede quedar impune en nuestro ordenamiento jurídico la continuidad de un acto ilegal como es el aborto, salvo cuando medie un peligro inminente para la vida de la madre. Reconocemos que no puede ser penalizada una mujer embarazada, independientemente de su edad, cuando medie coacción, intimidación, violencia o engaño hacia ella por parte de terceros”, establecía la medida propuesta.
Anoche, al cierre de la sesión de la Cámara de Representantes, se pidió el retiro del proyecto.
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La autora del proyecto de siete páginas es la misma legisladora que planteó que las mujeres pueden ser responsables del acoso sexual en su contra. Burgos dijo el viernes pasado que limitar el aborto en Puerto Rico es necesario para salvaguardar la raza puertorriqueña ante la baja natalidad en el archipiélago.
Actualmente hay otra medida en trámite legislativo para restringir el aborto después de la semana 22 de gestación. Esa pieza fue aprobada en el Senado, pero en la Cámara de Representantes no se atendería hasta la próxima sesión cuando se anticipó por el presidente cameral, Rafael Tatito Hernández, que habrán vistas públicas.
