El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, estableció que el estado de derecho vigente en Puerto Rico no ha sido trastocado por la opinión emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos que revoca la jurispruencia que reconocía una protección constitucional al aborto, por lo que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no procesará a las mujeres o profesionales de la salud por la práctica de dicho procedimiento en la isla.
“Como hemos expresado, el Artículo 98 del Código Penal de 2012 permite el aborto con indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre. A su vez, en el caso Pueblo v. Duarte Mendoza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal. La revocación del caso Roe v. Wade, por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tras concluir que no emana de la Constitución de los Estados Unidos un derecho al aborto, no tuvo el efecto de derogar esta normativa”, explicó el secretario, tras realizar un análisis detallado de la normativa.
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El secretario indicó que, conforme a la opinión escrita por el juez Samuel Alito y avalada por la mayoría del alto foro judicial federal, “ahora corresponde a los estados y territorios tomar las acciones que entiendan pertinentes para regular y legislar sobre este tema”.
“Confiamos que en ese ejercicio responsable se examinen todas las circunstancias que rodean a una mujer que opta o se ve en la obligación de terminar un embarazo, así como el criterio de los profesionales de la salud expertos en el tema”, dijo.
“El Departamento de Justicia continuará acatando todas las disposiciones legales y jurisprudenciales, estatales y federales, vigentes y que sean aprobadas en un futuro, pero siempre mediante la aplicación justa y sensible hacia el ser humano. Ese es nuestro compromiso con todos los sectores de nuestra sociedad, como defensores de la ley y los derechos de los ciudadanos”, resaltó Emanuelli Hernández.
La Corte Suprema de Estados Unidos revocó el viernes las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años, en una decisión de su mayoría conservadora que anuló el caso Roe vs. Wade. Se espera que el paso conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados de la Unión Americana.
La decisión, impensable hace apenas unos años, fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto, que fueron posibles gracias a una derecha del tribunal que se vio fortificada por tres jueces designados del entonces presidente Donald Trump.
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Alito, en la opinión final difundida el viernes, escribió que los fallos Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey —la decisión de 1992 que reafirmó el derecho al aborto— estaban equivocados el día en que se decidieron y debían ser anulados. La autoridad para regular el aborto corresponde a los poderes políticos, no a los tribunales, escribió Alito.
En Puerto Rico, el Senado de la isla aprobó el martes una ley que prohibiría los abortos a partir de la 22da semana de gestación o cuando un médico determine que el feto es viable, con la sola excepción de si la vida de la mujer está en peligro. La propuesta está ahora en manos de la Cámara de Representantes.
