Las senadoras Ana Irma Rivera Lassén (MVC), María de Lourdes Santiago Negrón (PIP), Migdalia González Arroyo (PPD), Elizabeth Rosa Vélez (PPD) y Rosamar Trujillo Plumey (PPD), junto a los senadores Rafael Bernabe Riefkohl (MVC), José Vargas Vidot (IND) y Juan Zaragoza Gómez (PPD), radicaron hoy el Proyecto 929 para para crear la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes.
Según indicaron, la medida busca ratificar, defender y codificar mediante ley el derecho al aborto reconocido al amparo del derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico.
PUBLICIDAD
“En el día de hoy se supo oficialmente la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) sobre el derecho a interrumpir un embarazo. Sin embargo, el estado de derecho en Puerto Rico sigue siendo que el aborto es legal para proteger la vida y salud de las mujeres y personas gestantes. Mediante este proyecto queremos darle seguridad a ese estado de derecho, que no se menoscaben sus derechos sexuales y reproductivos. Que no se confunda nadie, no hay crisis legal, no hay crisis de abortos realizados sin reglamentación como dicen las personas anti-derechos. Tampoco hay miedo a defender nuestros derechos. No podemos retroceder al pasado de dolor y sangre de quienes no pudieron tener un aborto seguro”, expresó la senadora Rivera Lassén.
Por su parte, la senadora Santiago Negrón aseguró que “la determinación del TSEU, que entrega al Estado el control del cuerpo de las mujeres, es el anticipo de otras iniciativas para menoscabar más derechos humanos y civiles. En ese escenario es imperativo que desde la Asamblea Legislativa se escuchen las voces que creemos en la defensa de esos derechos, y eso es lo que representa esta medida”.
La medida expone cómo históricamente “se ha pretendido ejercer control sobre los derechos reproductivos de las mujeres”, cómo en Puerto Rico existe el derecho al aborto desde 1902 y cómo se ha reiterado su importancia en numerosas veces. El caso normativo es Pueblo v. Duarte Mendoza, resuelto en 1980, el cual ató directamente el derecho al aborto con el derecho constitucional a la intimidad.
“Es lamentable la decisión del TSEU, - el más conservador en la historia reciente- que después de muchos años de luchas por los derechos reproductivos de las mujeres esta decisión representa un retroceso. Con este fallo se anula el derecho constitucional al aborto que había existido por más de 50 años en EU tras la sentencia en el caso de Roe vs Wade. No obstante en la constitución de Puerto Rico sí está garantizado el derecho a la intimidad que les permite a las mujeres decidir sobre su cuerpo y el tratamiento médico que necesita. Con esta decisión se afectan las mujeres más vulnerables y deprimidas económicamente, que tendrán que recurrir a otros medios que pueden poner en riesgo su vida y seguridad. Ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo debemos permitir se eliminen derechos a las mujeres”, manifestó la senadora González Arroyo.
Por otro lado, el senador Vargas Vidot reiteró que “la decisión emitida hoy supone un daño irreparable para los derechos de las mujeres y las personas gestantes, además de la peligrosa puerta que queda abierta para que se continúen restando derechos arduamente luchados y basados en el derecho a la intimidad. No podemos quedarnos de manos cruzadas y, con este proyecto, pretendemos garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres y personas gestantes como derechos fundamentales bajo la Constitución de Puerto Rico”.
PUBLICIDAD
La medida también fue radicada hoy en la Cámara de Representantes por la representante Mariana Nogales Molinelli (MVC) y los representantes José Bernardo Márquez Reyes (MVC) y Denis Márquez Lebrón (PIP). Se trata del P. de la C. 1403.
“Ante esta embestida anti-derechos tenemos que reafirmar que en Puerto Rico seguimos teniendo derecho a decidir. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos actuar para preservar ese derecho, para que quede meridianamente claro que aquí no vamos a permitir más retrocesos que pongan en riesgo nuestra libertad, nuestra salud y nuestra vida”, concluyó la representante Nogales Molinelli.
