La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR), Linda Ayala Bousson, lamentó la decisión del Tribunal de Apelaciones federal que valida la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal para detener leyes aprobadas por el gobierno local en beneficio de los pacientes y proveedores de salud. Entre estas leyes objetadas por la Junta está la Ley 82 de 2019 que regula a los manejadores de servicios de farmacia (PBM’s por sus siglas en inglés), en controversia desde el 2019.
“Lamentamos la decisión del Tribunal que avala la paralización de la ley que regula a los PBM’s permitiendo que estas entidades continúen tomando decisiones que afectan a nuestros pacientes y proveedores de salud, sin que ninguna agencia del Estado tenga jurisdicción para pasar juicio sobre sus acciones”, indicó la ejecutiva.
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Los PBM’s y los PBA’s son el único eslabón entre los proveedores de salud que no están regulado, a pesar de su rol como intermediarios con relación a los beneficios de farmacia que negocian, los servicios y los costos de medicamentos entre las farmacéuticas, el Gobierno, compañías de seguros, las empresas y los clientes, así como con las farmacias. Estos son los intermediarios entre los planes médicos y las farmacias que administran la cobertura del plan de medicamentos de miles de pacientes en la Isla a través de contrataciones con las farmacias. Además, deciden que medicamentos se incluyen o excluyen de los formularios de medicamentos y los que deciden de forma arbitraria, cuánto se les paga a las farmacias por esos medicamentos que le despachan al paciente.
“Ahora más que nunca continuaremos la batalla para buscar opciones para que sean regulados por las limitaciones que los pacientes experimentan en el acceso a los medicamentos y a los tratamientos para sus condiciones de salud. Le hacemos un llamado urgente al Gobernador, al Departamento de Salud y la Asamblea Legislativa para que se ausculten las opciones para regular algunos aspectos”, indicó la ejecutiva.
