El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston determinó que se dejarán sin efecto varias leyes relacionadas a proveedores de la salud entre las que se encuentra la Ley 82 del 2019, conocida como la Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia.
La Ley 82 no fue certificada por la Junta de Control Fiscal luego de que se estimara que esta costaría uno $30 millones. Posteriormente, fue dejada sin efecto por la jueza federal Laura Taylor Swain en el caso de quiebra de Puerto Rico y posteriormente pasó a manos del foro federal en Boston.
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La ley 82 buscaba crear la Oficina del Comisionado Regulador de los PBM.
Los PBM y PBA son intermediarios entre los planes médicos de salud y las farmacias, que administran la cobertura del plan de medicamentos de miles de pacientes en la Isla a través de contratos con las farmacias. Estos deciden qué medicamentos se incluyen o excluyen de los formularios de medicamentos y cuánto se les paga a las farmacias por esos medicamentos que le despachan al paciente.
En una conferencia de prensa llevada a cabo en mayo de este año, el gobernador Pedro Pierluisi, indicó que esperaba que el apelativo federal diera paso a la Ley 82.
En una nota publicada en junio del 2020 en Metro Puerto Rico, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Linda Ayala Bousson tildó de “sabotaje” la impugnación de la ley por parte de la Junta de Control Fiscal.
“Luego de más de diez años de trabajo para lograr esta legislación, es injusto que se vaya a permitir que estas entidades sigan tomando decisiones que afectan a nuestros pacientes y proveedores de salud, sin que ninguna agencia del Estado tenga jurisdicción sobre sus acciones. Al detener esta legislación, se deja desprovistos a pacientes y farmacias de un recurso que incide sobre la salud de todo aquel que tenga un plan médico público o privado. Deja a los pacientes con limitaciones en el acceso a los medicamentos, a los tratamientos para sus condiciones de salud y evita reducir el alto costo de los medicamentos”, expresó la ejecutiva en una comunicación escrita en ese momento.
El Tribunal Apelativo de Boston además dejó sin efecto la Ley 138 para imponer normas en cuanto a la relación entre proveedores y planes médicos. La Ley 176 para la Transformación del Recurso Humano Gubernamental y la Ley 47 para expandir los profesionales médicos cobijados najo el beneficio contributivo del 4%.