El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, recalcó hoy ante la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico que los acuerdos entre el Departamento de Hacienda y el Tesoro Federal quedaron establecidos en el Proyecto de la Cámara 1367, aprobado ayer por la Cámara de Representantes y que propone enmendar el impuesto a las corporaciones foráneas.
Aseguró que incluye “todos los aspectos de esa transición” y “cómo se debía dar esa transición del arbitrio a la contribución sobre ingresos”.
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El secretario depuso como parte de una vista pública de la comisión que preside el senador Juan Zaragoza Gómez para atender la resolución del Senado 24, que busca realizar una investigación sobre las posibles alternativas disponibles para que el gobierno pueda sustituir los ingresos que produce al fisco el arbitrio creado por la Ley 154–2010.
La resolución del Senado 24, en su exposición de motivos, establece que en el 2019, el entonces Secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, solicitó al Gobierno de Puerto Rico un plan que permitiese iniciar la eliminación progresiva del crédito federal al arbitrio que impuso la Ley 154-2010 a las corporaciones foráneas, reclamando que no es compatible con las disposiciones federales actuales, tras reformarse la manera en que tributan las empresas con operaciones fuera de los Estados Unidos en el año 2017.
“Esta solicitud reafirma el interés del Gobierno de ese país de poner en peligro un decreto que fue adoptado de forma temporal”, establece.
La Ley 154-2010 impuso un arbitrio sobre las ventas de las corporaciones foráneas en Puerto Rico -que les beneficia con el reconocimiento de un crédito federal de 100%-, lo cual genera al Gobierno de la Isla alrededor de $2,000 millones anuales, que equivalen a un 22% de los ingresos totales al Fondo General, que fluctúa en los $9,000 millones.
El Departamento del Tesoro Federal estableció como fecha límite el 1 de enero de 2023 para que estas compañías ubicadas en Puerto Rico puedan solicitar el impuesto de 4% con el que deben cumplir en la esfera local. Esta disposición federal se relaciona con la aprobación de la Ley 154 de 2010 que adoptó una Regla de Fuente de Ingresos Modificada y un arbitrio temporero que aplica cuando los ingresos brutos de la entidad afiliada vendedora exceden $75,000,000.
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El arbitrio, se estableció como una medida temporal que se eliminaría gradualmente luego de seis años a partir de la fecha en que fue firmada la ley en el 2010. Los ingresos por este arbitrio representan cerca del 25% de los ingresos al Fondo General.
Durante su ponencia, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que “los recaudos ingresados al fisco bajo la Ley 154 representan alrededor de 16% de la base contributiva que ingresa al Fondo General. Aparte de la aportación a los recaudos del Gobierno de Puerto Rico mediante el pago de las contribuciones antes mencionadas, el sector manufacturero del País inyecta nuestra economía con la creación de múltiples empleos directos e indirectos e inversiones de capital. Por lo tanto, es de suma importancia considerar los potenciales cambios en el tratamiento contributivo federal sobre estas entidades que pongan en riesgo su permanencia en Puerto Rico y, por consiguiente, el recaudo del arbitrio”.
En la vista, también se expresó el vicepresidente de Pharmaceutical Industry Association of Puerto Rico (PIA), Rafael Castro, y el presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la Asociación de Industriales, Carlos Serrano, cuyas industrias manufactureras se podrían ver afectadas si se aprueba la medida.
Serrano enumeró algunas alternativas para ampliar las normas operacionales en la isla. Dijo que una transición correcta del régimen impositivo debería contemplar los modelos operacionales de las compañías que manufacturan en Puerto Rico como son las operaciones con sede en Estados Unidos, operaciones con sede en otros países.
“Modelos en los que la operación de Puerto Rico tiene suficiente propiedad intelectual como para derivar ganancias amplias de la producción de ellos, de la venta de sus productos”, señaló.
Por su parte, Zaragoza Gómez, expresó que la preocupación con el proyecto “es lograr ese balance delicado entre la salud financiera del país y mantenernos competitivos”.
“No podemos caer en la trampa de ver este proyecto como cuadre de caja y sin perder de vista unos objetivos macroeconómicos”, expresó el senador.
Mientras, el Proyecto de la Cámara 1367, aprobado ayer por el cuerpo legislativo, configuraría el nuevo tratamiento contributivo a las empresas foráneas y que sustituiría más de $1,000 millones que actualmente genera el arbitrio que pagan estas compañías. Dicha medida pasa ahora para la evaluación del Pleno del Senado, antes de que culmine esta sesión ordinaria.
“Resulta medular que la transición de la Ley 154 que propone el PC1367 se lleve a cabo en una medida separada e independiente de las demás enmiendas contributivas que están siendo evaluadas por esta Asamblea Legislativa. Conforme a conversaciones llevadas a cabo con el Tesoro Federal, las guías que estarían emitiendo para propósitos de atender la acreditación del nuevo régimen contributivo de las compañías harían referencia directa a la ley aprobada para la transición”, dijo Parés Alicea.
“Si esta medida es consistente con el Plan Fiscal, por más reparos que pueda tener la Junta, en el balance de las cosas estamos en buena posición para combatir e implementar una ley… No, nos podemos dar el lujo de tener una pieza legislativa [que no sea] implementable; ya sea porque viole los acuerdos con el Tesoro Federal, ya sea porque viola el principio de neutralidad fiscal incluida en el Plan. Mi invitación a la Rama Legislativa es que logremos ese consenso de poder tener una pieza legislativa presentable ante el Tesoro Federal y que sea implementable dentro del contexto de PROMESA”, añadió.
Se expresa la Junta
La Junta de Supervisión Fiscal le solicitó, por su parte, a la Cámara de Representantes que no le incluya al PC1367 reformas contributivas adicionales o medidas que no estén vinculadas con el objetivo principal del estado el cual se reduce a garantizar que estas empresas permanezcan en la isla debido a que generan el 20% de los recaudos del erario, aproximadamente.
Asimismo, el ente fiscalizador le dijo al cuerpo legislativo que evite que la sustitución al arancel del 4% a las compañías foráneas para que esto no tenga una repercusión negativa en las disposiciones del plan fiscal.
