El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia determinó que la compañía New Fortress Energy en Puerto Rico construyó en forma ilegal el Terminal de Gas “Natural” Licuado (GNL) en San Juan y tendrá que someterse a las regulaciones de la Comisión Reglamentadora de Energía Federal (FERC, por sus siglas en inglés).
Organizaciones que forman parte de la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) celebraron la decisión porque ahora podrán presentar sus argumentos contra la ubicación del terminal, por el riesgo para las comunidades cercanas en caso de explosión y por la contaminación del aire del gas metano. El fallo del tribunal rechazó el argumento de New Fortress de que la tubería en la instalación de San Juan no calificaba como gasoducto, a lo que FERC insistía que sí y por eso tenía jurisdicción. El planteamiento de FERC prevaleció.
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“Este caso nos da la razón cuando decíamos que New Fortress operaba ilegalmente y no se preocupaba por las leyes ni la seguridad de los puertorriqueños. Trató de burlar a la agencia federal que debido a las denuncias comunitarias ha reclamado finalmente jurisdicción sobre la planta de gas metano. Confiamos que ahora los residentes y grupos ambientales locales podamos participar del proceso de solicitud de esta empresa para así poder presentar los peligros que esta planta significa para la gente y el ambiente. El gas metano no es la solución para Puerto Rico. La energía solar en techos, sí lo es”, expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Enlace Latino Acción Climática.
“Es un triunfo judicial para las comunidades porque al fin un tribunal certifica nuestro reclamo por la vida de la gente en una lucha de años. Esta compañía New Fortress ni siquiera cumplió con tener una consulta de ubicación y alegaban que no requerían el permiso federal de FERC. Se demuestra que no se pueden hacer las cosas así, porque literalmente se construye a la cañona y piensan que, literalmente, es mejor pedir perdón, que pedir permiso. Ahora tienen que someterse a un proceso tardío y no es justo porque ya se construyó. Eso es lo que ha ocurrido en Bahía de Jobos, en todos los proyectos sin permiso en el país. Ya eso se tiene que acabar. Aquí habría que paralizar procesos y movernos a energía renovable. A largo plazo con este terminal de gas licuado se afecta la salud por respirar esas toxinas pero en caso de una explosión, que podría afectar a la gente que pasa por la avenida Kennedy, a los que viven en comunidades cercana, ¿cómo compensas la pérdida de vidas humanas? Por ahí está la zona portuaria por donde entra el 80% de los alimentos a Puerto Rico. Es un potencial de desastre enorme. Nada de eso se tomó en cuenta porque no hubo proceso de permisos”, planteó Myrna Conty, portavoz de AERA.
La organización Earthjustice se había unido como amigo de la corte en este caso. Tras la decisión, “New Fortress ahora debe continuar cumpliendo con la orden de FERC que le exige presentar una solicitud para así evaluar si es meritorio obtener un permiso para el uso de los terminales. Este proceso de solicitud permitirá a las comunidades vecinas y al público puertorriqueño las primeras oportunidades para desafiar la falta de seguridad y consideraciones ambientales por las que nuestros clientes han exigido una revisión desde que New Fortress comenzó ilegalmente la construcción de la terminal en 2019. Estamos reivindicados por la orden del Circuito de D.C. que rechazó los continuos intentos de New Fortress de dejar a un lado a los más amenazados por sus operaciones y proteger los derechos de nuestros clientes y las comunidades que representan. Continuaremos exigiendo una declaración de impacto ambiental y de seguridad pública rigurosa, de conformidad con la Ley de Política Ambiental para responsabilizar a New Fortress por las amenazas climáticas, ambientales y de seguridad pública de sus operaciones”, declaró Jordan Luebkemann, abogado de Earth Justice.
Sary N. Rosario, residente de Puerto Nuevo Norte, manifestó que “como comunidad llevamos luchando desde el 2019 contra el peligro y la contaminación que New Fortress Energy representa para las comunidades aledañas al Puerto de San Juan. Estábamos decepcionados del sistema judicial en Puerto Rico. Tanto el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, como el Tribunal de Apelaciones desestimaron una demanda de grupos ambientales contra las irregularidades con las cuales comenzó a operar la planta de gas metano sin consulta de ubicación, ni declaración de impacto ambiental, ni permiso federal de la Agencia Reguladora de Energía de Estados Unidos. No encontramos justicia en nuestro sistema local, pero continuamos luchando por la ecojusticia de diversas maneras. Cuando en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, donde tres jueces evaluaron la evidencia presentada y determinaron que New Fortress sí tiene que someterse al proceso del permiso de FERC al fin vimos esperanza en que aún hay sensatez en el sistema judicial aunque no sea a nivel local. Es lamentable que tanto comunidades como organizaciones ambientales tengamos que recurrir a nivel federal porque el tribunal local ni siquiera vio el caso en sus méritos”.
