El representante independiente Luis Raúl Torres, junto al presidente de la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, y legisladores de cuatro partidos presentó dos medidas que buscan conceder a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el rol de supervisión sobre el contrato de Luma Energy, relevando así a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) de esa función.
“No pretendemos que la (AAPP) tenga pericia en todos los casos que eventualmente se convierten en Alianza Público Privada, pero en el caso particular del tema de energía eléctrica, que es un tema crucial para los puertorriqueños y para la economía de Puerto Rico, entendemos que debe ser un requisito indispensable que la persona o entidad que supervise la Alianza Público Privada de Luma tenga conocimiento total del manejo de las infraestructuras y de la distribución de energía eléctrica en Puerto Rico”, lee la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara (PC) 1397.
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El proyecto fue suscrito por Torres; toda la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Johnny” Méndez y Víctor Parés, del Partido Nuevo Progresista; Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana; y Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad.
La medida enmienda la ley orgánica de la AAPP para que estipule que la corporación pública supervisará los contratos de alianzas público privadas “excepto en el caso de los contratos de alianzas público privadas en los que la Autoridad de Energía Eléctrica sea la Entidad Gubernamental Participante”.
El PC 1397 también introduce unas enmiendas técnicas a la Ley 17 de Política Pública Energética para hacerla compatible a los ajustes que se proponen para el estatuto que regula las alianzas público privadas. Entre otros cambios al lenguaje, la medida dispone que la AEE, además de retener, “reclutará” los empleados que sean necesarios para “cumplir con su responsabilidad como Entidad Gubernamental Participante, según dicho término es definido en la Ley 29-2009 (de la AAPP), en la supervisión del cumplimiento por el Contratante con el Contrato de Alianza y las métricas de desempeño que se incluyan en el mismo”.
Junto al PC 1397, el mismo grupo de legisladores radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 349, que ordena enmendar el contrato de operación otorgado a Luma Energy para remover a la AAPP de su rol de administrador del pacto en favor de la AEE.
Luma Energy, desde junio de 2021, opera la transmisión y distribución de energía, así como las áreas de finanzas y servicio al cliente que antiguamente estaban en manos de la AEE. La AEE, por su parte, mantiene control sobre la generación de electricidad, aunque la política pública de la administración de Pedro Pierluisi incluye transferir igualmente esa función a entes privados.
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El representante Torres, quien se desafilió del PPD en mayo, indicó en declaraciones escritas que el representante pipiolo Denis Márquez se abstuvo de convertirse en coautor de las medidas por desacuerdos con la exposición de motivos y porque la postura del Partido Independentista Puertorriqueño es a favor de la cancelación del contrato de Luma Energy. Sin embargo, Torres aseguró que el legislador votaría a favor de ambas iniciativas.
Torres preside la comisión que atiende los asuntos energéticos, que evaluará ambos proyectos.
Anteriormente, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, se ha opuesto a que se traspasen a la AEE las funciones de supervisión que ejerce la entidad que lidera.
“Tenemos el peritaje. La mayoría de mi equipo son abogados de energía, son ingenieros. Pero lo más importante es lo que mencioné anteriormente, Luma no es un consultor. Ellos no nos dicen a nosotros y nosotros no le damos instrucciones a ellos de qué tienen que ir a atender o de qué manera. Son la entidad que corre el sistema de transmisión y distribución”, dijo Fontanés a Metro en una entrevista en abril, cuando mencionó que la AAPP cuenta con entre 10 y 15 empleados dedicados a la supervisión del contrato de Luma Energy.
“Si vamos al contrato y vemos nuestras funciones, es cumplimiento contractual asegurarnos de que se cumpla con todo lo que establece el contrato. Puedo garantizar que estamos haciendo nuestra función”, afirmó el funcionario.
En varias ocasiones, el gobernador Pierluisi ha vetado medidas legislativas dirigidas a ajustar las disposiciones del contrato de Luma Energy. Entre otros elementos, el primer ejecutivo ha planteado que avalar los proyectos violaría la cláusula constitucional que prohíbe el menoscabo de contratos.
“Esos roles han estado bastante bien pensados, haciendo lo que se ha hecho en más de dos docenas de sistemas eléctricos a través del mundo. Este tipo de separación absoluta es esencial para el tipo de servicio y futuro energético que quiere Puerto Rico”, manifestó, por su parte, el jefe de Asuntos Regulatorios de Luma Energy, Mario Hurtado, en otra entrevista realizada en abril.
El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, en tanto, ha dicho que la corporación pública se encuentra “en la mejor disposición de cooperar y seguir ayudando en todo lo que sea necesario, de acuerdo a lo que entienda el Negociado (de Energía), la Legislatura y todas las entidades que intervinieron en este andamiaje”.
