El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó una orden ejecutiva (OE) estableciendo un Comité Asesor, el cual estará adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico (DS), para brindar las guías y recomendaciones al secretario Carlos Mellado López en cuanto a la distribución y el uso de los fondos que recibirá Puerto Rico como resultado del acuerdo en pleito por la epidemia de opioides.
Puerto Rico estará recibiendo sobre $100 millones como parte de una transacción que culminó uno de los litigios incoados a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en representación del Gobierno de Puerto Rico, contra farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opioides. La sentencia del acuerdo ordena la creación de un Comité Asesor.
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A esos fines, el gobernador Pierluisi firmó la Orden Ejecutiva que establece que el Comité Asesor se organizará antes del 30 de junio de este año, una vez sean nombrados sus miembros. Igualmente, que todos los designados deben contar con experiencia, peritaje y educación en aspectos salubristas como salud pública, problemas de uso de sustancias y adicciones, trastornos por uso de opioides, prevención, educación y tratamientos, entre otros asuntos detallados en la OE que sean necesarios para asegurar el funcionamiento efectivo del Comité Asesor.
“Este Comité Asesor es el primer paso para establecer las guías y recomendaciones en cuanto a los fondos que recibirá Puerto Rico para atender la epidemia por opioides que ha afectado a miles de familias en la Isla y otras jurisdicciones de los Estados Unidos y el mundo. En mi gobierno vamos a garantizar que estos fondos sean utilizados conforme a la sentencia y que procuremos programas de prevención y educación, así como tratamientos para contrarrestar el uso y abuso de estas sustancias. No queremos perder ni una vida más como consecuencia de la adicción a estas drogas y utilizaremos estos recursos para prevenir muertes y salvar vidas”, sostuvo el gobernador Pierluisi.
El Comité estará compuesto por 13 miembros y será presidido por el secretario del Departamento de Salud, quien no tendrá voto, excepto cuando se requiera el voto decisivo por empate entre los miembros. El gobernador de Puerto Rico nombrará seis miembros, mientras que los otros seis designados serán nominados por la Federación de Alcaldes (3) y la Asociación de Alcaldes (3).
Las recomendaciones del Comité Asesor podrán tomar en consideración iniciativas o actividades en gobiernos estatales y federales que hayan demostrado ser efectivas en la prevención y tratamiento, para individuos o familias, de trastornos causados por el uso de sustancias controladas. El Comité también puede recomendar acciones para abordar la crisis de opioides en la Isla y recomendar financiamiento de programas o iniciativas específicas. Asimismo, podrán sugerir estrategias medibles para determinar la efectividad y supervisar la asignación y el uso de los fondos.
El objetivo del Comité es que se produzcan recomendaciones para procurar la reducción en el uso y abuso de opioides, tomando en cuenta las necesidades de Puerto Rico en áreas de prevención, educación y tratamientos. También, que se incluyan programas que reflejen las necesidades particulares de las comunidades. Para lograr estos objetivos, el Comité Asesor deberá recopilar y evaluar datos sobre programas y servicios de prevención y tratamiento de trastornos en el uso de sustancias como los opioides. Igualmente, pedir la participación y comentarios de partes interesadas en cuanto a las necesidades de servicios para prevenir y tratar los trastornos por uso de sustancias controladas en la Isla.
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El Comité Asesor brindará en este año sus recomendaciones en cuanto a cómo se deben distribuir los primeros fondos que reciba Puerto Rico, ya que la distribución de los $100 millones será de aproximadamente $5 millones anuales por los próximos 18 años. A partir del próximo año (2023) y cada año subsiguiente, el Comité deberá brindar sus recomendaciones al secretario del Departamento de Salud en o antes del primer día del mes de mayo de cada año.
En los pleitos se argumentó que las compañías distribuidoras no informaron debidamente sobre la capacidad adictiva de los medicamentos derivados del opio y establecieron tácticas de mercadeo agresivas para fomentar el uso de sus productos entre personas que padecían dolores desde moderados a severos. Además de la compensación económica, se impuso una prohibición para que estas empresas detengan las prácticas que provocaron la emergencia de salud pública a nivel nacional.
