El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, solicitó al presidente de la Cámara de Representantes que comience una investigación sobre todos los empleados de su oficina.
Esto luego de una denuncia realizada por la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado, sobre un empleado de la oficina del representante que supuestamente llamó a la agencia para que se favoreciera un contrato a favor de una compañía de asfalto. Posteriormente, la funcionaria indicó que se trata de Manuel Matos, mano derecha del representante.
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Tras salir a relucir el nombre del empleado, Rodríguez Aguiló, indicó que no le renovará el contrato a Matos hasta que culmine la investigación. Del mismo modo, aseguró que el empleado no “volverá a trabajar” en su oficina si se concluye que realizó el trámite para favorecer a la compañía.
“Manuel Matos que fue señalado, el nombre que ella utilizó, es un contratista, su contrato vence en junio 30, tiene que facturar los últimos trabajos que hizo y no le voy a renovar el contrato hasta tanto y en cuanto termine la investigación”, indicó el representante.
Rodríguez Aguiló asegura que nunca fue contactado por Mercado para avisarle sobre el asunto.
Además aseguró que por su parte nunca ha llamado para que se favorezca un contrato de alguna compañía en la ASG.
Mercado indicó en entrevista con WKAQ 580 que desde la oficina del representante novoprogresista llamaron para que la ASG contratara a una compañía en específico que se dedica a trabajos de asfalto.
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“Nosotros no aceptamos llamadas para que contratemos ciertas compañías o le demos espacio a ciertas compañías, como las hemos recibido en todo este proceso de tratar de hacer las compras transparente”, expresó Mercado.
Al ser abordada sobre la llamada que recibió su agencia por parte de personal de la oficina de un legislador esta respondió: “Personal de la oficina del representante Rodríguez Aguiló llamó a personal de mi staff de confianza procurando la contratación de una compañía en particular”.
Mercado aclaró que este acto no es ilegal, sin embargo aseguró que no aceptan llamadas de funcionarios públicos ni otras figuras para que se favorezca la contratación de una compañía en específico para brindar servicios al gobierno.
“Ciertamente el acto de por sí no es un acto ilícito pero sí en procesos competitivos le resta a lo que es la transparencia que muchos estamos buscando”, añadió.
Por su parte, Rodríguez Aguiló ha señalado en varias ocasiones que se trata de un “golpe político” por su “fiscalización” a los trámites de contratos en la agencia.