Una historia de la Unidad Investigativa de Género | Centro de Periodismo Investigativo y Todas

Pasaron 37 días desde que su agresor, su expareja, la agarró por el cuello después de entrar a la fuerza a su casa en la comunidad Villa Hugo, en Canóvanas. Ese primer ataque ocurrió cerca de la medianoche del 27 de mayo de 2020, y Mildred Williams Martínez sobrevivió. Tras la agresión, la mujer, de 25 años, hizo lo que el Gobierno espera que una sobreviviente de violencia de género haga: fue al tribunal y solicitó una orden de protección, que un juez le concedió hasta el 3 de junio, e intentó continuar su vida y proveer para sus tres hijos.

Al otro lado, en la misma sala judicial, estaba el hombre que forzó sus manos sobre el cuello de la mujer: Miguel Ángel Carrasquillo Sánchez, entonces de 27 años. El hombre sabía que ahora no podría acercarse o de lo contrario terminaría en la cárcel, que ya no tendría un encuentro cuerpo a cuerpo como aquel día en que intentó ahorcar a Williams Martínez en la intimidad de su hogar.

La agresión del 27 de mayo no había sido la primera. “Él le amarraba con soga los aros de la guagua que ella tenía, se los amarraba con soga al portón para que no saliera de su casa. [Había] un patrón de maltrato”, dijo a la Unidad Investigativa de Género una excompañera de trabajo de Williams Martínez. La joven madre decidió terminar la relación. Su excompañera de trabajo la describió con cariño, destacó su humildad y narró que la guió con paciencia durante sus primeros días de trabajo en un restaurante de comida rápida en Canóvanas. “Siempre le dije: ‘Estudia’”. Le veía potencial.

Al final, no fue a través de las sogas ni de la violencia física que el agresor decidió acabar con cualquier posibilidad de futuro para Mildred Williams Martínez. Cuando la proximidad ya no era opción, el agresor usó un arma de fuego.

Pasaron 37 días desde que la agarró por el cuello. El 3 de julio de 2020, Williams Martínez transitaba por la carretera 188, cuando Carrasquillo Sánchez disparó en dirección al Mitsubishi Mirage verde de 1999 en el que ella iba a su hogar después de una jornada de trabajo. Eran las 12:16 de la madrugada. No tenía licencia, pero había obtenido un arma de fuego.

Entre el 2017 y el 2021, en Puerto Rico, se reportaron 82 feminicidios íntimos, asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. La mayoría, un 59%, fueron perpetrados con un arma de fuego, de acuerdo con un análisis que realizó la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los datos analizados no están centralizados, y provienen del Departamento de Seguridad Pública, la Administración de Tribunales, el Observatorio de Equidad de Género y del informe La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, realizado por Proyecto Matria y Kilómetro Cero, junto a la trabajadora social jubilada Carmen Castelló Ortiz.

La creciente disponibilidad de armas, legales o ilegales, ha contribuido a este tipo de violencia machista letal, concluyeron las organizaciones que han puesto su lupa sobre estos casos, al igual que múltiples estudios en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, México, Argentina, incluyendo las Naciones Unidas, entre otros. Y Puerto Rico presenta una fórmula mortal: un alto tráfico de armas de fuego sumado a una Ley de Armas cada vez más flexible.

Mayor letalidad

Brenda Liz Pérez Bahamonde fue asesinada con al menos siete tiros. En la casa de Nancy Rosario Marín, se encontraron 12 casquillos de proyectil de bala. Daisy Carrión Navarro recibió dos disparos en la cabeza. María Julia Febus Santiago recibió 20 balazos. Con frecuencia, se observan casos en los que el feminicida dispara repetidamente, particularmente a la cabeza de las víctimas.

“Cuando se dispara un arma, las posibilidades de que sea una lesión fatal es mucho más alta que si una persona recibe varias heridas cortopunzantes o si recibe golpes”, explicó Debora Upegui Hernández, analista del Observatorio de Equidad de Género. “Si el método de ataque hubiera sido otro, quizás, no estaríamos hablando de un feminicidio, sino de un intento de feminicidio”, agregó.

Un estudio comparativo de países latinoamericanos reflejó que, el año pasado, Puerto Rico (49%) solo estuvo por debajo de Colombia (52%) en la comisión de feminicidios, no solo de los íntimos, con un arma de fuego, según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios, de MundoSur. La organización destacó que el conflicto armado y los mercados ilícitos de sustancias controladas en el país vecino son elementos que facilitan la disponibilidad de armas de fuego.

En el resto de Latinoamérica sin embargo, “se ve un número a veces más alto de intentos de feminicidios, y creo que eso está relacionado con el método que se utiliza porque allá, en Latinoamérica, hemos visto que el uso de armas de fuego es menor porque la disponibilidad de armas es menor: es más difícil conseguir un arma y tener posesión de armas de fuego”, explicó Upegui Hernández.

Puerto Rico presenta un patrón similar a Estados Unidos, donde un 66% de los feminicidios íntimos en 2019 ocurrieron con armas de fuego, según la organización Everytown for Gun Safety.

Cuando el Gobierno pone el arma de fuego en la mano del feminicida

Al policía José Rivera Velázquez, le devolvieron en enero de 2022 su arma de reglamento, luego que caducara una orden de protección en su contra. Antes de que acabara el mes, usó esa arma para asesinar a Pérez Bahamonde. Rubén Dones Batista obtuvo su licencia de armas cerca de un mes antes de asesinar a Carrrión Navarro con una pistola Glock 9 milímetros, una de las más comunes en Puerto Rico.

En los casos ocurridos con un arma de fuego entre 2017 y 2021, uno de cada tres feminicidas usó un arma para la cual tenía licencia o acceso a ella debido a su trabajo, principalmente como policía, revela el análisis de la Unidad Investigativa de Género.

El 1 de julio de 2020 entró en vigor la nueva Ley de Armas, una medida más laxa que, entre otros cambios, unió en un solo permiso la posesión y la portación, cuando antes era necesario solicitar una licencia para poseer y otra para portar un arma de fuego; eliminó el requisito de presentar referencias de carácter; y quitó la obligación de demostrar que la persona solicitante teme por su seguridad.

Ese mismo año, aumentó en un 74.15% la cantidad de verificaciones de antecedentes penales para la compra de un arma de fuego en Puerto Rico, reflejan datos del Buró de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

Además, en al menos tres de los 18 feminicidios perpetrados con armas de fuego para las cuales el feminicida tenía licencia, existía una denuncia por violencia doméstica. Dos de esos tres feminicidas eran policías. En otro caso, medios reseñaron citando fuentes anónimas, que la víctima, Milagros Ivette Ortiz Alvarado, intentó querellarse, pero “el uniforme” protegía al agresor: el sargento de la Policía de Puerto Rico, Carlos H. Cruz Martínez.

“Obviamente, el sistema los protege. El problema es que, en Puerto Rico, no existen los mecanismos de rendición de cuentas para abordar ese problema interno”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, organización que, desde el 2014, documenta casos de abuso policial. Mari Narváez destacó el “amiguismo y machismo” incrustado en el sistema policial y de justicia como elementos que promueven la “absoluta impunidad” en casos de violencia de género.

Cuando existe una orden de protección, la Ley 54 ordena la suspensión de la licencia y la ocupación de todas las armas, aunque se le devuelven al agresor cuando culmina el periodo de vigencia de la orden. Según la experiencia del teniente Johnny Acevedo Román, director de la Oficina del Registro de Armas en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), en su mayoría, las suspensiones suelen durar entre tres y seis meses. “He visto por un año, pero no son comunes”. Solo en el caso en que el agresor viole los términos de la orden de protección o que resulte convicto, se confisca el arma de forma permanente.

En el caso de los agentes de la Policía, cuya arma es provista por el Gobierno para su trabajo, “se sigue el protocolo de violencia doméstica, que es bien riguroso. A la persona, se le ocupa el arma de fuego y se envía a psicología y a trabajo social. Y a ese agente, hasta que no lo den de alta y esa persona esté bien, no se la vuelven a dar”, explicó Acevedo Román.

Carrasquillo Sánchez asesinó a Williams Martínez con un arma para la que no tenía licencia, pero se desconoce si estaba o no registrada a nombre de otra persona, puesto que la Policía no contestó a la petición de este dato que hizo la Unidad Investigativa de Género. También fue parte del 87% de los casos de feminicidios íntimos perpetrados con armas de fuego en el 2020; el porcentaje más alto entre 2017 y 2021. Ese año comenzó la cuarentena obligatoria debido a la pandemia del COVID-19.

La respuesta del Gobierno: armar a las sobrevivientes

“Si ella tuviera un arma de fuego, podría haberse defendido”, comentó un usuario de Facebook cuando se supo del asesinato de Mildred Williams Martínez. En efecto, esa fue la premisa del Gobierno al aprobar, como parte de la nueva Ley de Armas, una licencia expedita para víctimas de violencia doméstica.

“Esto es muy efectivo porque una dama, cuando haya personas agrediéndola o estén bajo esa situación, ella se puede defender, a ella y a sus hijos”, argumentó el teniente Acevedo Román previo a narrar un caso en el que la víctima se negó a obtener el permiso y, meses después, fue asesinada. “Si ella hubiese tenido un arma de fuego, quizás la cosa hubiera sido diferente. Se hubiese defendido. Como ese caso, te puedo hablar de montones”, dijo, como apenado, en su oficina en el Cuartel General, en Hato Rey.

La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, coincide. “Las armas tienen un propósito y es la protección de cada individuo. Apoyamos todas las iniciativas que incidan en la protección de las víctimas”, dijo en expresiones escritas, y añadió que la solución para erradicar toda manifestación de violencia de género se centra en la educación y la prevención.

Pero lo que se ha convertido en política pública del Gobierno ha sido altamente refutado por decenas de investigaciones alrededor del mundo, desde la mirada internacional de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hasta acercamientos más locales.

“Lo que han mostrado los estudios sobre este tema en Estados Unidos es que la mayoría de las veces son esas mismas armas, las que ellas tienen, las que los agresores utilizan para causarles la muerte. Entonces, no les sirve de autodefensa, se convierte simplemente en un auxiliar, en que le da acceso al agresor a un arma de fuego que puede usar en contra de ella”, explicó Upegui-Hernández, quien también es psicóloga social.

La analista del Observatorio destacó la importancia de mirar la experiencia de otros países al hacer política pública en Puerto Rico.

Williams Martínez iba conduciendo y al teléfono, reseñó Primera Hora. ¿Habría podido apuntar y disparar? Aida Irizarry Torres era teniente de la Policía y fue asesinada por su expareja, Héctor Luis Rosado Arroyo. Él la atacó con un cuchillo. Ella no tuvo tiempo de desenfundar su arma, narró el periodista Miguel Rivera Puig. Tampoco pudo hacerlo la agente Pérez Bahamonde cuando su expareja la atacó con su arma de reglamento.

“Esto no soluciona, no previene la violencia. Esto puede aumentar la violencia”, insistió también la directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, Coraly León Morales. “Para nosotras, es importante plantear soluciones que trastoquen desde lo jurídico-legal hasta lo cultural, y me parece que estas son medidas que son limitadas en su alcance y que no vienen a atender lo que está en la raíz, que es que vivimos en una situación patriarcal”, agregó al invitar a atravesar todos los espacios con perspectiva de género.

El poder de un arma, incluso cuando no es disparada

Llamémosle Marina. Su pareja la maltrataba psicológicamente. Él poseía dos armas de fuego de forma ilegal. Marina experimentaba con frecuencia ataques de pánico y ansiedad, y vivía constantemente en tensión al pensar que él utilizaría alguna de esas armas para acabar con su vida.

Beatriz, que también se llama de otra forma, tiene un arma de fuego registrada, y su agresor también. A veces expresaba miedo por la posibilidad de que su agresor la usara en su contra. Probablemente, muchas otras veces no lo manifestó. Otras tantas decía sentirse confiada de poder defenderse.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ofreció los detalles de estos dos casos a la Unidad Investigativa de Género. Ambas sobrevivientes lograron escapar de sus relaciones tras recibir apoyo de la OPM: un plan de seguridad, plan de escape, gestión de hogar seguro, entre otros servicios y sugerencias.

Cuando se le preguntó a Boria Vizcarrondo si entendía que existía alguna relación entre la disponibilidad y fácil acceso a armas y la violencia contra las mujeres, contestó que no. “A través de los casos de feminicidios, podemos ver que no necesariamente las víctimas de violencia de género han fallecido por un arma de fuego. Existen otros detonantes que inciden en este cruel y triste acto”, argumentó por escrito, pese a que estudios han concluido que la presencia de un arma sí representa un factor de riesgo en estos casos.

En contraste con la opinión de la Procuradora de las Mujeres, a juicio de las propias sobrevivientes citadas por la OPM, la mera presencia de un arma de fuego en el hogar “atenta contra su libertad y seguridad”. Sus experiencias están apoyadas por estudios, desde informes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a cargo de profesores de la Universidad de Harvard, hasta acercamientos más recientes en Argentina.

“Cuando hay armas de fuego en el hogar, y quien las tiene regularmente es la persona agresora, eso es un elemento de intimidación adicional. Sin tener que mediar palabra, es una manera de intimidar y provoca que desistan de buscar ayuda porque eso podría ponerlas en un riesgo inminente”, dijo la directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos.

“Hemos tenido sobrevivientes en cuyos casos no solamente hay un arma, hay múltiples armas, y no necesariamente tiene que haber una amenaza directa de que se va a usar un arma con ellas. Muchas veces, hacer visible el arma, presentar el arma, ponerla en la mesa en medio de una discusión, sin mencionarla, es un disuasivo y es algo que causa mucho terror”, continuó León Morales.

Reclamar la masculinidad con armas de fuego

Los hombres son los causantes de la gran mayoría de los crímenes violentos perpetrados con este tipo de armas y, como consecuencia, son quienes más terminan en la cárcel. También, son quienes más mueren frente a un arma de fuego.

“En general, piensan que el género es una cuestión de las mujeres o de los devenires queers, y que no es un asunto de quienes se identifican como hombres. Y eso yo entiendo que es un error -– y no estoy sola”, dijo la profesora Catherine Marsh Kennerly, del Programa de Estudios de Mujer y Género de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. “La primera víctima del mandato de la masculinidad es el hombre”, agregó al citar a la antropóloga Rita Laura Cegato.

“Obligamos a los niños en particular a divorciarse de su lado emocional; solamente pueden expresar sus emociones a través de la rabia”, reflexionó Coraly León Morales. Esa supresión de las emociones y los pocos canales para manejarlas se suman a otros elementos de las manifestaciones dominantes de la masculinidad, como asumir principalmente el rol de proveer y proteger, imponer respeto, ser autosuficiente y productivo.

“Eso es un rol específico, patriarcal, de que tú eres dueño y señor de todas las personas que están en tu familia, y las tienes que proteger”, dijo Marsh Kennerly.

“Si tú tienes un arma disponible fácilmente, y tienes todas esas cargas, todas esas ideas de lo que es ser hombre, pues tienes eso para abusar, para amenazar, y finalmente para quitarle la vida a quien supuestamente tú dices amar. Y eso está enraizado a que todas las personas en la casa te pertenecen a ti”, añadió la profesora.

En momentos en que se discute una posible flexibilización de la Ley de Armas

Un paquete de enmiendas para flexibilizar la Ley de Armas, contenido en el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 575 y al P. de la C. 382, sigue a la espera de acción. Los cambios propuestos incluyen aumentar de cinco a 15 la cantidad de armas que una persona puede tener sin certificar su custodia de forma segura; permitir que una persona con licencia pueda portar dos armas, en lugar de una; eliminar “condiciones deshonrosas” como fundamento para negar a un agente la licencia de armas; reducir la lista de fundamentos para negar la licencia; reducir multas; reducir las inspecciones de las armerías de seis meses a un año; entre otras.

El presidente, por el Partido Popular Democrático, de la Comisión cameral de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, Luis Ortiz Lugo, defensor de la medida, se mostró confiado en que será aprobada en la Cámara, pero tras un caucus popular, siguen “trabajando unas enmiendas”. El también popular Ramón Luis Cruz Burgos, quien fue presidente de la comisión, afirmó sin embargo que la medida “está en el limbo porque no tiene los votos”.

Cruz Burgos fue quien celebró la única vista pública del proyecto inicial, previo a que el presidente cameral Rafael Hernández Montañez lo destituyera de la comisión por considerar que hizo declaraciones “falsas, difamatorias y sin fundamentos legales” en medio de una pugna por la reconfiguración de la Comisión Conjunta sobre Informaciones Especiales del Contralor. Y Ortiz Lugo dijo que no tiene intención de celebrar más vistas. “Esto ha sido un proceso abierto y, gracias a papito Dios, la gente respondió”.

La comisión tiene disponibles ponencias de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), el Club de Tiro de Arecibo, el Guns Rights and Safety Association of Puerto Rico, del National Rifle Association (NRA) of America Puerto Rico State Association, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Oficina de Servicios Legislativos. Grupos relacionados con este mercado también participaron de la única vista.

La Procuradora de las Mujeres confirmó que no se le solicitó su opinión. Además, tanto el Observatorio de Equidad de Género, como Kilómetro 0 y el Proyecto Matria mostraron evidencia de que enviaron memoriales a la comisión, pero Farrah Rodríguez de la Rosa,

ayudante ejecutiva de Ortiz Lugo, alega que no los tenía y que, por lo tanto, no los habían considerado en su análisis.

“El trámite de esta medida ha sido bien irresponsable”, dijo el representante José Bernardo Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana. El legislador explicó que la medida ha mutado, y que las ponencias y la vista pública celebrada el año pasado responden a una versión distinta del proyecto sustitutivo actual, que fue presentado en marzo de este año. Por ello, insistió en la necesidad de ampliar la discusión, integrar más sectores civiles y públicos, y volver a tocar base con el DSP. “Los consultaron a una versión mucho más limitada de lo que ahora se está pretendiendo aprobar”.

“Combinar altos niveles de violencia comunitaria, altos estresores sociales, con alto acceso a las armas, pues es una combinación terrible”, dijo el representante.

Aunque reconoce que el control de armas no es el único factor para reducir los feminicidios y la violencia de género, el Observatorio de Equidad de Género recomendó en su memorial “una revisión más estricta en los procesos de conceder las licencias sobre portación de armas. Es importante la regulación y reglamentación y que las personas peticionarias deban demostrar la real necesidad de las mismas”. La recomendación coincide con otras organizaciones locales e internacionales.

“Y si me dicen, ‘pero los criminales tienen más armas’, pues yo creo que debemos ir a fiscalizar esas, hay que ir a ver cómo lo controlamos”, argumentó Márquez Reyes.

De unas 22 medidas presentadas este cuatrienio con la palabra “armas” en su título, 13 proponen flexibilizar la Ley de Armas. Siete medidas son resoluciones para investigar temas relacionados con las armas, o no flexibilizan ni restringen el acceso a ellas, y solo dos proyectos proponen mayores controles a la hora de expedir una licencia. Uno de ellos consistía en solicitar una prueba psicológica a las víctimas de violencia doméstica antes de otorgarles la licencia especial, pero no prosperó. Ninguna medida se ha presentado sobre el tráfico de armas.

En el 2020, el año más letal para las mujeres en términos de violencia de género en relaciones íntimas en Puerto Rico, 13 de las 14 armas utilizadas no estaban registradas. La restante fue la que usó Miguel Ángel Carrasquillo Sánchez, para la que la Policía no proveyó datos.

“La mayoría de las armas de fuego recuperadas por las fuerzas del orden no fueron vendidas originalmente en el archipiélago. Solo el 13% de las armas de fuego recuperadas en Puerto Rico fueron vendidas allí (...)”, destaca un informe de Giffords, una organización estadounidense contra la violencia armada.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, en inglés) ha documentado que las armas traficadas provienen principalmente de Florida, Texas, Ohio y Georgia.

El representante Márquez Reyes adujo que muchas de estas armas, aunque son introducidas a Puerto Rico de forma ilegal, son compradas legalmente en Estados Unidos. “Estos cuatro estados tienen leyes de armas sustancialmente más débiles, con lo que los traficantes pueden comprar armas más fácilmente”, ilustra también el informe de Giffords. Es decir, el fácil acceso a las armas en Estados Unidos también tiene un efecto perjudicial en la circulación de armas “ilegales” en Puerto Rico.

Entre las pocas medidas aprobadas recientemente para la prevención de la violencia a través de armas de fuego, se encuentra una amnistía para la recolección de armas no registradas que se aprobó junto a la nueva Ley de Armas en el 2020. Sin embargo, la iniciativa nunca se llevó a cabo.

“Ahí, cayó el COVID y, qué pasa, que se juntó una cosa con la otra y no se ha podido hacer. Y daban 60 días para hacerlo”, dijo el teniente Acevedo Román. Se le preguntó si se planificaba gestionar la entrega voluntaria de armas en otro momento. “No, porque [la ley] daba un término específico”. Los legisladores no han presentado una enmienda a la ley con este fin.

El 13 de julio de 2021, Miguel Ángel Carrasquillo Sánchez fue sentenciado a 26 años de cárcel por asesinar a Mildred Williams Martínez. Como en su caso, en al menos otros once feminicidios íntimos no hay detalles del arma en los informes policiales ni en las denuncias, lo que sugiere que no se ocupó. Y no existe un sistema de recolección de datos que provea luz sobre ello, más allá de los identificados para esta investigación. Tampoco existe un perfil del feminicida.

Aún así, la información disponible “sobre el tipo de arma que se utiliza nos permite hacer ese tipo de recomendaciones sobre qué se podría hacer para trabajar, por ejemplo, en prevención”, dijo Upegui Hernández. “En este caso, llegamos a la conclusión de que para evitar que ocurran feminicidios, [debería haber] más control, limitar el uso y la disponibilidad de armas de fuego principalmente”, añadió.

Prevención desde la comunidad

En el frente comunitario, se han desarrollado iniciativas efectivas de prevención, como el programa Acuerdo de Paz, de Taller Salud, en Loíza, que comenzó en 2011. Se trata de un programa comunitario que “procura organizar y movilizar a la comunidad para erradicar la pobreza, la desigualdad y el racismo estructural. Buscamos promover una cultura de paz, perdón y reconciliación comunitaria que permita mayores oportunidades de desarrollo y transformación para las personas y sus comunidades”.

La organización Giffords destacó que, con este programa, Taller Salud ayudó a reducir sustancialmente la violencia con armas de fuego en Loíza, donde se experimentó una reducción de casi el 80% en el número de homicidios entre 2011 y 2018.

La directora ejecutiva, Tania Rosario Méndez, dijo a la organización estadounidense que “el trabajo de Taller Salud confronta la narrativa existente sobre la identidad del negro y afropuertorriqueño, que criminaliza la pobreza y la negritud, y crea un riesgo para los jóvenes negros”.

“Para nosotros, es fundamental encontrar soluciones a problemas…en el marco de la cultura, la idiosincrasia y la situación en sí misma”, añadió la gerente del programa, Zinnia Alejandro. Según la información disponible, desde el 2013, no se ha reportado ningún feminicidio íntimo en Loíza.

*La periodista Nicole Hsiao Sánchez colaboró en esta historia.

*Si tú o una persona que conoces está en una situación de violencia doméstica, llama al 787-489-0022, que funciona en todo momento, para obtener orientación y ayuda.